Duro revés a Macri: La Justicia habilitó la recolección de firmas para revocar su mandato

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad abrir el procedimiento de entrega de planillas para que puedan juntarse las firmas necesarias para lograr un referéndum sobre la posible revocatoria de mandato del jefe de Gobierno Mauricio Macri.

El pedido de revocatoria está amparado en el artículo 67 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dice que “el electorado tiene derecho a requerir la revocación del mandato de los funcionarios electivos fundándose en causas atinentes a su desempeño, impulsando una iniciativa con la firma del veinte por ciento de los inscriptos en el padrón electoral de la Ciudad o de la Comuna correspondiente”.

Para iniciar formalmente el trámite de la junta de firmas, la Constitución de la Ciudad le da competencia a su Tribunal Superior.

El pedido de habilitación de planillas fue realizado por el ciudadano Roberto Boico, quien como causa de la posible revocatoria de Macri señaló el “mal desempeño en sus funciones por las acciones que originaron su procesamiento en relación a los delitos contemplados en los artículos 153, 248, 293 y 210 del Código Penal”. Esta causal fue aceptada como válida por el Máximo Tribunal porteño para la fórmula que deberá figurar en las planillas de recolección de firmas, según publica el Centro de Información Judicial.

Según lo dispuso el Tribunal, las planillas podrán ser entregadas a partir del 1º de octubre. Asimismo, los jueces establecieron que las planillas “serán entregadas al señor Boico escalonadamente por la Secretaría Judicial en Asuntos Originarios, en el número necesario para reunir hasta 10.000 adhesiones. El nombrado podrá solicitar nuevas planillas cada vez que complete y entregue al Tribunal la mitad de las recibidas”.

Las mismas no podrán duplicarse, consecuentemente sólo se admitirá la recolección de firmas en los formularios originales entregados por el Tribunal.

En la misma resolución, los jueces Ana María Conde y José Casás aclararon en el fallo que “al decidir la apertura de un trámite similar en el expediente ‘Bergenfeld’ del 2 de febrero de 2005, corresponde dejar constancia que, para evitar toda utilización política del procedimiento, se advierte claramente que el Tribunal no se pronuncia aquí, de manera alguna, sobre la certeza, probabilidad o duda acerca de las imputaciones formuladas al jefe de Gobierno y, menos aún, emite un juicio de valor acerca ellas. En sentido estricto, la ‘preparación del trámite’ sólo significa abrir el procedimiento y entregar los documentos que harán posible la adhesión de los electores”.

Según la Constitución porteña, el requirente deberá juntar las firmas del veinte por ciento de los inscriptos en el padrón electoral de la Ciudad. Una vez cumplido ese requisito, el Tribunal Superior deberá comprobar la validez de las firmas y de ser correctas, deberá convocar a referéndum de revocación de mandato dentro de los 90 días, el cual será de participación obligatoria para toda la ciudadanía.

Carta de Médicos de pueblos fumigados a Presidente de la Nación

CARTA a la Sra Presidente de la Nación

Domingo, 29 de agosto de 2010 a las 10:56 A la Presidenta de la Republica Argentina: Dra. Cristina Fernández de Kirchner, a los habitantes de los Pueblos Fumigados de la Argentina, a todo el pueblo argentino:

Los miembros de los equipos de salud de los Pueblos Fumigados de la Argentina, junto con los científicos, investigadores y académicos, convocados por la Facultad de Ciencias Médicas en esta Universidad Nacional de Córdoba; al igual que los estudiantes de la Reforma Universitaria de 1918, nos sentimos en la obligación, nosotros también, de llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Por lo tanto decimos: Que, como los propios habitantes de los Pueblos Fumigados vienen denunciando desde hace varios años, es muy importante la agresión a la salud humana en las poblaciones de las localidades sometidas a fumigaciones constantes en la Argentina, y que la situación se agrava día a día.

Que enfermedades severas como canceres, abortos espontáneos, trastornos de la fertilidad y nacimiento de hijos con malformaciones congénitas se detectan ahora, con mucha mayor frecuencia. Que trastornos respiratorios, endocrinos, neurológicos, hematológicos y psíquicos son también mucho más frecuentes en las poblaciones sistemáticamente fumigadas a consecuencia del actual modelo de producción agroindustrial.

Que esta situación se comenzó a observar con la instrumentación de la práctica agro-productiva que incluye la utilización masiva de plaguicidas químicos.

Que la utilización de plaguicidas no deja de aumentar año a año, y que el aumento de su consumo creció en 14 años casi un 1000 por ciento. Que los habitantes de los pueblos fumigados (12 millones de personas) reciben en forma directa las aspersiones con estos venenos, porque se realizan sobre sus viviendas por vía aérea o en forma terrestre hasta el limite mismo de sus casas y localidades.

Que el fenómeno que observamos se repite inexorablemente en todas las provincias donde se lleva adelante esta practica productiva.

Que los datos de investigaciones, publicados en revistas científicas internacionales arbitradas, en modelos experimentales con diversos plaguicidas, incluyendo glifosato, establecen una fuerte plausibilidad que explicaría la causalidad biológica de las manifestaciones clínicas que observamos en nuestros pacientes.

Que la revisión sistemática de los estudios clínicos y epidemiológicos de observación, bien construidos, genera evidencia que es suficientemente fuerte y consistente para reconocer que la exposición a plaguicidas aumenta el riesgo de afectar la salud humana a través de una amplia gama de situaciones de exposición a poblaciones vulnerables.

Que es urgente avanzar en las restricciones públicas al uso de los plaguicidas, y que dentro de pocos meses, en la presiembra de soja, se comenzara nuevamente a envenenar masivamente las poblaciones de los Pueblos Fumigados de la Argentina.

Que es necesario que se aplique el PRINCIPIO PRECAUTORIO establecido en la Ley General del Ambiente Nº 25.675, Art4º.-, que dice: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.

Por lo que:

Requerimos de la Presidenta de la Nación, del Ministro de Salud y del Ministro del Interior que se proteja la salud y la vida de la población de los Pueblos Fumigados y se PROHIBA inmediatamente las fumigaciones aéreas en todo el territorio nacional, como ya se estableció en la Unión Europea, y se restrinjan las fumigaciones terrestres alejándolas del limite de las plantas urbanos de los pueblos.

Instamos al Congreso de la Nación a que trate y apruebe leyes que prohíban las fumigaciones aéreas en todo el país, se alejen las terrestres de las poblaciones y se consideren a las fumigaciones ilegales delitos que atentan contra la salud y el ambiente.

Convocamos a todas las Facultades de Medicina del país y a todas las Universidades Publicas a acompañarnos en la defensa del derecho a la vida, a la salud y al ambiente sano; a exigir que se tomen las medidas urgentes que reclamamos y; les solicitamos que estimulen programas de investigación y extensión sobre este problema y desarrollen contenidos de salud ambiental en las distintas instancias educativas.

Creemos que además de parar de fumigar, es preciso prohibir también la utilización de cualquier modo de plaguicidas de las clases toxicologicas I y II y poner en cuestionamiento el actual modelo de producción agroindustrial y transgénico y buscar sistemas que permitan la integración social y cultural y la defensa y reproducción de las condiciones ecológicas de nuestro medio ambiente.

Por ultimo, convocamos a todos los miembros de los equipos de salud en general, a los estudiantes, a los vecinos de los pueblos y a todos los que entiendan que en esta democracia necesitamos que se prioricen valores como la salud y el ambiente sobre los intereses económicos y comerciales de grandes empresas y grupos como Monsanto o los pools de siembra, a generar una corriente de opinión en defensa de las salud de los pueblos fumigados y a participar del Foro Argentino de Salud y Ambiente que queda constituido.-

www.renace.net

La sotana que avaló la tortura

Al cura Eugenio Zitelli le llegó, al fin, el tiempo de dar explicaciones ante la justicia federal. Durante tantos años de impunidad, el actual cura párroco de la ciudad de Casilda, nombrado Monseñor por el Arzobispado de Rosario, gozó de la libertad que le otorgó el beneficio de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Zitelli fue señalado como colaborador y partícipe del esquema represivo que operó en el Servicio de Informaciones de Rosario donde se desempeñó como capellán de la policía rosarina durante la última dictadura militar. Organismos de Derechos Humanos lo denunciaron formalmente ante la fiscalía que actúa en la causa Díaz Bessone
Eugenio Zitelli fue Capellán de la policía rosarina durante la última dictadura militar. Se desempeñó en el Servicio de Informaciones de Rosario en tiempos en que operaba la patota del represor Agustín Feced en el mayor centro clandestino de detención que funcionó en la ciudad de Rosario. En el libro escrito por el periodista Carlos Del Frade, “El Rosario de Galtieri”, se detalla que Zitelli “fue denunciado como colaborador de los torturadores y su nombre aparece en el informe de la CONADEP, conocido como “Nunca Más”. Justificó las torturas ante el ex sacerdote Angel Presello al decir que “sin tortura no hay información”. Una de las sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionó en el servicio de informaciones, en la esquina de San Lorenzo y Dorrego, aseguró que “Zitelli se indignaba frente a las denuncias de violaciones, pero ante las demás torturas manifestaba que son un medio para obtener información”.

En el año 1998, Zitelli es nombrado con el cargo de “Monseñor” por el Arzobispado de Rosario. Actualmente, es cura párroco en la ciudad de Casilda, lugar que lo ve cotidianamente mostrarse con la sotana de la impunidad y participar de actos oficiales junto al poder político de la ciudad. El pasado viernes 10 de septiembre organismos de Derechos Humanos presentaron una denuncia ante la Fiscalía en el marco de la causa Díaz Bessone para pedir que se lo investigue en su accionar durante aquellos años.

En la investigación llevada adelante por Carlos del Frade en su libro “El Rosario de Galtieri” se cita la declaración de un suboficial retirado de la policía provincial, quien afirmó que “a principios del 76, cuando me tocó hacer guardia en ese entrepiso que daba a la ochava de San Lorenzo y Dorrego, donde una escalera comunicaba a las piezas donde estaban, por separado, las mujeres y los hombres detenidos, asistí a una sesión de tortura donde él estaba presente".

Juan José Noste es presidente de UMANO (Unidos por la Memoria y Ante el Olvido). En diálogo con enREDando explica que “esta presentación formal es para que se lleve dentro del tribunal un estudio de quien fuera el Capellán de la Unidad Regional II, Eugenio Zitelli. El tenía todas las tareas de un capellán en un cuerpo de fuerza. Accede a ese cargo en el año 1964 y se aleja con el advenimiento de la democracia. A partir del año 84, Zitelli vuelve a Casilda como cura párroco de la iglesia mayor San Pedro Apóstol. Hasta la fecha, es el cura principal de la ciudad. En el año 98, el Arzobispado de Rosario tramitó ante el Vaticano el título de Monseñor.”

Eugenio Zitelli cuenta con la complicidad de una gran parte de la sociedad civil y del poder político. Del Frade afirma: “Su impunidad lo llevó a bendecir los actos centrales por el bicentenario y hasta participó de la misa en la que se recordó a Evita, el pasado 26 de julio, una verdadera provocación para los sobrevivientes de aquella década del setenta que hicieron de la abanderada de los humildes la síntesis revolucionaria de sus vidas.”

“Recién ahora el poder político ha tomado una posición peticionando que se lo juzgue”, explica Noste. “Zitelli ha tenido participación en todos los eventos sociales y políticos. No pudimos lograr que los políticos de Casilda tomaran una posición más crítica.” Al mismo tiempo, también reconoce que la sociedad de la ciudad “ha sido muy receptiva” ante la presencia del cura que habría participado en misas y confesiones en el Servicio de Informaciones de Rosario. “Casilda es católica y muy ortodoxa. Aunque recién ahora, los jóvenes están participando. Hay un cambio de cosmovisión de la realidad.”

Por otra parte, la presentación judicial incluye testimonios de víctimas que reconocen a Zitelli como parte de la maquinaria represiva y declaraciones públicas del propio Zitelli. En este sentido, Noste afirma que “hay un video de él donde describe y relata cómo era el movimiento de las detenidas. Dice que ha tenido momentos de estar con las presas. Ha justificado la tortura pero no la violación. Esto está dicho por él y hay detenidas que lo van a testimoniar. Hemos tenido compañeros que lo han visto en el Servicio de Informaciones. Zitelli era parte del esquema del Servicio de Informaciones”.

Es evidente que durante tantos años de impunidad, Zitelli gozó del acompañamiento y complicidad de gran parte del sector político casildense y es esto, lo que los organismos de Derechos humanos repudian abiertamente. “La condena política y moral se podría haber tomado mucho antes, exigirle que no esté presente en los actos políticos, sin embargo no lo han hecho, por debilidad política, por coincidencia ideológica. Esto es lo que se le pedía al poder político. Una persona que se reconoce como Capellán durante la dictadura no puede ser reconocido.”

La Dra. Luciana Cenci es una de las abogadas que patrocinó el escrito contra Zitelli. “Esta presentación la realizamos con varias organizaciones de derechos humanos y civiles. En ella, ponemos en conocimiento de la fiscalía de la causa Díaz Bessone hechos de incumbencia penal en los que podría haber incurrido el Monseñor Zitelli cuando era Capellán de la policía de Feced en la policía de Rosario”, apunta con claridad la abogada. Y agrega: “Hay víctimas que lo han reconocido y que ya lo han denunciado en la Causa Feced que data del año 1984. En aquel expediente Zitelli estaba citado por las víctimas en sus presentaciones y estaba solicitada la declaración indagatoria de Zitelli por parte de las víctimas, ya en ese entonces. Lo que sucedió es que las leyes de Obediencia de Debida y Punto pusieron precisamente punto final a este proceso que recién se abre a partir de esta causa.”

El propio Agustín Feced cita en su declaración indagatoria a Eugenio Zitelli, “manifestando que fue quien bautizó a una de las hijas de Betanín durante el cautiverio y él mismo lo nombra como Capellán de la policía. Zitelli fue citado a declarar como testigo en una de las causas pero no fue citado a declarar como indagatoria según tengo entendido, porque el mismo proceso de impunidad impidió que así se haga”.

A partir de ahora, se inicia un proceso de investigación judicial del accionar de Eugenio Zitelli de aquella época “con toda la actividad probatoria que los fiscales estimen pertinente realizar y también si lo estiman pertinente la citación a declaración indagatoria por parte del cura Zitelli. Una de las probanzas que nosotros establecimos en este escrito es precisamente una declaración que se le hace en el año 95 en un programa de televisión de Casilda donde él mismo cuenta su accionar en la Jefatura de policía describiendo que había presos comunes y presos especiales, que se entrevista con ellos y que realizaba misas. Allí dice que no justifica la reacción de la dictadura pero que sí se la explica. Zitelli fue una parte más del eslabón. No olvidemos que en este proceso militar había personal civil, y en este caso, un personal que representa uno de los poderes más grandes, que es la Iglesia”.

Por su parte, Norma Ríos de APDH Rosario, repudia la reivindicación que ha tenido Zitelli al ser nombrado con el mote de Monseñor. “Esto demuestra que tiene una cobertura total y absoluta por parte de la Iglesia”. También recuerda aquel escrache que le realizaron en la ciudad de Casilda y una anécdota muy particular que vivió Norma Ríos en el año 1996. “Cuando mi sobrino muere en el año 96, lo asesina un policía de la santafesina para robarle la moto, voy y lo que encuentro al lado de la cama de mi hermana era a Zitelli. Ahí le digo “que hijo de puta, que hacés acá. No te acordás de mí?”. Yo nunca estuve en un centro clandestino. El tipo huyó despavorido. Él sabe que esto es cierto, sino no se hubiese ido.”

De Familiares, enREDando dialogó con Élida Luna, quien se remonta a tiempo antes del golpe militar.“Zitelli trabajaba de cura en Villa Gobernador Gálvez en una capilla donde nosotros decimos que ahí hacía trabajo de inteligencia. Allí tenemos un compañero que es Oscar Medina que está desaparecido y Héctor Medina que tuvo 6 años de cárcel. Él cuenta como ya desde aquella época se perfilaba el perfil de Zitelli haciendo un trabajo de inteligencia sobre los jóvenes.” Para Luna, el accionar de Zitelli pone de manifiesto la posición que ha tenido la Iglesia históricamente. “Si revisamos la historia, la Iglesia ha actuado en todas las dictaduras militares. Y es muy probable que toda la documentación resguardada esté en el Episcopado. No se puede denunciar a Zitelli sin denunciar el rol importantísimo dentro del terrorismo de estado que tuvo la Iglesia.”
Por María Cruz Ciarniello

La ciudad subsidia a colegios que cobran cuotas de hasta $ 1600

Lo indica un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que solicitó un habeas data para que el gobierno porteño ofrezca detalles sobre esa subvención. La medida fue apelada por la administración macrista.
En lugar de especificar el criterio y los detalles acerca de los cuantiosos recursos públicos que se destinan a subvencionar colegios privados, el gobierno porteño apeló una medida de la justicia que obligaba a brindar esa información, por pedido de una ONG. Según informes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y de legisladores de la oposición porteña, en plena crisis de la educación pública, la administración macrista subsidia a escuelas privadas que cobran cuotas de hasta $ 1600 mensuales, con un presupuesto fijo de más de 800 millones de pesos, y que se calcula que superará los 900 millones por incrementos salariales.
En julio de este año, la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Alejandra Petrella, hizo lugar a la acción de habeas data de ACIJ, que ordenó al GCBA proporcionar en quince días, y bajo apercibimiento de recibir sanciones, la información detallada sobre el criterio, los montos y los porcentajes de los aportes entre 2006 y 2010.
Ahora la ONG pidió que se rechace la apelación y se confirme la sentencia, argumentando que el gobierno de la ciudad sólo contestó uno de los tres pedidos y que, en los otros dos, la información es “incompleta, escasa y contradictoria”. Por ejemplo, no hay datos sobre los montos de los aranceles, ni sobre los valores absolutos de los subsidios que recibe cada instituto, así como tampoco si fueron autorizadas cuotas extraordinarias para mantenimiento. También aseguran que en la página Web faltan datos de los años 2006, 2007 y 2008 y que en los cuadros correspondientes a 2009 hay graves contradicciones, como el hecho de que 130 instituciones educativas figuran con distintos aranceles, a pesar de que no varía ni el nivel educativo ni la modalidad.
El legislador del Encuentro Popular para la Victoria, Francisco “Tito” Nenna, vicepresidente de la Comisión de Educación de la Legislatura, advirtió en un informe que los colegios que más subsidios reciben son aquellos que cobran cuotas de alto valor, como “el San Columba, con un arancel de $ 648,52 para la escuela media, el Instituto Summa, con un arancel para primaria de $ 733,91; Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo arancel informado es de $ 1189,80 para la escuela media y de $ 1094 para la primaria”. También señaló que la distribución de dinero es mayor en los distritos de clase media y alta ($ 14.956.236,17) y muy inferior en aquellos de clases medias y bajas ($ 6.610.120,78).
A su vez, el informe de ACIJ compara el porcentaje de subsidios destinado a la masa salarial docente, con la cuota que cobra cada institución. Por ejemplo, el colegio La Salette recibe un subsidio del 100% y cobra un arancel de $ 345,20, y el colegio Mekhitarista percibe un monto del 60% y su cuota alcanza los $ 1616.
Antes de llegar a la justicia, la ONG había hecho dos pedidos de informes a la Dirección General de Educación de Gestión Privada amparados en la Ley 104, pero no hubo respuesta.
Tanto el artículo 65 de la Ley de Educación Nacional como el artículo 25 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires determinan que la contribución estatal destinada a salarios docentes debe estar basada en criterios objetivos de justicia social y dando preferencia a las instituciones que reciben alumnos de menores recursos. Sin embargo, ACIJ estableció que sólo el 50% de los cuantiosos recursos se destinan a escuelas con aranceles más bajos.
Las conclusiones de la ONG son elocuentes: “Parte del aporte estatal destinado a educación de gestión privada contribuye a profundizar desigualdades educativas entre los sectores más pobres y ricos de la ciudad”, porque el presupuesto que se destina a esas escuelas con altas cuotas “se sustrae de la educación de gestión estatal, a la que asisten los alumnos que padecen peores condiciones de acceso a la educación”.
Por Lucia Alvarez

1,3 millones de hondureños firmaron en apoyo de la Constituyente para el retorno de Zelaya

El ex presidente hondureño Manuel Zelaya dijo hoy (17/09) en Managua que las 1,3 millones de firmas de apoyo a una Asamblea Constituyente recolectadas por sus seguidores en Honduras son un "llamado elocuente del pueblo" para que las autoridades permitan su retorno al país.

El ex presidente hondureño Manuel Zelaya dijo hoy (17/09) en Managua que las 1,3 millones de firmas de apoyo a una Asamblea Constituyente recolectadas por sus seguidores en Honduras son un "llamado elocuente del pueblo" para que las autoridades permitan su retorno al país.

"Esas firmas son un llamado elocuente del pueblo", celebró Zelaya en una rueda de prensa en Managua, en donde recibió el respaldo del jefe de Estado de Nicaragua, Daniel Ortega, para asumir un escaño de diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

"Más de 1,3 millones de firmas es más claro que cualquier tipo de manifestación de que el pueblo quiere la restauración del orden democrático y el retorno de los exiliados, de los desterrados de nuestro país simplemente por problemas políticos", continuó.
El derrocado ex mandatario demandó al Gobierno del presidente hondureño, Porfirio Lobo, resolver su retorno pacífico para poder ejercer sus derechos políticos y ser interlocutor de la oposición "en pro de la búsqueda de las soluciones a las crisis estructurales históricas del país".

El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que apoya a Zelaya, recolectó 1.342.876 firmas en toda Honduras en los últimos cinco meses, según anunciaron hoy sus dirigentes en una rueda de prensa en Tegucigalpa.

Sin embargo, "no vamos a presentar firmas a ningún poder del Estado" para pedirle que se convoque a la Constituyente, sino que consultará con los miembros los pasos a seguir, señaló a Efe en la capital hondureña el coordinador del Frente, Juan Barahona.

Las firmas se recogieron entre los pasados 20 de abril y 15 de septiembre, según un comunicado del FNRP.

Granuja:Pepe Eliaschev

El Periodista Pepe Eliaschev no para de recibir cachetadas por sus intervenciones derechosas. La última bofetada se la aplicó el jefe de la Autoridad Federal de Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ex Comfer), Gabriel Mariotto, que dejó expuesta la pobreza de argumentos del "Pepe" cuando debe abandonar sus machetes editoriales y confrontar con un interlocutor que no se deja enredar con sus falsos conceptos semiológicos.
Lo que no sabíamos es que en 1990 Jorge Guinzburg ya lo había sopapeado puntillosamente y lujosamente con una carta de lectores. ¡Hace veinte años! el gran Jorgito desnudaba a este "periodista" y lo calaba tal como lo que era.
Esta Carta de Lectores la escribió Jorge Guinzburg el 15 de marzo de 1990. Pepe Eliaschev, director en ese entonces de Radio Municipal, había declarado a Página/12 que no había levantado el programa "El día menos pensado" que Guinzburg tenía en la emisora, sino que Guinzburg se había ido por propia voluntad porque "está muy ocupado, dictando una cátedra en una escuela de periodismo que dirigen algunos columnistas de "El Informador Público". Esta fue la respuesta de Guinzburg:

Querido Pepe Eliaschev:

Me alegró mucho leer en Página/12 que La Muni, un proyecto del que formé parte, había alcanzado el éxito que alguna vez soñamos, pero me sorprendió aún más descubrir los motivos que diste sobre mi alejamiento. No estoy en ningún taller de periodismo con gente de El Informador y un comunicador como vos no puede comprar carne podrida, me extraña.
Además, sabés muy bien que los motivos de mi alejamiento fueron otros. Recordarás que prometimos no hablar de eso, ni agredirnos, a pesar de la indignante carta que me dejaste mientras gozabas de tus vacaciones. Hacé memoria: una de tus acusaciones era la de haber dejado el programa acéfalo. Por eso en la reunión que tuvimos a tu regreso, cuando decidí no continuar, tuve que recordarte la cantidad de periodistas que recomendé y vos bochaste.
De Carlitos Campolongo sugeriste que era un petardista, a Marcelo Zlotogwiazda no lo querías porque era columnista tuyo en Splendid y te creaba un problema en la interna, Jorge Ezequiel Sánchez te pareció muy radical, Alfredo Leuco te había hecho un desplante, lo mismo Carlos Ulanovsky, otros eran demasiado renovadores y así hasta el infinito.
Recordarás también esa reunión en la que le prohibiste a Aquiles Fabregat hacer micrófono en mi ausencia. Yo me acuerdo. Como también recuerdo que Horacio Salas coincidió conmigo en que la carta que me regalaste era vergonzosa. Por eso te pediría que al menos no faltes a la verdad, porque de lo contrario voy a tener que coincidir con un amigo que alguna vez dijo que viéndote la cara uno se da cuenta de que sos un granuja. Con el cariño de siempre.


Jorge Guinzburg

Chile conmemora su Bicentenario enfrentando retos postergados

Chile dio los primeros pasos hacia su autodeterminación hace 200 años; hoy, la distensión de las relaciones entre el Estado y el pueblo mapuche parece ser el desafío más grande que el país suramericano debe enfrentar.
La dictadura militar de Augusto Pinochet dejó una huella tan profunda en el imaginario colectivo internacional que la historia de Chile previa al golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende terminó cayendo en el olvido. Como si, entre el 18 de septiembre de 1810 –fecha en que el país suramericano dio los primeros pasos hacia su autodeterminación con la formación de su primera Junta de Gobierno– y el 11 de septiembre de 1973, su alargado territorio hubiera estado inhabitado; como si Allende y Pinochet hubieran salido de la nada.

Chile antes de Allende

La democracia se consolidó en Chile entre 1932 y 1973 a pesar de sus serias limitaciones. Cuando a las mujeres, los trabajadores del campo, los analfabetas y los indígenas se les otorgó el derecho al sufragio en los años setenta, se acentuó la polarización política que ya venía creciendo desde la década de los cuarenta por la estagnación que afligía a la economía nacional y la reducción de las posibilidades de distribución de la riqueza. Esa polarización política fue la que propició el ascenso de Salvador Allende a la presidencia de Chile.

Paralelamente a todos estos acontecimientos, la inmigración europea promovida por el Estado chileno tras declarar su independencia de España y la marginación de los habitantes originarios –práctica sistemática heredada de la Colonia– tuvieron un impacto tan grande sobre el tejido demográfico del país que los pueblos indígenas quedaron reducidos a una minoría empobrecida cuya voz apenas se escucha cuando clama por que se reconozcan y respeten sus derechos patrimoniales. De esa impotencia deriva la violencia que hoy amenaza a Chile.

El desafío más grande de Chile

Los aimara, los atacameños, los quechua, los rapa nui, los kolla, los alacalufe, los yámana, los diaguita y los mapuche no parecen haber sido aceptados del todo como chilenos. Han sido combatidos por los conquistadores europeos –el pueblo picunche se da por desaparecido–, ninguneados por el Chile blanco y mestizo desde el siglo XIX , expulsados de sus tierras por el régimen pinochetista y, aunque rescatados del olvido por el auge del indigenismo como movimiento político, tratados con poca diplomacia desde 1990.

En su artículo Chile tras veinte años de Concertación, la politóloga especializada en América Latina e investigadora de la Fundación Ciencia y Política de Berlín (SWP), Claudia Zilla, enfatiza que el país sólo podrá consolidar su posición de democracia ejemplar en el continente americano si consigue reducir las desigualdades socioeconómicas que lo aquejan, una vez superados los escollos que trajeron consigo la crisis financiera global y el terremoto de febrero. Pero la distensión de las relaciones entre el Estado y el pueblo mapuche parece ser el reto más exigente que Chile tiene en sus manos al cumplir sus primeros 200 años.

Un Estado con cuentas pendientes

“En el enfrentamiento con los mapuche hay mayor potencial de conflicto que en la clásica lucha de clases socioeconómicas; la desigualad social se deja resolver mucho más fácilmente que las tensiones entre el Estado y los mapuche”, asegura Detlef Nolte, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos del GIGA, en Hamburgo, agregando que, aunque es verdad que hay grandes desbalances en la distribución de la riqueza nacional, los estratos más pobres de Chile tienen un poder adquisitivo mucho mayor que hace veinte años.

“Su discordia con los mapuche es uno de los grandes problemas irresueltos del Estado chileno, que todavía no ha encontrado una manera de abordar el tema de sus derechos que sea satisfactoria para ambas partes”, explica Nolte y sigue: “Los mapuche han sido discriminados desde la época de la Independencia, sobre todo durante la dictadura militar, cuando fueron expropiados de sus territorios, pero también después de ella: en sus tierras se han construido centrales hidroeléctricas y de sus bosques se saca un gran provecho económico”.

La herencia de Sebastián Piñera

“Los mapuches no están dispuestos a hacer concesiones de cara al Estado chileno y éste no está en capacidad de darle a los mapuches la autonomía que ellos aspiran tener; por eso hay tan poco espacio para la negociación entre ellos”, dice por su parte Peter Imbusch, profesor de Sociología en la Universidad de Wuppertal, autor de monografías dedicadas a la política de los países latinoamericanos y co-editor del libro Chile heute (Chile hoy) junto a Nolte. En su opinión, los mapuche no son ignorados, sino percibidos como un auténtico estorbo.
Según Imbusch, esta situación cambió muy poco durante los Gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, la alianza de partidos de centro izquierda que aglutinaron a la oposición de Pinochet y que estuvo en el poder desde 1990 hasta marzo de 2010, cuando Sebastián Piñera asumió la presidencia en representación de la Coalición por el Cambio, una alianza de centro derecha. “Ahora que hay un nuevo mandatario cabe aspirar a que él tome la iniciativa de acercarse a los mapuche”, señala el catedrático de la alma máter de Wuppertal.
Salida negociada o violencia asegurada

“En el sur de Chile, donde viven los mapuche, este conflicto interno puede volverse virulento en el curso de los próximos años. Y es que, así como hay sectores de la población indígena que se han radicalizado y están dispuestos a enfrentarse al Estado usando la violencia, el Estado chileno se ampara bajo una legislación que data de la época de la dictadura militar para reprimir las protestas de los mapuche; el Estado chileno se percibe a sí mismo como una entidad unitaria que no puede aceptar las exigencias particularistas de los mapuche”, sostiene Nolte.

Amnistía Internacional ha denunciado las múltiples formas de discriminación de las que son víctimas los mapuche condenados por su presunta participación en la ocupación ilegal de tierras o la destrucción de instalaciones pertenecientes a empresas agrícolas y forestales en La Araucanía, asiento de varios pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles. No hay garantía de que sus juicios sean justos, ellos son objeto de procesos tanto en tribunales civiles como militares –hecho que, por sí solo, alarma a las organizaciones de derechos humanos en el mundo–, y se les sigue aplicando la poco transparente Ley Antiterrorista.

Chile bajo escrutinio

Los agentes de seguridad hacen uso excesivo de la fuerza al dispersar las manifestaciones de los mapuche y también durante la investigación y detención de personas imputadas. Ya en 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo reconocer que el Estado chileno tenía la responsabilidad de hacer frente a los actos delictivos y mantener el orden público, pero resaltó que estas tareas debían desempeñarse “respetando todos los derechos garantizados por la Constitución e instrumentos internacionales”.

Imbusch advierte que sea cual sea el signo político de los Gobiernos chilenos por venir, ninguno podrá seguirse dando el lujo de mantener una actitud intransigente en esta materia: “Los mapuche han adquirido una gran relevancia y mucha fuerza gracias al valor que se le ha dado a los grupos étnicos originarios del mundo en los últimos lustros. Eso significa que hay una opinión pública de escala internacional que estará prestando atención a lo que el Estado chileno haga para integrar a los mapuches al tejido social de la nación. Y lo que ha hecho hasta ahora en ese sentido deja mucho que desear”.