Se trata de Oscar Gallino, el general de Brigada que ostentaba poder de mando sobre los centros clandestinos de detención. Los diarios reconocen, además, que no hicieron “un solo paso” sin la aprobación previa de los militares.
La editorial fue publicada en simultáneo por Clarín, La Nación y La Razón, en sus respectivas tapas, el 19 de mayo de 1977. Se dirige “A la opinión pública”. Pero recién ahora, 33 años después, puede comprenderse en toda su dimensión. Según reconocen allí los propios directivos, fue con el general de Brigada del Ejército Oscar Bartolomé Gallino con quien acordaron dónde y cómo tenían que depositar el dinero que debían pagar por Papel Prensa. “El precio pagado por la transferencia accionaria se halla debidamente preservado mediante su depósito, por indicación del oficial superior preventor, general Osvaldo Bartolomé Gallino (sic), a disposición de tres jueces, correspondiendo resolver sobre su destino definitivo a la autoridad competente”, detallaron.
El documento, que pasó inadvertido durante décadas, se convierte hoy en una prueba más de la alianza que existió entre las tres armas y los tres diarios para apropiarse de la empresa del grupo económico Graiver. Una prueba más sobre la mentira instalada por los tres diarios, al decir que fue “un acuerdo entre privados, hecho a la luz pública”, ya que de haber sido así el dinero hubiera llegado a sus vendedores y no a la justicia, por orden de un represor y con el aval de una Junta Militar.
El general de Brigada del Ejército Oscar Bartolomé Gallino cumplió con un rol clave en el terrorismo de Estado. Según determinó la justicia de la democracia, fue uno de los generales que elaboró la Doctrina de Guerra a emplear por la dictadura, “proceso que se realiza en los últimos meses del año 1975”, según declaró el inspector de la Policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández, ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos. “Lo que revela la importancia (de Gallino) en la estructura represiva y su nivel de contactos con los jerarcas de la dictadura”, consideró el fiscal federal Sergio Franco, designado para actuar en procesos por violaciones a los Derechos Humanos.
Todos los Graiver y los empleados del grupo económico, como Silvia Fanjul y Jorge Rubinstein, padecieron los designios del hombre vinculado con los diarios. Para la justicia quedó acreditado que Gallino “ostentaba el poder de mando sobre los represores de cada uno de los centros clandestinos de detención a los que concurría y procedía a interrogar a las personas que habían sido vejadas y torturadas, en virtud del alto cargo jerárquico que ostentaba”.
Gallino es el mismo que se reunía con los directores de los tres diarios Clarín, La Nación y La Razón, es decir Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Patricio Peralta Ramos, de acuerdo con los documentos firmados por el propio Gallino, el 7 y el 9 de abril de 1977, revelados por este diario y de acuerdo con el Boletín Oficial de la época. En esos documentos, el oficial preventor explicó que los directores concurrían a verlo “con motivo de la adquisición de Papel Prensa” y para “producir sendos informes”, para que luego preparara los interrogatorios para ser tomados el 11 de abril a Lidia Papaleo, precisamente sobre Papel Prensa, según determinó este mismo diario, al revelar el documento en el que se replica el interrogatorio.
Es que desde el 6 de abril de 1977 Gallino se había convertido en el mandamás sobre los Graiver, por orden de Jorge Rafael Videla. El represor le había ordenado que se subordinara al comandante del Primer Cuerpo de Ejército, general Carlos Guillermo Suárez Mason, para “hacerse cargo de la prevención” y seguir adelante con el trabajo sucio que había iniciado Ramón Camps, el nefasto jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Y lo hizo yendo al día siguiente, el 7 de abril, al Pozo de Banfield, para que los secuestrados, entre ellos Lidia Papaleo, ratificaran las declaraciones arrancadas bajo tortura. Hecho que, naturalmente, hicieron las víctimas con los rastros de la picana a flor de piel.
Gallino no era el único represor que se reunía con Magnetto, Mitre y Peralta Ramos. En la biografía autorizada del propio Magnetto, El hombre de Clarín, su autor, José Ignacio López (quien como muestra la foto conoció a Gallino y hoy es vocero de La Nación en el tema Papel Prensa), relata con una claridad que espanta que “Camps solía convocar a directivos de los medios nacionales a su despacho en La Plata. Patricio (Peralta Ramos) era uno de los concurrentes. Aún hoy no se explica por qué lo tenía de candidato: quería pedirle opinión sobre cuestiones políticas del momento” (pág. 113).
En cuanto al propio Magnetto, asegura que luego de una serie de rumores que llegaron al diario señalando que “en los mandos medios del Ejército había un clima adverso a Papel Prensa”, fue Magnetto el que “logró una reunión en el Edificio Libertador con un nutrido grupo de oficiales del Ejército y durante dos horas reseñó la iniciativa y respondió, una por una, las objeciones que se le hacían. Casi sobreactuó para tocar la fibra nacionalista de los uniformados pero siempre creyó que ese encuentro sirvió para apuntalar a los sectores del gobierno militar que defendían Papel Prensa” (pág. 114-115). Mientras Magnetto le reclamaba a los militares el cumplimiento de sus supuestos derechos sobre Papel Prensa, los propios militares estrujaban y sepultaban todos los derechos de Papaleo, los Graiver y sus empleados.
Es que los vínculos de los directivos de Clarín, La Nación y La Razón estaban y siguieron estando durante toda la dictadura lo suficientemente aceitados. Otra prueba de ello figura en el libro El último de facto, donde el dictador Reynaldo Bignone los recordó como sus “contactos”.
“Mantuve buenos contactos con los responsables de medios como los Peralta Ramos, los Laíño (padre e hijo), Carlos Magnetto (sic) y los Mitre (padre e hijo)”, especifica Bignone (pág.70), (ver nota p. 4).
Volviendo a la solicitada publicada por Clarín, La Nación y La Razón, tras explicar que con “la conformidad de la Junta de Comandantes” (es decir Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti) lograron adquirir las acciones clase A de Papel Prensa, se aclara otro punto fundamental: “los tres diarios no han hecho un solo pago ni han dado un solo paso que no fuera con el conocimiento y aprobación previos por parte de las autoridades militares intervinientes”. Es decir, que mientras los Graiver eran torturados y permanecían secuestrados en centros clandestinos de detención, los directivos de los tres diarios negociaban con los represores dónde y cómo pagar y qué pasos seguir para apropiarse de Papel Prensa, la empresa que pertenecía a las víctimas de la dictadura, silenciada por los diarios.
Cuando la Unidad Fiscal para actuar en los procesos por violaciones a los Derechos Humanos se refirió a Gallino, en abril de 2008, concluyó que el general debía responder judicialmente “por el poder de hecho que tenía y la libertad con la que desplegaba su accionar sobre las personas secuestradas y torturadas (…) y por el homicidio calificado de Jorge Daniel Rubinstein (la mano derecha de David Graiver, quien falleció de un paro cardíaco en medio de una sesión de tortura)”. Pero Gallino nunca respondió. Murió antes, el 14 de noviembre de 2007. También falleció Patricio Peralta Ramos, el 14 de septiembre pasado. Y Massera, el 8 de noviembre también de 2010.
Pero Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera de Noble, imputados en la causa judicial como partícipes necesarios de la comisión de delitos de lesa humanidad aún pueden relatar su versión de la historia (ver recuadro). Aunque es cierto que ya lo hicieron en las solicitadas, como en la desmenuzada en esta nota, en la que aseguran haber concretado el negociado en nombre de la libertad de expresión: “Con el consentimiento previo y posterior del Estado –escribieron–, a través de la más alta expresión de su voluntad, que consta en acta de la Junta Militar, preservando un proyecto de interés nacional y resguardando el abastecimiento para todos los diarios de su principal insumo, en defensa de la libertad de prensa y respetando uno de los soportes de nuestro estilo de vida (…) este anuncio fue públicamente saludado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).”
Además del vínculo con Gallino, con “las autoridades militares intervinientes”, con el temido Ramón Camps, con José Martínez de Hoz y con Reynaldo Bignone, el diario Clarín contaba con el ex secretario de redacción Reinaldo Bandini, quien reconoció en una carta documento que, desde el diario, oficiaba de enlace con el Estado Mayor del Ejército. El hombre de confianza de Herrera de Noble, repartía sus días entre notas periodísticas y cursos que daba en la Escuela de Defensa, ante la temida D2 de Córdoba (el Departamento de Inteligencia de la Policía provincial). Hoy está imputado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como coautor de los presuntos delitos de lesa humanidad en la apropiación de Papel Prensa. Sin embargo, todavía no fue citado a declarar (ver recuadro). Tampoco la dueña del Grupo Clarín, ni Magnetto ni Mitre, a pesar de haber sido requerido ya en dos oportunidades por los querellantes. ¿Demora prudencial o estudiada estrategia judicial? Sólo el paso del tiempo lo dirá.
Por Cynthia Ottaviano y Juan Alonso
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