La Cámara Federal levantó el secreto fiscal del vicepresidente de Clarín, sospechado de enriquecimiento ilícito en una causa en la que se investiga la estafa, que perjudicó a miles de jubilados, cometida por el Grupo en la venta de acciones a las AFJP El martes pasado, la Cámara Federal porteña levantó el secreto fiscal del vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda. La decisión judicial abre la posibilidad de contar con nuevos aportes en la causa en la que Clarín, junto con la banca JP Morgan, la consultora Consulatio y el Banco Patagonia, están acusados de cometer una estafa e integrar una asociación ilícita. Pero, además, permite que la Unión de Información Financiera (UIF) investigue cómo hizo Aranda -que por estos días decide los destinos del monopolio ante el tratamiento médico al que se está sometiendo el CEO Héctor Magnetto en Estados Unidos- para incrementar su patrimonio en un 200 por ciento entre 2007 y 2008. Se trata del segundo revés judicial que sufre Aranda en el último mes. La semana anterior la Corte Suprema ordenó la suspensión por 90 días de la construcción de la represa Ayuí Grande, un emprendimiento del ejecutivo de Clarín en sociedad con el magnate George Soros que implicará inundar 8.000 hectáreas de bosques nativos para el riego de 15.000 hectáreas de plantaciones de arroz.
Una operación muy ventajosa. En noviembre de 2007, poco antes de que se produjera la debacle financiera global, Clarín hizo una oferta pública de sus acciones por un valor de 35 pesos cada una y que, en el mercado local, fueron compradas en su totalidad por las Afjp. Producido el derrumbe bursátil a escala mundial, esos mismos papeles valían apenas siete pesos. A partir de estos datos, en julio pasado el titular de la UIF, José Sbatella, inició una causa para que se investigue si Clarín manipuló los precios de sus acciones en la operación de venta comandada por JP Morgan.
Lucio Pagliaro, director del Grupo, puede llegar a correr la misma suerte que Aranda. Al igual que el vicepresidente, su patrimonio personal se triplicó entre 2007 y 2008. Esta semana, el juez Julián Ercolini denegó el pedido de levantamiento fiscal efectuado por la UIF. Pero al igual que hizo en el caso de Aranda, el organismo apelará ante la Cámara Federal. Sbatella confía que en esta nueva instancia la Justicia se expida de la misma manera que lo hizo con el vice del Grupo. “Ante nuestro primer pedido, tanto Aranda como Pagliaro dijeron ante el juez que incrementaron sus patrimonios porque el valor de las acciones que ellos tienen del Grupo Clarín subió tanto, que les permitió triplicarlo. Pero ellos toman como valor de las acciones el que justamente está denunciado de ser una estafa. Lo que nosotros estamos tratando de demostrar, es que esa operación no sólo perjudicó a los jubilados, sino que además incrementó el patrimonio de Aranda y Pagliaro. Cada uno ganó más de 200 millones de pesos y eso pudo suceder porque cometieron la estafa junto con las Afjp que les permitió incrementar el valor patrimonial en un 200 por ciento”, aseguró Sbatella a Miradas al Sur.
A su vez, el funcionario cuestionó el papel de los magistrados involucrados. “Desde nuestra óptica, nos parece muy grave que los jueces (Marcelo Martínez) Di Giorgi y Ercolini les hayan creído a ellos. Ahora que la Cámara nos ha dado la razón a nosotros, los argumentos que ellos dan para justificar sus incrementos patrimoniales en un elemento que se suma a la causa.”
Como órgano encargado de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves, el propósito de la UIF es investigar si ese dinero que se sospecha que fue mal habido entró a circular para hacerlo lícito. Pero Sbatella señala los límites de competencia que tiene su organismo para poder actuar. “La causa por estafa y asociación ilícita es el delito principal que, obviamente, es competencia de los jueces. Lo que nosotros podemos hacer es ayudar con la investigación a partir de los datos que podemos aportar, por ejemplo, desde este levantamiento del secreto fiscal a Aranda. Pero si no se prueba el delito principal, no podemos seguir la ruta del dinero. No aparece el objeto de búsqueda de la UIF, que es el dinero generado en un delito”, afirmó Sbatella.
Un proceso que no avanza. Antes de la presentación efectuada por la UIF en julio pasado, el ex ejecutivo del JP Morgan Hernán Arbizu se presentó ante la Justicia para denunciar por lavado de dinero y evasión impositiva la maniobra de Clarín, en connivencia con ese banco y las Afjp. La causa cayó en manos del juez federal Sergio Torres. Pero así como sucedió con Ercolini y Di Giorgi en los casos de Aranda y Pagliaro, la inacción que muestra el juez Torres en la causa termina siendo provechoso a los intereses de Clarín. “Desde que hice la denuncia, Torres me tomó declaración y después no hizo nada más. Tendría que haber hablado con el Ministerio de Economía, con la Anses; ver si lo que yo decía tenía algún tipo de veracidad. Pero no hizo nada de eso”, sostuvo Arbizu. Ante el escaso avance de la causa, Arbizu se presentó ante la UIF y el caso tomó otro cariz. “Por el poder de contralor que tiene la UIF, su obligación fue la de verificar si lo que yo estoy diciendo es real o no. Además, al presentarse la UIF, le dio más seriedad al caso. Ahora no sólo soy el denunciante, sino que también hay un organismo público que, además, acusa a los involucrados de formar una organización ilícita”, agregó.
Un dato interesante que aportó Arbizu tiene que ver con las penas que podrían recibir los directivos de Clarín en caso de comprobarse el fraude. “Si bien con la nacionalización de las Afjp se derogó la Ley de Administración de los Fondos, lo que sí sigue vigente es la ley penal de castigo a los fraudes. En referencia a esto, hay un artículo que señala que se penará de 5 a 10 años cualquier fraude demostrado en perjuicio de los fondos de las Afjp. Una pena por esos años no es excarcelable. Por lo tanto, de comprobarse el ilícito, a Magnetto, Aranda, Pagliaro y todo el resto de los implicados les correspondería una perna efectiva”, remató el ex ejecutivo de JP Morgan. Evidentemente, desde el martes pasado, la situación de Aranda está mucho más complicada.
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