El caso de los policías en actividad que encubrían a apropiadores de menores es la punta del ovillo de una vasta organización que opera entre la superficie y la clandestinidad. Con el anuncio del último nieto recuperado, Estela de Carlotto denunció al subcomisario Carlos Garaventa por haber entorpecido en su momento la investigación al alterar las muestras genéticas. Esa denuncia, efectuada el 23 de agosto ante el Ministerio de Justicia, puso al descubierto una red destinada a encubrir apropiadores de bebés, la cual involucra a efectivos de la División Operaciones de Seguridad Interior de la Policía Federal. Tal elenco también habría malogrado las pruebas genéticas de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble y otros nueve casos más. Ello supone la existencia de una estructura aún mayor al servicio del desvío de pesquisas sobre delitos de lesa humanidad. Hechos tales como la desaparición de Julio López, el extraño suicidio del ex prefecto Héctor Febres en su lugar de detención, el asesinato de Silvia Suppo, quien fuera testigo del juicio contra el ex juez Víctor Brusa, junto a muchos otros testigos amenazados o secuestrados por horas, son los datos más extremos de semejante accionar. A ello se le suman operaciones psicológicas de diversa envergadura, además de un armado clandestino para financiar, alertar y proporcionar cobijo a los camaradas prófugos. Una fuente vinculada al mundillo de los militares retirados señaló a Miradas al Sur que la punta del ovillo estaría en algunas agencias de seguridad privadas vinculadas a viejos hacedores del terrorismo de Estado. Algunos hechos, personajes y circunstancias parecen darle la razón.
A puerta blindada. “Con esos muchachos tengo una amistad de 20 años, doctor.” Esa frase acababa de salir de la boca del entonces intendente de Escobar y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Luis Abelardo Patti. El doctor era Claudio Bonadío, a cargo del Juzgado Federal Nº 11. Y “los muchachos”, dos represores del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército: Jorge Granada y Luis Jorge Aras Duval. Ambos pudieron permanecer prófugos durante más de un año gracias a la cobertura y el financiamiento del ex subcomisario. Ahora, en la tarde del 26 de agosto de 2003, el magistrado lo indagaba por el delito de encubrimiento. En su momento, el asunto pasó como un caso aislado de ayuda a compinches en desgracia. Pero ciertas circunstancias que recién en estos días empiezan a trascender indicarían que ello no fue así.
Al menos, eso puntualizó el hombre que dialoga con Miradas al Sur en una mesa al fondo del salón de Los 36 Billares. Y agregó:
–Patti, en esa época, iba seguido a la oficina de la calle Florida.
El tipo parece saber de lo que habla; se trata de un ex suboficial del Ejército que supo mitigar el ostracismo de su exoneración con changas en la agencia de seguridad Scanner SA., cuyas oficinas justamente están en el quinto y sexto piso del edificio de Florida 868. Esa empresa fue fundada en 1998 por el ex teniente coronel Héctor Schwab, hoy prófugo de la Justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos en Tucumán bajo las órdenes de Antonio Bussi.
El suboficial no tiene empacho de nombrar a otros frecuentes contertulios de su antiguo empleador: los carapintadas Emilio Nani y Gustavo Breide Obeid; también se reunía con ellos el general retirado Juan Miguel Giuliano y el coronel (por entonces, en actividad) Andrés Fernández Cendoya, hijo de un militar muerto en un atentado cometido en 1976 por Montoneros.
Con todos ellos, Schwab organizó la denominada Unión de Promociones, una organización integrada por efectivos retirados de las Fuerzas Armadas para reivindicar el terrorismo de Estado y oponerse a las cúpulas castrenses actuales, las que –de acuerdo con su óptica– son cómplices de los juicios contra sus camaradas. La fundación de dicha cofradía coincidió con el arresto de 45 represores por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral por pedido de su par español Baltasar Garzón.
Ya se sabe que el ex comisario Patti también tenía un estrecho vínculo con Schwab, junto a su suegra, la diputada Nélida Mansur, del Partido Unidad Federalista (Paufe). Poco después empezarían a dejarse ver en las oficinas de la calle Florida un joven militar en actividad y su simpática esposa: el mayor Rafael Mercado y Cecilia Pando. Lo cierto es que el dueño de casa tenía grandes planes para ellos.
Allí se planificó la instalación de ella en el star system de la ultraderecha procesista, a través de la ya famosa carta publicada en el correo de lectores del diario La Nación, en defensa del obispo castrense, Antonio Baseotto, quien había sugerido tirar al mar al ministro de Salud, Ginés González García. La repercusión de esa misiva –según el hombre que habló con este dominical– contemplaba la posible expulsión de Mercado del Ejército –lo cual, efectivamente, sucedió–, ante lo cual Schwab le había prometido de antemano un puesto ejecutivo en su agencia, además de un lugar de residencia para su familia.
En realidad, la actual líder de la autodenominada Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (Afyappa) fue una criatura minuciosamente diseñada por los represores y sus aliados para canalizar sus reclamos públicos. Pero, desde luego, también contarían con otros recursos menos visibles.
Las patas de la serpiente. Ciertas agencias de seguridad privada suelen ser las bases desde las que los antiguos represores articulan sus operaciones, tanto legales como encubiertas, para enfrentar los embates del presente.
A modo de muestra el nombre de la agencia Bridees –que proveía protección a las empresas del Grupo Yabrán– era en realidad un apócope de “Brigadas de la Esma”. Lo cierto es que los ejemplos abundan. Por caso, el ex coronel Aldo Álvarez, prófugo de la Justicia por crímenes cometidos en Bahía Blanca, encabezó la agencia Alsina SRL, prestadora de servicios a bancos, countries y edificios. El ex capitán Hugo Espeche, preso por su participación en la Masacre de Las Palomitas, es socio mayoritario de Espe SRL, contratada por una petrolera en Chubut. El ex coronel del Batallón 601 Víctor Gallo regenteaba la agencia Lince, famosa por su publicidad en Radio Continental. Y el coronel retirado Rodolfo Solís, tambíen del Batallón 601, fue directivo de la consultora de seguridad Lyons SRL, una pyme en la que también se reciclaron otros ex represores como Alberto José Jaime y Ezequiel Causada. Entre sus mejores empleados, figuraba nada menos que el hoy afamado espía Ciro James.
Lo cierto es que Solís es una importante pieza del engranaje articulado desde la sombra por los represores, ya que es el principal asesor castrense del sindicalista Jerónimo Momo Venegas, y por ende, de su mandante, Eduardo Duhalde. El Chino –tal como sus camaradas llaman a Solís– es además el nexo entre el ex presidente interino y familiares de presos por delitos de lesa humanidad. En resumidas cuentas, este frente tiene la ardua misión de cultivar en ciertos espacios de la política un freno a los juicios por delitos de lesa humanidad.
No es ajena a dicha tarea la pata eclesiástica de dicho club. Uno de sus referentes más activos es nada menos que Basseotto. Otro, el cura ultranacionalista Aníbal Fosbery, quien dirige la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta), la cual controla decenas de colegios en todo el país y, además una universidad que cuenta con sedes en Mar del Plata y Bariloche. Dicen que esa organización suele aportar financiamiento, consuelo espiritual y hasta techo a los ex uniformados en apuros. Lo cierto es que su titular posee una estrecha relación con algunos sectores castrenses. Tanto es así que mantiene un fluido nexo con el general retirado Daniel Reimundes, mano derecha del extinto jefe del Ejército Ricardo Brinzoni, autor intelectual de la repolitización de las Fuerzas Armadas.
No menor es el papel que juegan algunos estudios jurídicos. Sus cabezas visibles, además de proveer asesoramiento legal a militares y civiles acusados por haber ejercido la represión ilegal, también se encargan de gestionar todo tipo de beneficios para ellos en los escarpados pasillos del Poder Judicial.
Por caso, entre los abogados del estudio de Roberto Durrieu, quien fue nada menos que ministro de Justicia de Videla, figura el doctor Hernán Munilla Lacasa, que a la sazón es el hermano de Marcelo Munilla Lacasa, un fiscal que, casualmente, tramitó con tolerancia extrema y guantes de seda una causa por extorsión que tuvo como principal acusado nada menos que al ya mencionado Schwab.
Lo cierto es que los abogados vienen marchando. No todos, pero sí un grupo más o menos numeroso que se juntó hace seis meses para hacer algo por los “presos políticos”, ese eufemismo con el que llaman a los militares detenidos por crímenes cometidos durante la última dictadura.
La génesis de la red de leguleyos sucedió hace casi dos años, en el verano de 2009. Se juntaron primero 20, que pronto se multiplicaron por diez. En agosto último dijeron todos para uno, uno para todos, y parieron la asociación. De Abogados por la Concordia y la Justicia, la bautizaron. Concordia, una palabra de moda entre los seguidores de las dos pe: pandistas y procesistas. Cinco meses después, ya son 300. Con un férreo compromiso por la defensa y el apoyo a los reos de las fuerzas armadas y de seguridad.
El objetivo de la ONG es, dicen, “bregar por la vigencia irrestricta del estado de derecho, fomentar y difundir el conocimiento de las ciencias jurídicas y sociales y contribuir al perfeccionamiento de la legislación y de los procesos judiciales”. Y buscar la “pacificación nacional”, esas palabras que lo que en verdad buscan decir es: amnistía a los criminales de la dictadura. Diego Guelar, al menos, no dio tantas vueltas al pedir un perdón para los militares. La gacetilla que dio cuenta del nacimiento de la asociación asegura: “Con auspicio de la fuerte presión ideológica del Gobierno, se ha conseguido forjar en los tribunales una visión asimétrica, falsa y unilateral, de lo ocurrido en el país hace treinta años, inmolándose los principios jurídicos más básicos de las sociedades civilizadas”. Como consecuencia de ello –argumentan– cientos de sus camaradas son “sometidos a procesos viciados, en condiciones vejatorias, algunos con años de encierro y sin condena”. En este “momento oscuro que vive la Patria” se proponen levantar –sostienen– las banderas de la “concordia y la reconciliación”. Dos palabras que repiten mucho, en sus escritos y cuando hablan.
A comienzos del 2009, el teniente coronel Schwab tuvo que alejarse de los sitios que solía frecuentar en razón de un pequeño traspié: la citación por parte del tribunal tucumano que investiga la desaparición en 1977 del empleado municipal Carlos Rocha. Desde entonces es uno de los 17 militares prófugos que la Justicia busca denodadamente.
Sin embargo, su paradero no es un misterio. Se sabe que Schwab logró huir a Miami apenas supo que había una orden de detención en su contra. Schwab fue citado dos veces a declaración indagatoria y nunca se presentó. Desde las costas de La Florida, donde permanece prófugo, el Pigmalión de la lobbista castrense Cecilia Pando se desespera por departir con sus antiguos camaradas que lo visitan en su paso por la península.
Sus camaradas y los jueces lo añoran.
Por Ricardo Ragendorfer
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