Argenleaks, del periodista Santiago O’Donnell, recopila y difunde los cables secretos remitidos por la sede local de la diplomacia norteamericana. Minería, Monsanto y Clarín.Del asombro a la conmoción. De la conmoción al morbo. Del morbo al desencanto. Del desencanto al desinterés. Y del desinterés, otra vez, al asombro. La difusión de los Wikileaks –cables secretos del Departamento de Estado de Estados Unidos revelados por un sitio de Internet– disparó una secuencia de sensaciones que, visto desde estas latitudes, siguió un recorrido razonable: los cables diplomáticos referidos a la Argentina apenas representan el 1 por ciento del total. Esto no significa, sin embargo, que sean pocos: los documentos filtrados con origen en estas playas son 2.510. Más que suficientes para relevar –y descubrir– el modus operandi de la embajada norteamericana en el país.
El encargado de bucear en ese mar de chismes y revelaciones fue Santiago O’Donnell, uno de los pocos periodistas locales que accedió a la totalidad de la base de datos y el único que estuvo cara a cara con el fundador de Wikileaks, Julian Assange.
Con paciencia y pericia, O’Donnell separó lo irrelevante de lo importante y construyó su propia base de datos, los Argenleaks, publicados el 1 de septiembre en forma de libro por Sudamericana. Parte del material fue publicado parcialmente en Página 12, donde O’Donnell edita la sección de noticias internacionales, pero el volumen amplía lo publicado y avanza sobre aspectos hasta ahora desconocidos de las actividades que la embajada de Estados Unidos despliega en la Argentina. Porque los cables remitidos por embajadores y funcionarios a su casa matriz de Washington no sólo revelan la afición de los dirigentes locales a lisonjear a los diplomáticos estadounidenses, o a utilizar a la Embajada como polémico confesionario, sino que exhibe, con crudeza, cómo opera esa representación a la hora de defender los intereses de las empresas y los negocios de su nación.
Un ejemplo de esas tareas se desarrolla en el capítulo que O’Donnell bautizó “Minas”, en referencia a la actividad minera que se despliega en el país.
“Aunque el sector minero no paga retenciones del 35% como algunos productos agrícolas ni del 45% como pagan las petroleras, y pese a que en los últimos años el precio internacional de los minerales trepó a picos históricos, la embajada de los Estados Unidos reaccionó ante un impuesto del 5%-10%, alertando sobre el fin de las inversiones en la Argentina”, comienza explicando el periodista, quien en cada capítulo incluyó una investigación de contexto para facilitar la comprensión de los cables. En este caso, el cable filtrado por Wikileaks corresponde a octubre de 2007. En el documento, la embajada exhibe cómo pasó de la preocupación a la acción tras considerar que los intereses de empresas norteamericanas podían verse afectados por la aplicación del impuesto. O’Donnell describe que “la intervención de la embajada tuvo lugar después de que ‘contactos del sector privado’ no identificados alertaran de que el nuevo impuesto ‘socavaría las inversiones del sector minero y el clima de inversiones en general en la Argentina”’. El cable fue firmado por el entonces embajador Earl Anthony Wayne, y es un fresco de cómo reaccionan los enviados diplomáticos ante lo que consideran una amenaza.
“Alrededor del mundo está creciendo lo que los propios mineros llaman el ‘nacionalismo de los recursos’ –escribió Wayne–. Se trata de gobiernos, nacionales o locales, que están buscando participar con una mayor porción de la renta minera, que se ha disparado al compás del ascenso meteórico de la cotización de metales como el oro, la plata y el cobre. (...) Contactos del sector privado e informes de los medios han sido más bien críticos con la manera en que el gobierno de la Argentina aplicó el impuesto, argumentando que efectivamente clausura una década y media de inversión minera con un régimen impositivo de primer nivel mundial.”
Lo que el embajador denominaba “de primer nivel mundial”, claro está, era una legislación extremadamente benéfica para los intereses de las mineras. Pero a pesar del tono alarmista del despacho diplomático, el propio embajador reconocía que la crema del negocio no se veía amenazada: “Contactos del sector minero reconocen que la presente fortaleza del precio mundial de los minerales, particularmente del oro y del cobre, es un incentivo fuerte para permanecer en la Argentina (...) (Además) El impuesto federal a las exportaciones mineras ha aumentado sustancialmente, de 0% a 5%-10%, pero sigue siendo significativamente más bajo que las retenciones que se aplican a sectores agrícolas (alrededor del 28% para la soja) y a los hidrocarburos (alrededor del 45% para el crudo)”.
Con todo, el embajador recién llegó al nudo de sus preocupaciones al promediar su despacho diplomático: “Comparados con otras firmas mineras basadas en el exterior, los intereses mineros de los Estados Unidos son pequeños... Los Estados Unidos tienen intereses más grandes en la venta de equipos a empresas mineras operando en la Argentina, con cerca del 30% del mercado. El servicio de Comercio Exterior estadounidense estima que en 2006 las exportaciones de equipos mineros (a la Argentina) fueron de cerca de 125 millones de dólares. Estas exportaciones podrían verse afectadas si el nuevo impuesto minero resulta en menos inversiones”.
El embajador explica en el mismo cable que, para conjurar esta amenaza, intentó sin éxito una entrevista con el secretario de Minería, Jorge Mayoral, “con quien disfrutamos de una buena relación de trabajo, para que nos dé una explicación más completa. Otras embajadas relatan lo mismo. Llamados y pedidos de reuniones por parte de la embajada –con varios funcionarios de primer nivel del gobierno de la Argentina e incluso con gobernadores– han sido en su mayoría rechazados o no contestados”.
Las quejas de la embajada por las dificultades que encontraba para operar en la era K delataban, a la vez, las facilidades que habían gozado con gobiernos anteriores. Una de las pulseadas más trascendentes y, a la vez, menos conocidas fue la que se libró en torno al pago de regalías por el uso de semillas transgénicas a la empresa Monsanto, el laboratorio que alumbró el milagro sojero con el Roundup.
“Monsanto dice que el 85% de la soja que se produce en la Argentina se hace con su fórmula pero menos de un tercio paga regalías porque los demás usan semillas argentinas que vienen de esas plantas sin tributar por ello a Monsanto”, explica O’Donnell en su libro. Según los cables, la presión estadounidense sobre el gobierno argentino para que este, a su vez, presionara a los agricultores se intensificó a partir de 2006. Un despacho del 17 de enero de ese año dio cuenta de un encuentro entre el entonces embajador Lino Gutiérrez y la entonces ministra de Economía, Felisa Miceli. “El embajador mencionó el caso de la empresa de biotecnología Monsanto al final de la reunión –informó el cable–. Explicó que Monsanto había intentado todas las medidas posibles para atender su necesidad de obtener una regalía por su semilla de soja GMO Roundup Ready. En la ausencia de una solución doméstica, está progresando con acciones legales en un número de países europeos que importaron soja argentina. Miceli contestó que había hablado con las cuatro asociaciones agrícolas más interesadas en el tema. Esas asociaciones dijeron que Monsanto tenía derecho a exigir una regalía. El problema era ponerse de acuerdo en el precio.” Por lo que ocurrió después, la respuesta de la ministra era, más que un compromiso, un modo elegante de postergar la discusión.
El cable siguiente da cuenta de una áspera reunión entre congresistas estadounidenses con funcionarios argentinos que no terminó: “La reunión terminó con una discusión sobre la disputa con Monsanto por la regalías de las semillas de soja modificadas genéticamente […] (El entonces secretario de Comercio Exterior, Alfredo) Chiaradía cuestionó la intención verdadera detrás de los esfuerzos de Monsanto por cobrar regalías […] señalando que sólo se había convertido en un tema cuando expiró la patente del herbicida (glifosato) de Monsanto. Dijo que el gobierno estaba listo para negociar tanto las regalías como la segunda generación de semillas. Pero agregó que el gobierno no lo haría con una pistola apuntándole, en referencia a las acciones legales que tomó Monsanto en Europa contra los cargamentos de soja argentina”.
Uno de los congresistas presentes, Charles Grassley, replicó que el tema no era sólo de patentes, o sea con una empresa, sino comercial, o sea que involucraba al gobierno de los Estados Unidos: “El senador Grassley señaló que además de ser un tema de patentes, la disputa con Monsanto era un tema comercial, porque los granjeros estadounidenses que pagan regalías están en desventaja con respecto a los cultivadores argentinos”. Según consignó el cable, la respuesta corrió por cuenta del entonces secretario de Agricultura, Miguel Campos: “Le dijo al congresista que la Argentina y los Estados Unidos siempre habían trabajado codo a codo en los temas de biotecnología pero que la disputa con Monsanto estaba amenazando el futuro de la agricultura argentina”.
Con términos similares, la disputa entre los funcionarios argentinos y los funcionaros norteamericanos devenidos en lobbistas de Monsanto se mantuvo, según los cables, hasta 2009, fecha en la que el embajador Wayne remitió un despacho donde se toca el asunto de costado: “El gobierno está trabajando en una nueva ley de semillas”, explica, para enfatizar ante sus jefes que el tema seguía en agenda.
La reconocida capacidad de la embajada para proteger sus intereses es, claro, un imán para empresarios locales sedientos de negocios y paraguas protectores. Una de las compañías que se acercó con esas intenciones a la sede diplomática fue el Grupo Clarín, que asistió al encuentro con una nutrida comitiva encabezada por el CEO, Héctor Magnetto; su mano derecha en el directorio, José Aranda, y el director periodístico del diario, Ricardo Kirschbaum. Según palabras de Wayne, el encuentro fue ameno y fructífero. Así lo expresó en la conclusión de su cable: “Héctor Magnetto y su equipo dejaron la clara impresión de que Clarín ya no está satisfecho con la manera en que la actual administración gobierna el país. El poderoso Grupo Clarín está en la misma vereda que la embajada en promover una decisión del gobierno a favor de la norma ATSC estadounidense para la televisión digital, y los buenos negocios podrían ser una buena base para nuestro diálogo en el futuro”.
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