“Los llamados años 80, se caracterizaron por una ola de violencia en diversos países del subcontinente latinoamericano. Honduras, no fue una excepción. Se produjo el fenómeno de las ‘desapariciones’, que ocurrió más acentuadamente en las dictaduras militares, pero también se dio bajo algunos gobiernos [elegidos democráticamente].
“Una característica importante del fenómeno de las desapariciones es que el destino último de las víctimas es la ejecución y el ocultamiento del cadáver. En todos los casos, el objetivo es evitar que se encuentren tales restos, o que si se encuentran, no sea posible identificarlos positivamente. Este aspecto distingue a la desaparición forzada de personas a otra forma igualmente trágica de violación de derechos humanos, la ejecución extrajudicial.”
“Las víctimas no son sólo los desaparecidos, sino también sus padres, esposos, hijos u otros familiares, a quien se pone en situación de incertidumbre y angustia que se prolonga durante muchos años. Por la misma razón, las desapariciones abren profundas heridas en el tejido social de la comunidad nacional, las que afectan a círculos políticos, sociales y profesionales y crean fisuras en las instituciones fundamentales del país.”
“Para 1982, 69 familias eran víctima de la desaparición forzada, y a finales de ese año, el 30 de noviembre, 12 familias se aglutinan y conforman el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH). Este nace con objetivos claros y definidos de recuperar con vida a sus parientes desaparecidos por el Estado. En algunos casos se logró el objetivo; en la mayoría de ellos este objetivo no se logró. Entre 1980 y 1989, ciento ochenta y cuatro personas desaparecieron sin que las autoridades investigaran y sancionaran a los responsables.”
“A mitad de los años noventa, [la COFADEH] emprende la tarea de recuperar de los cementerios clandestinos los restos de los desaparecidos... A partir del año de 1998, incorpora a su trabajo la defensa de los derechos colectivos, el derecho al medio ambiente y el derecho a la libertad de expresión. Así mismo ha contribuido a la desmilitarización del país y la construcción de procesos democráticos y la vigilancia permanente de las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado en la esfera de los derechos humanos y la seguridad pública.”
A raíz del golpe de estado ejecutado contra el gobierno democrático de Mel Zelaya el 28 de junio, 2009, la importancia del trabajo global de la COFADEH se multiplica. Durante los subsecuentes siete meses de resistencia contra el gobierno ilegítimo de Roberto Micheletti, las oficinas de la COFADEH han funcionado como centro de información y recopilación de testimonios de las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen golpista. Solamente entre el 28 de junio y el 10 de octubre, 2009, la COFADEH ha documentado 4,234 violaciones a los derechos humanos por parte del estado.
Poco antes de que el gobierno de Micheletti llevara a cabo dudosas elecciones en noviembre del 2009, Bertha Oliva de Nativí, directora de la COFADEH, declaró: “Creo que estamos viviendo en una dictadura sin precedentes, peor que en los 80, porque en aquel momento había lo bota militar, había muertos y desaparecidos, pero era muy complicado probar la relación de los militares con estos crímenes, porque la estrategia era la de utilizar escuadrones de la muerte y paramilitares. Ahora lo hacen a la luz del día, desafiando todas las estructuras nacionales e internacionales de derechos humanos y a los gobiernos del mundo.”
Durante la década de los 80, el General Gustavo Adolfo Álvarez Martínez llevó a cabo la organización y articulación de los escuadrones de la muerte. Primero como Jefe de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) y eventualmente como Jefe de las Fuerzas Armadas Hondureñas, Álvarez Martínez estableció con asesoría argentina, estadounidense, y nicaragüense, “una fuerza élite contrainsurgente [que] se convirtió en el comando de la guerra sucia en Honduras.”
“En la mayoría de las desapariciones, las informaciones obtenidas de testigos, de víctimas sobrevivientes, familiares y prensa, sindican como responsables a unidades especiales como la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y el Batallón de Inteligencia 3-16… Esta unidad estaba especializada en la vigilancia y producción de inteligencia contra ciudadanos hondureños que eran considerados, por la propias Fuerzas Armadas, como sospechosos de estar involucrados en la subversión.”
Sin embargo, la guerra sucia en Honduras, como en otros países, fue nutrida económicamente e ideológicamente por grupos de poder que colaboraron con las fuerzas castrenses. La poderosa oligarquía hondureña, quien históricamente ha controlado los intereses económicos del país y se sentía amenazada por el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 de la vecina Nicaragua, financió la guerra sucia por medio de una entidad llamada la Asociación para el Progreso de Honduras (APROH).
Leticia Salomón, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, declara: “El golpe [contra Mel Zelaya en Junio de 2009] fue planeado por un grupo empresarial liderado por Carlos Roberto [Flores] Facussé, ex presidente de Honduras (1988-2002) y dueño del periódico ‘La Tribuna', que junto con ‘La Prensa', ‘El Heraldo', los canales de TV 2, 3, 5 y 9 fueron el pilar fundamental del golpe… Este grupo, que controla el 90% de la riqueza que produce el país, se completa con Jaime Rosenthal y Gilberto Goldstein, dirigentes del Grupo Continental (el emporio que monopoliza la banca hondureña, la agroindustria y medios de comunicación como ‘El Tiempo' y ‘Canal 11'), José Rafael Ferrari, Juan Canahuati, el financiero Camilo Atala, el maderero José Lamas, el empresario energético Fredy Násser, Jacobo Kattán, el industrial azucarero Guillermo Lippman, el constructor Rafael Flores, y el magnate Miguel Facussé, quien hoy monopoliza el negocio de la palma aceitera y en 1992 apoyó la compra de tierras a los campesinos a menos del 10% de su valor real”.
Es imposible no ver las similitudes entre la APROH de los 80s y el grupo empresarial golpista del 2009 identificado por Leticia Salomón. Mas allá de que algunos personajes en las dos listas son los mismos (Ferrari, Facussé), los intereses económicos representados por estas agrupaciones son también las mismas. Mientras tanto, los escuadrones de terror y represión impulsados por estos grupos de poder también incluyen viejos actores. En una entrevista con Amy Goodman de Democracy Now!, el Presidente depuesto Mel Zelaya declaró que Billy Joya Améndola, acusado de numerosas violaciones a los derechos humanos como integrante del Batallón 3-16 en los 80s, ha dirigido campañas de tortura y terror como asesor del régimen ilegítimo de Micheletti.
Hoy, el nuevo gobierno de Pepe Lobo rápidamente ha demostrado sus fuertes nexos con los intereses golpistas. “Su primer acto como presidente fue sancionar el decreto aprobado… por el Congreso Nacional para otorgar una amnistía política a los involucrados en la crisis causada por el golpe de Estado contra Zelaya de junio pasado.” (16) Semejante acto otorga impunidad a los criminales que cometieron miles de violaciones contra los derechos humanos a miembros de la Resistencia Popular durante el régimen de Micheletti.
Al igual, Lobo planteó inmediatamente su estrategia para contener la fuerte resistencia cívica que ha nacido desde aquel 28 de junio pasado, al nombrar a Oscar Álvarez como Ministro de Seguridad – puesto que ya desempeñó durante el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006). Álvarez es sobrino del mencionado Gustavo Adolfo Álvarez Martínez y continúa el legado represivo de su tío, dándose a conocer por sus tácticas de “mano dura” y desprecio a los derechos humanos. “A menos de 24 horas de haber sido juramentado en el cargo, el [Ministro Álvarez] retomó los famosos ‘madrugones’ - allanamientos de morada en horas de la madrugada - como los realizó en el gobierno de Ricardo Maduro, violando muchas veces la ley. Así enviando un mensaje claro a la Resistencia Popular.”
El investigador Robinson Salazar Pérez analiza: “El golpe de estado en Honduras el 28 de junio de 2009 fue la fisura y apertura de la ventana para observar tres coordenadas enfiladas hacia el destino latinoamericano cuyas finalidades son detener todo asomo de reestatización (sic), evitar cualquier alternativa de bloqueo al mercado de las empresas transnacionales, contener el avance de los gobiernos nacionalistas de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, y El Salvador en el actual proceso de estructuración, además de sembrar el temor en los mandatarios latinoamericanos con el recordatorio de cómo los intereses extra nacionales imperan sobre la gobernabilidad aun cuando la legitimidad puede estar avalada por los votos.”
