Inversores de países industrializados y emergentes compran tierras a gran escala en países en vías de desarrollo para producir alimentos, mientras campesinos locales son desalojados.El Gobierno de Madagascar intentó vender, en 2008, un cuarto de la superficie agrícola total del país africano al grupo económico surcoreano Daewoo. Pero los poderosos no tuvieron en cuenta a los granjeros locales. Se produjeron fuertes protestas y, en la primavera de 2009, los trabajadores del campo derrocaron al Gobierno.
Estados superpoblados, como China, India y Corea del Sur, o aquellos que carecen de suficientes recursos hídricos, como los estados del Golfo Pérsico, adquieren enormes superficies de tierra en países en vías de desarrollo para garantizar su abastecimiento de alimentos, y proveyendo de pingües ganancias a los gobiernos de estos últimos.
Los perdedores en esta carrera por los alimentos son los campesinos locales, que cultivan esas tierras durante generaciones. “Los sistemas tradicionales de explotación de la tierra, así como la falta de registros catastrales, llevan a que se considere a esos terrenos oficialmente como inutilizados y a que sean vendidos a gobiernos de otros países, a pesar de que miles de familias de trabajadores viven allí”, explica Martin Bröckelmann-Simon, de Misereor, la Obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo. Eso significa que esos campesinos deben, a menudo, abandonar sus tierras de un momento para el otro.
Hambre, pobreza y urbanización
Son justamente los países en vías de desarrollo los que dependen de las inversiones extranjeras. Sus gobiernos atraen a Estados y empresas ávidos de tierras con todo tipo de estímulos y concesiones. Pero los campesinos no ven ni un centavo de los miles de millones invertidos. En lugar de ir a sus manos, el dinero fluye hacia proyectos destinados a mejorar la imagen de sus países. En Kenia, por ejemplo, el Emirato de Catar cultiva frutas y verduras en un área de 40.000 hectáreas, a cambio de lo cual debe construir allí un puerto por un valor de 2,3 mil millones de dólares.
También la creciente demanda energética de los países ricos y emergentes hace que cada vez compren más tierras para producir biodiesel. China planea en la República Democrática del Congo la plantación de palma de aceite más grande del mundo. Se supone que la extensión del plantío será de 2,8 millones de hectáreas.
La destrucción de la agricultura típica de la región tiene consecuencias dramáticas para los países en vías de desarrollo. “La soberanía alimentaria de los países objeto de esas inversiones está en peligro”, señala Bröckelmann-Simon, de Misereor. “A raíz de eso, problemas como el hambre, la urbes súperpobladas y la pobreza van en aumento”, dice.
Aumento de apropiación de tierras por crisis económica
No se cuenta con cifras exactas que reflejen las dimensiones del problema de la compra de tierras a gran escala, dado que se realiza en la clandestinidad. Las Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que, entre 2006 y 2009, los países ricos y los emergentes compraron alrededor de 33 millones de hectáreas de tierra en países en vías de desarrollo, una superficie casi del tamaño de Alemania. El Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, con sede en Washington, calcula que el volumen de las inversiones llega a los 30 mil millones de dólares.
Desde que comenzó la crisis económica global, en 2008, el fenómeno de la compra de terreno en países pobres aumentó en gran medida, según indica Marita Wiggerthale, de la organización humanitaria OXFAM en Alemania. “La tierra se ha convertido en una inversión muy atractiva, por lo que realizaron compras especulativas”, subraya Wiggerthale.
Normativa internacional se aprobaría este año
La FAO elabora, en conjunto con los gobiernos y las ONGs, un reglamento internacional para hallar una solución al problema de la adquisición masiva de tierras que se aprobaría a fines de 2011. Una normativa de este tipo deberá asegurar que los Gobiernos tengan que rendir cuenta a los ciudadanos, exige Marita Wiggerthale, de OXFAM. “Creo que, al final, la cuestión más importante es si la ley se lleva a la práctica, o si sólo contamos con un documento que nadie tomará en cuenta”, advierte la experta.
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