viernes, 14 de enero de 2011

“No nos dicen adónde vamos ni cuánto ni cómo nos van a pagar”


El relato de los trabajadores rurales temporarios que parten desde Atamisqui, Santiago del Estero, hacia un destino incierto. Son contratados como trabajadores golondrina, como los que tenían Nidera y otras empresas en condiciones infrahumanas en la zona de San Pedro.

El relato de los trabajadores rurales temporarios que, desde Villa Atamisqui -la población más antigua de Santiago del Estero- parten al desflore del maíz y otras actividades rurales temporarias en distintas provincias del país.

“Ni siquiera sabemos cuánto nos van a pagar la hora”. “Ni siquiera sabemos cuántos días vamos a trabajar”. “Ni siquiera sabemos cuándo vamos a volver”. “Cuando alguien se quejó, castigaron a toda la cuadrilla”.

En esos términos presentan un cuadro en el que distintos empresarios agropecuarios, extranjeros y argentinos, han logrado transferir a los trabajadores, hasta extremos inauditos, el riesgo correspondiente a quien invierte el capital. Lo han logrado, hasta ahora –a partir de los datos que aporta Villa Atamisqui–, mediante el aprovechamiento de una serie de factores: la falta de otras oportunidades laborales en la región, determinada a su vez por la apropiación de un recurso clave como lo es el agua para riego; la absoluta ausencia del sindicato que debería representarlos; la falta de disposición o de capacidad de los poderes públicos para generar y aplicar una legislación que contemple esta modalidad de trabajo; y, también, es cierto, por no haber podido efectivizar estos trabajadores una respuesta colectiva, sin perjuicio de los chispazos de resistencia de los que, también, el presente testimonio dará cuenta.

Según publicó hoy el diario Página 12, los habitantes de Villa Atamisqui cuentan con orgullo que su pueblo, de 3000 habitantes, a unos 120 kilómetros al sur de la ciudad de Santiago del Estero, fue fundado en 1543, diez años antes que la capital de la provincia. Acá, y en comunidades rurales del área circundante, se realizaron los encuentros con los trabajadores rurales temporarios. En casi todos los casos, por motivos que la lectura de esta nota hará evidentes, se acordó reserva sobre los datos personales de los entrevistados.

“En octubre fui a Salta, al desflore, para Monsanto –contó uno de los trabajadores–. Nos contrató el ‘Emi’ Jiménez.” Emilio Jiménez es el principal de los reclutadores que en Villa Atamisqui, como en otros lugares de Santiago del Estero (ver aparte), se encargan de reunir gente para trabajos rurales temporarios en otras provincias. Jiménez está en relación con la firma de trabajo temporario Manpower, que, a través de su filial Ruralpower, se vincula a su vez con las empresas agrícolas. Jiménez es seguramente el hombre más odiado y más necesitado de la zona.

Continúa el que fue al desflore de Monsanto: “Antes de ir no nos dijeron cuánto nos iban a pagar. No dicen antes. Se sabe que es por hora pero no cuánto por hora. Uno se da idea por lo que cobró el año pasado”.

–¿Y si preguntan ustedes? –pregunta el cronista.

–Somos muchos y no hay acuerdo de preguntar –contesta otro trabajador–. Ellos tendrían que decir.

–En ese viaje ganamos 1650 pesos por 22 días de trabajo –agrega otro trabajador–. Tenía que haber sido más pero no nos pagan las horas extras: en el desflore trabajás 12 horas por día porque, mientras que apure la flor (ver aparte), hay que darle, para salvar los lotes. Pero las extras las hacen figurar como si fuesen horas comunes en días que no hemos trabajado.

Explican entonces que, cuando llueve o la flor todavía no brotó, no se trabaja y “esos días no los cobramos”. La modalidad de pago no es uniforme, ya que las empresas pueden pagar por hora o por hectárea desflorada. En este último caso, el trabajador depende del cálculo de superficie que haga la empresa. Pero las horas tampoco son fáciles de defender: “Un cabecilla (ver aparte) se dio cuenta de que ellos contaban ocho horas cuando habíamos trabajado nueve”; no quería quedar mal con su gente y se plantó: “Falta una hora”, les dijo, y lo tuvieron que aceptar. Pero no lo llamaron más.

En otra reunión, un trabajador contará que “una vez estuvo en el pueblo un jefe de Monsanto y se reunió con la gente. Los cabecillas le pedían que se supiera cuánto iban a pagar la hora y cuántos días se iba a trabajar. Pero él contestó que no podía dar el precio porque no sabía qué iba a pasar: puede haber tormenta y ya no hay más trabajo para hacer”.

–Les hacen correr a ustedes el riesgo –comenta el cronista. Los trabajadores sonríen como quien ya sabe.

–Ha pasado que lamentablemente cayó piedra (granizó), se fundió el lote (se arruinó ese sector del cultivo) y entonces te dicen: “Te vas a tener que ir”, y no cobrás –cuenta otro de los trabajadores.

El sociólogo Reinaldo Ledesma, quien –como consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó la investigación Estudio de trabajadores rurales migrantes estacionales–, acompañó al cronista en algunas de las reuniones: “A veces los mandan y los tienen ahí sin trabajar, y sin pagarles, esperando que salga la flor. Los sacan antes para tener asegurada la mano de obra cuando la necesiten y evitar que los contraten otras empresas”.

Los trabajadores asintieron, y el cronista preguntó:

–¿No deberían, en todo caso, pagarles más que las empresas competidoras?

–Sí, pero lo que hacen es capturarlos antes –contestó el investigador.

Según Ledesma, “la extrema precarización de estos trabajadores encubre y niega, por la fuerza, la realidad de que, en este punto de su circuito productivo, las empresas son extremadamente dependientes de los desfloradores: no hay hasta ahora forma de completar mecánicamente un proceso que además, cuando apura la flor, debe ser efectuado en plazos perentorios, bajo riesgo de que toda la producción se pierda”. Por lo demás, el desflore es una tarea especializada que requiere formación, al punto de que jóvenes de la zona hacen viajes específicos para aprender el oficio. Una eventual huelga de estos trabajadores afectaría fuertemente la ganancia empresaria. Pero la vigente Ley 22.248 simplemente les prohíbe hacer paros.

“Empezábamos con guiso...”

En estos diálogos con los trabajadores de Villa Atamisqui se habló también de las condiciones de trabajo: “Hay que caminar kilómetros y kilómetros”. La longitud del surco que el desflorador recorre –todo el día bajo el sol del verano– depende de la zona: en la provincia de Buenos Aires tienen 1000 o 2000 metros; en Salta, 3500 metros: “La gente se agota, queda tirada en el piso. Ellos (los patrones) no quieren que muera la gente ahí dentro: se les debe sumar mucho gasto”, dice otro trabajador, y sonríen. Mencionan, todavía, unos surcos de pesadilla: “En Catamarca cultivan en surcos circulares: en los surcos derechos, sabés que al final tenés un lugar abierto, pero en éstos no: no terminan nunca”.

Y la vivienda, los lugares: “En Pioneer o Nidera (provincia de Buenos Aires) te dejan en el sol. Y cuando te ponen ahí, tenés que estar. No te dan cocina a gas, casi todo es a leña. Adentro de la casilla no se aguantaba con la calor, y a veces no tenías dónde sentarte: tenías que hacer un montoncito de leña para sentarte para comer”, ríe el trabajador, y otro retruca: “Peor era cuando comíamos bajo la lluvia: empezábamos comiendo guiso y terminábamos tomando sopa...”. En cambio, “Monsanto te da casillas bien prolijas. Afuera son de chapa pero tienen piso y cuchetas de dos (en otros casos son tres pisos de cuchetas). Las habitaciones son nomás para cuatro personas y hay duchas. Hasta luz eléctrica tienen”. Cierto que “en San Luis nos querían dar luz pero como éramos muchos no la pusieron: el gasto debía ser mucho para ellos” agrega otro con su sonrisa santiagueña.

Además, “en Salta están las víboras que vienen envueltas en la chala: la mayoría de las empresas no te dan polainas”. Hablan de Nidera, de Donmario, de Pioneer, que “tampoco te dan botines”. Recuerdan otras experiencias: “El girasol te termina la ropa: las hojas raspan, arruinan”. Para la cosecha de arándano, en Entre Ríos, “nos han llevado sin saber si íbamos a trabajar por tanto (por producción) o por día: nos han pagado como han querido. Trabajamos dos quincenas: la primera sacamos 240 pesos. La comida era un chorizo a mediodía; a la noche, eran 80 personas para comer de una olla, un engrudo; una desgracia, hemos pasado miseria. Había un río y los que podían pescaban y comían. A veces entrábamos a la finca a sacar naranjas para sobrevivir”. El arándano es producido por empresarios nacionales, que generalmente contratan en negro.

La cuadrilla

En las entrevistas van y vuelven sobre el tema que más les preocupa: “La ganancia no es lo que debe ser”. Recuerdan un desflore reciente, con Monsanto: “Llegamos, y a los tres días nos dicen que tenemos que volver: ‘¿¡Cómo, volver!?’. Es que nos habían hecho ir por si faltaba alguno. Por eso digo yo que se gana muy poco”.

–-¿Qué posibilidad habría de juntarse, de hacer algún tipo de organización gremial? –pregunta el cronista.

–Caería el puntaje de la cuadrilla –contesta uno de los trabajadores, y otro señala que “la cuadrilla que mejor trabaja tiene un premio”. La organización en cuadrillas practica una especie de guevarismo al revés: el incentivo al esfuerzo conjunto, la emulación... pero al servicio del patrón.

“El anteaño pasado, cuando estábamos en Jesús María, había dos que venían trabajando mal y el capataz dice: ‘¡Toda la cuadrilla afuera!’. El cabecilla era un changuito joven, ni le importaba, estaba contento de volver a casa. Pero justo venía el jefe de la planta y le digo: ‘¿Por qué nos saca?’. ‘Hay dos que trabajan mal’, dice el capataz. Pero yo le hablé al jefe y nos dejó quedar: ‘Ustedes traten de mejorar el laburo’, dijo. Terminamos el lote y recién después nos mandaron. Ganamos 700 pesos en un mes.”

El sociólogo Ledesma advierte que “cualquier acción gremial tendría que hacerse por fuera de la Uatre (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), que haría todo para impedirlo”. Y una mujer, esposa de uno de los trabajadores, graficó: “Se quejan, pero todo queda ahí: como el trabajo no es continuo, cuando pasa la temporada se olvidan y nadie propone hacer algo distinto en la próxima”.

Rebeldes

Miguel Angel Serrano tiene 37 años y empezó a trabajar en el desflore cuando tenía 16. El año pasado, en una planta de Monsanto en Salta, a él y dos de sus compañeros “nos despidieron, diciendo que hemos prepeado al jefe”. El conflicto se originó en que a la mañana, antes de salir al surco, les daban un par de bolsas de hielo, para que el agua que llevaban no se recalentara como sopa bajo el sol; pero, claro, con el correr de las horas el hielo se derretía: “Yo pedí que, mejor, nos dieran una bolsa a la mañana y otra a la tarde”, y por eso le mandaron que se volviera a su casa. “Parece que ha interpretado mal, el hombre”, comenta con santiagueña mesura. Ya venían con problemas porque “pedíamos más horas de trabajo, porque, cuando salimos, queremos trabajar; no nos sirve cobrar unas pocas horas por día, tenemos gastos”. Esto fue en octubre. “En diciembre –continúa– teníamos que ir al sur (la planta de Monsanto en Rojas, provincia de Buenos Aires) pero no nos llamaban: el ‘Emi’ Jiménez nos dijo que en Manpower estábamos en rojo.” Por fortuna, él y sus compañeros consiguieron formar una cooperativa que, gracias a subsidios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hace trabajos para la Municipalidad de Villa Atamisqui.

Página/12 procuró entrevistar a Emilio Jiménez, el principal intermediario para el trabajo rural temporario en Villa Atamisqui. Grandote y hosco, dueño de un bar, de una verdulería y de una camioneta Toyota, se negó a formular declaraciones: “Manpower no me autoriza a dar información”. “Ah, ¿usted es empleado de Manpower?” “No. Le mando gente nada más”, contestó.

miércoles, 12 de enero de 2011

Papel Prensa: un represor acordó con Clarín y La Nación dónde hacer el pago


Se trata de Oscar Gallino, el general de Brigada que ostentaba poder de mando sobre los centros clandestinos de detención. Los diarios reconocen, además, que no hicieron “un solo paso” sin la aprobación previa de los militares.

La editorial fue publicada en simultáneo por Clarín, La Nación y La Razón, en sus respectivas tapas, el 19 de mayo de 1977. Se dirige “A la opinión pública”. Pero recién ahora, 33 años después, puede comprenderse en toda su dimensión. Según reconocen allí los propios directivos, fue con el general de Brigada del Ejército Oscar Bartolomé Gallino con quien acordaron dónde y cómo tenían que depositar el dinero que debían pagar por Papel Prensa. “El precio pagado por la transferencia accionaria se halla debidamente preservado mediante su depósito, por indicación del oficial superior preventor, general Osvaldo Bartolomé Gallino (sic), a disposición de tres jueces, correspondiendo resolver sobre su destino definitivo a la autoridad competente”, detallaron.
El documento, que pasó inadvertido durante décadas, se convierte hoy en una prueba más de la alianza que existió entre las tres armas y los tres diarios para apropiarse de la empresa del grupo económico Graiver. Una prueba más sobre la mentira instalada por los tres diarios, al decir que fue “un acuerdo entre privados, hecho a la luz pública”, ya que de haber sido así el dinero hubiera llegado a sus vendedores y no a la justicia, por orden de un represor y con el aval de una Junta Militar.
El general de Brigada del Ejército Oscar Bartolomé Gallino cumplió con un rol clave en el terrorismo de Estado. Según determinó la justicia de la democracia, fue uno de los generales que elaboró la Doctrina de Guerra a emplear por la dictadura, “proceso que se realiza en los últimos meses del año 1975”, según declaró el inspector de la Policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández, ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos. “Lo que revela la importancia (de Gallino) en la estructura represiva y su nivel de contactos con los jerarcas de la dictadura”, consideró el fiscal federal Sergio Franco, designado para actuar en procesos por violaciones a los Derechos Humanos.
Todos los Graiver y los empleados del grupo económico, como Silvia Fanjul y Jorge Rubinstein, padecieron los designios del hombre vinculado con los diarios. Para la justicia quedó acreditado que Gallino “ostentaba el poder de mando sobre los represores de cada uno de los centros clandestinos de detención a los que concurría y procedía a interrogar a las personas que habían sido vejadas y torturadas, en virtud del alto cargo jerárquico que ostentaba”.
Gallino es el mismo que se reunía con los directores de los tres diarios Clarín, La Nación y La Razón, es decir Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Patricio Peralta Ramos, de acuerdo con los documentos firmados por el propio Gallino, el 7 y el 9 de abril de 1977, revelados por este diario y de acuerdo con el Boletín Oficial de la época. En esos documentos, el oficial preventor explicó que los directores concurrían a verlo “con motivo de la adquisición de Papel Prensa” y para “producir sendos informes”, para que luego preparara los interrogatorios para ser tomados el 11 de abril a Lidia Papaleo, precisamente sobre Papel Prensa, según determinó este mismo diario, al revelar el documento en el que se replica el interrogatorio.
Es que desde el 6 de abril de 1977 Gallino se había convertido en el mandamás sobre los Graiver, por orden de Jorge Rafael Videla. El represor le había ordenado que se subordinara al comandante del Primer Cuerpo de Ejército, general Carlos Guillermo Suárez Mason, para “hacerse cargo de la prevención” y seguir adelante con el trabajo sucio que había iniciado Ramón Camps, el nefasto jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Y lo hizo yendo al día siguiente, el 7 de abril, al Pozo de Banfield, para que los secuestrados, entre ellos Lidia Papaleo, ratificaran las declaraciones arrancadas bajo tortura. Hecho que, naturalmente, hicieron las víctimas con los rastros de la picana a flor de piel.
Gallino no era el único represor que se reunía con Magnetto, Mitre y Peralta Ramos. En la biografía autorizada del propio Magnetto, El hombre de Clarín, su autor, José Ignacio López (quien como muestra la foto conoció a Gallino y hoy es vocero de La Nación en el tema Papel Prensa), relata con una claridad que espanta que “Camps solía convocar a directivos de los medios nacionales a su despacho en La Plata. Patricio (Peralta Ramos) era uno de los concurrentes. Aún hoy no se explica por qué lo tenía de candidato: quería pedirle opinión sobre cuestiones políticas del momento” (pág. 113).
En cuanto al propio Magnetto, asegura que luego de una serie de rumores que llegaron al diario señalando que “en los mandos medios del Ejército había un clima adverso a Papel Prensa”, fue Magnetto el que “logró una reunión en el Edificio Libertador con un nutrido grupo de oficiales del Ejército y durante dos horas reseñó la iniciativa y respondió, una por una, las objeciones que se le hacían. Casi sobreactuó para tocar la fibra nacionalista de los uniformados pero siempre creyó que ese encuentro sirvió para apuntalar a los sectores del gobierno militar que defendían Papel Prensa” (pág. 114-115). Mientras Magnetto le reclamaba a los militares el cumplimiento de sus supuestos derechos sobre Papel Prensa, los propios militares estrujaban y sepultaban todos los derechos de Papaleo, los Graiver y sus empleados.
Es que los vínculos de los directivos de Clarín, La Nación y La Razón estaban y siguieron estando durante toda la dictadura lo suficientemente aceitados. Otra prueba de ello figura en el libro El último de facto, donde el dictador Reynaldo Bignone los recordó como sus “contactos”.
“Mantuve buenos contactos con los responsables de medios como los Peralta Ramos, los Laíño (padre e hijo), Carlos Magnetto (sic) y los Mitre (padre e hijo)”, especifica Bignone (pág.70), (ver nota p. 4).
Volviendo a la solicitada publicada por Clarín, La Nación y La Razón, tras explicar que con “la conformidad de la Junta de Comandantes” (es decir Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti) lograron adquirir las acciones clase A de Papel Prensa, se aclara otro punto fundamental: “los tres diarios no han hecho un solo pago ni han dado un solo paso que no fuera con el conocimiento y aprobación previos por parte de las autoridades militares intervinientes”. Es decir, que mientras los Graiver eran torturados y permanecían secuestrados en centros clandestinos de detención, los directivos de los tres diarios negociaban con los represores dónde y cómo pagar y qué pasos seguir para apropiarse de Papel Prensa, la empresa que pertenecía a las víctimas de la dictadura, silenciada por los diarios.
Cuando la Unidad Fiscal para actuar en los procesos por violaciones a los Derechos Humanos se refirió a Gallino, en abril de 2008, concluyó que el general debía responder judicialmente “por el poder de hecho que tenía y la libertad con la que desplegaba su accionar sobre las personas secuestradas y torturadas (…) y por el homicidio calificado de Jorge Daniel Rubinstein (la mano derecha de David Graiver, quien falleció de un paro cardíaco en medio de una sesión de tortura)”. Pero Gallino nunca respondió. Murió antes, el 14 de noviembre de 2007. También falleció Patricio Peralta Ramos, el 14 de septiembre pasado. Y Massera, el 8 de noviembre también de 2010.
Pero Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera de Noble, imputados en la causa judicial como partícipes necesarios de la comisión de delitos de lesa humanidad aún pueden relatar su versión de la historia (ver recuadro). Aunque es cierto que ya lo hicieron en las solicitadas, como en la desmenuzada en esta nota, en la que aseguran haber concretado el negociado en nombre de la libertad de expresión: “Con el consentimiento previo y posterior del Estado –escribieron–, a través de la más alta expresión de su voluntad, que consta en acta de la Junta Militar, preservando un proyecto de interés nacional y resguardando el abastecimiento para todos los diarios de su principal insumo, en defensa de la libertad de prensa y respetando uno de los soportes de nuestro estilo de vida (…) este anuncio fue públicamente saludado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).”
Además del vínculo con Gallino, con “las autoridades militares intervinientes”, con el temido Ramón Camps, con José Martínez de Hoz y con Reynaldo Bignone, el diario Clarín contaba con el ex secretario de redacción Reinaldo Bandini, quien reconoció en una carta documento que, desde el diario, oficiaba de enlace con el Estado Mayor del Ejército. El hombre de confianza de Herrera de Noble, repartía sus días entre notas periodísticas y cursos que daba en la Escuela de Defensa, ante la temida D2 de Córdoba (el Departamento de Inteligencia de la Policía provincial). Hoy está imputado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como coautor de los presuntos delitos de lesa humanidad en la apropiación de Papel Prensa. Sin embargo, todavía no fue citado a declarar (ver recuadro). Tampoco la dueña del Grupo Clarín, ni Magnetto ni Mitre, a pesar de haber sido requerido ya en dos oportunidades por los querellantes. ¿Demora prudencial o estudiada estrategia judicial? Sólo el paso del tiempo lo dirá.
Por Cynthia Ottaviano y Juan Alonso

Que sepa planchar, que sepa coser


Juliana Awada fue denunciada por esclavizar obreros. Su hermano fue sobreseido por Montenegro Aunque está dentro de sus responsabilidades y obligaciones como jefe de Gobierno, Mauricio Macri jamás denunció, como sí lo hizo alguno de sus antecesores en el cargo, a una empresa textil que apele al uso de mano de obra esclava. Esa pasividad de Macri se entiende y a la vez se hace particularmente grave cuando se indaga en su biografía y en la actividad principal de su flamante familia. La actual tercera esposa de Macri, Juliana Awada, fue denunciada por ser propietaria de una empresa de ropa que produce en talleres clandestinos. También fue denunciado el hermano mayor de su cónyuge como dueño de la marca Cheeky, quien, acusado por el mismo delito, fue sobreseído nada menos que por el actual ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Guillermo Montenegro, poco antes de que dejara su puesto como juez federal.
Juliana Awada, con quien Macri se casó en noviembre pasado con gran despliegue mediático y prometiendo hijos que continúen ese despliegue, es dueña junto a su madre, Pomi, y su hermana, Zoraida, de la glamorosa marca que lleva su apellido. Desde el 2006 la empresa Awada viene siendo denunciada por tercerizar la producción de sus prendas en talleres clandestinos que explotan a costureros inmigrantes indocumentados en extensas jornadas laborales. La última denuncia contra la marca se hizo en marzo de 2010.
La Fundación Alameda en ese momento recibió el testimonio de Osvaldo Martín García. Éste había sido despedido de un taller clandestino en Villa Crespo que produce para varias marcas, entre las cuales se encuentran Awada y Cheeky. Con la bronca de haber sido echado por reclamar un aumento salarial, García denunció de qué manera trabajó durante seis años. “Awada hace remeras de niños manga corta y larga, se plancha y guarda. Mil quinientas prendas, y ganaba 40 pesos por día. Durante seis años estuve en negro. Han ido inspectores a los que no se los dejaba entrar o bien terminaban arreglando con el tallerista (el encargado), nunca llegaban al fondo del taller. Ahí no hay aire, no tenemos ventilador, no hay una mesa para poder comer. No tenemos un baño como la gente. En el verano es insoportable. Si afuera hace 35 grados, adentro parecen 60. Así tenemos que aguantar la calor.”
El testimonio del costurero despedido ante La Alameda aún puede verse en un video. Ese material además incluye lo grabado por una cámara oculta dentro del taller esclavo de la calle Virasoro 1638. Ese fue el modo que empleó La Alameda para chequear la información, mediante un costurero que fue el que usó la cámara. Lo que muestra el video es que en el taller de la calle Virasoro se aceptaba al costurero sin documentos, en clara violación a la ley de migraciones, más unas cuantas imágenes de las etiquetas de la marca Awada.
Quien hizo la filmación explicó a Miradas al Sur que “el taller es parecido a un garaje. A los metros de la entrada tiene hacia la izquierda un taller con máquinas. Allí vi a tres paisanos trabajando con botones y ojales. Seguís caminando y está la habitación y oficina del tallerista. Después viene el depósito y a lo último un galpón grande todo destrozado donde te morís de calor. Ahí tienen una caldera y pegadas a la caldera unas piecitas de ladrillos para los trabajadores”, describió B. L., que son las iniciales del costurero infiltrado por La Alameda. “Ese taller se dedicaba más que nada al planchado y a embolsar las prendas. Ocho personas se dedicaban a eso, todos paraguayos. Los bolivianos estaban en el tallercito de costura”, finaliza su relato el costurero que nunca más volvió sobre sus pasos de la calle Virasoro al 1600.
Este medio rastreó con varias fuentes del gobierno PRO lo que ocurrió con el taller clandestino una vez que circuló el video realizado con la cámara oculta. “Primero los inspectores no fueron admitidos. En dos oportunidades no atendieron en el taller de Virasoro. En la tercera, el 23 de marzo pasado, después de que transcurrieron varias horas y sólo porque se amenazó con llamar a la policía para hacer un allanamiento, recién entonces abrieron la puerta al taller”, dijo una fuente de la administración macrista.
Aquí no pasó nada. Un dato llamativo: en el acta de inspección de la Subsecretaría de Trabajo porteña no figuran ni el procedimiento ni la marca Awada. “Hicieron desaparecer las pruebas ante la no actuación de la Justicia y la demora de la parte inspectiva. Así borraron las pruebas que comprometían a Awada”, afirmó el funcionario de planta, que no tolera el trabajo esclavo. Lo que sí quedó demostrado fue que estaba trabajando un indocumentado, lo que fue denunciado ante la Procuración porteña por tratarse de un delito federal, y tres no registrados. Al momento de la inspección los trabajadores vestían prendas de las marcas Gabucci y Givenchy. El titular del taller ilegal es Facundo Jeremías Ábalo Rojas, quien tiene seis maquinas y dos mesas de planchado. Las máquinas de coser en ese momento habían sido retiradas.
Nunca más funcionarios de la Ciudad volvieron al taller de la calle Virasoro al 1600. Lejos está el gobierno que conduce Mauricio Macri de continuar la política que había comenzado con el ex jefe de Gobierno que lo precedió, Jorge Telerman, quien junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, a cargo de Alicia Pierini, y La Alameda denunciaron penalmente a treinta y cinco importantes marcas de ropa.
Ariel Lieutier, ex subsecretario de Trabajo porteño, expresó a Miradas al Sur que “el gobierno de Macri sigue realizando inspecciones pero no hace denuncias penales y tampoco públicas. Esto permite que la tarea inspectiva quede en un mero acto administrativo. Cuando lo que se hacía antes era denunciar a los talleres clandestinos de las grandes marcas porque era la manera de instalar el tema en la sociedad y dejar una clara responsabilidad sobre la industria textil”.
Los talleres bonaerenses de Awada. Muchos años antes que se corriera el rumor de que Juliana Awada se veía con Mauricio Macri en el gimnasio, la marca de ropa ya aparecía denunciada ante la Justicia y el Ministerio de Trabajo bonaerense. A mediados de octubre de 2006 la organización La Alameda inició una megacausa. El núcleo de la acusación es que en el área metropolitana existe un sistema subrepticio neoesclavista de producción basado en el tráfico de inmigrantes (en su mayoría de Bolivia) indocumentados o a quienes se les secuestran sus documentos de identidad una vez que cruzan la frontera. Esa presentación en la Justicia Federal involucró en un primer momento a cerca de ochenta grandes marcas y actualmente alcanza el centenar.
La ley de trabajo a domicilio es la única forma jurídica que relaciona el submundo de la esclavitud con la moda fashion de los shoppings o pasarelas. La norma nacional (en sus artículos 4, 35 y 36) señala que son solidariamente responsables los dadores de trabajo (empresas) con los talleres donde derivan la confección de sus prendas. De hecho, los empresarios textiles, con aval del Ministerio de Trabajo nacional, presentaron un proyecto para quitar los artículos penales de la ley de trabajo a domicilio. El titular de la Comisión de Trabajo en el Congreso, Héctor Recalde, fue quien frenó el proyecto patronal esclavista.
Quienes reconocen el sistema neoesclavista son los referentes del propio empresariado textil. Aseguran públicamente que el 78 por ciento de la industria se encuentra en la ilegalidad, y que de ese porcentaje la mitad utiliza mano de obra esclava. Esto implicaría sólo en la Ciudad de Buenos Aires la existencia de tres mil talleres clandestinos, y un total de 30 mil costureros. La mayoría de los talleres se ubica en la zona suroeste y sobre todo en las villas. En estas barriadas las mafias de la costura se instalan porque se dificultan las tareas inspectivas y el pago de la energía queda en manos del Estado porteño.
La megacausa sobre la industria textil quedó en manos del juez federal Norberto Oyarbide. Respecto a la marca Awada, lo que hizo el magistrado fue derivar la investigación por los talleres clandestinos a los tribunales de la localidad de San Martín, a donde están instalados, más precisamente en Cabildo 5083, y en Urquiza 6121, los dos en Villa Ballester. El primer taller está a cargo, según figura en la denuncia, de Feliciano Mujica, quien es responsable directo de explotar a un total de 20 costureros. Todos ellos sin estar registrados, algunos indocumentados (una vez más: se trata de un delito federal), y por supuesto fuera del convenio de los obreros del vestido, lo que lleva que el pago se realice por prenda, lo que implica que para alcanzar un salario mínimo la jornada supere las 12 horas. En el segundo taller, el capataz Ricardo Guaigua mantiene “15 costureros en negro, algunos indocumentados, otros fuera de convenio y pagados por prenda”, según dice la denuncia presentada por La Alameda. Allí realizan sacos y pantalones desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Dos familias viven dentro del taller.
La situación de los talleres clandestinos seguía igual tras la denuncia presentada ante Oyarbide, de modo que la Fundación La Alameda retomó la investigación. Así fue que regresaron a los talleres de Villa Ballester con costureros que llevaban cámaras ocultas. Con el nuevo material, el 14 de mayo de 2008 Jorge Ricardo Calegari, director provincial de Delegaciones e Inspecciones, firmó la presentación de La Alameda que incluía tres decenas de talleres esclavos. “Calegari nunca hizo nada con las pruebas que aportamos. Es más, se fastidió cuando hicimos la denuncia contra la empresa Nuestra Huella y antes me había llamado enojado también porque dimos difusión a la golpiza contra un costurero dentro de un taller clandestino en San Martín, al cual pudimos liberar junto a otras familias y una menor”, acusó Gustavo Vera, presidente y denunciante por La Alameda.
Miradas al Sur se comunicó con la cartera laboral provincial. La idea era saber qué sucedió con la denuncia recibida en mayo de 2008. Desde esa área se informó que no podían encontrar los datos y aclararon que “el ministerio no va contra las marcas”. Cuando se preguntó acerca de aplicar la ley de trabajo a domicilio y los antecedentes de la gestión de Jorge Telerman, la encargada de prensa, Verónica Guilera, sostuvo que no se hace “caza de brujas”, y siguió responsabilizando a la base de datos por no poder brindar información actualizada de una denuncia que desde hace tiempo es pública.
• El cuñado esclavista
Cheeky es líder entre las marcas para chicos. Confecciona 10 millones de prendas y se queda con el 45 por ciento del mercado de ropa infantil. Su dueño es Daniel Awada, hermano mayor de Juliana. Cheeky integra la megacausa por trabajo esclavo por tener cuatro talleres clandestinos produciendo a todo trapo. Así lo comprobó y denunció penalmente Milton, uno de los costureros de La Alameda. Hasta declaró en esa causa un arrepentido que antes fue gerente de esa marca. Quien otorgó el sobreseimiento al cuñado de Mauricio Macri fue Guillermo Montenegro, en ese momento juez federal y hoy ministro de Justicia y Seguridad PRO. La esclavitud y la impunidad quedan en familia.

lunes, 10 de enero de 2011

Dady Brieva duro con Del Sel: “Es una pelotudez que agarre como gobernador, no está capacitado”


Repudió la candidatura a gobernador por Santa Fe de su compañero de Midachi, quien podría competir por el Pro. “Se lo van a lastrar en dos minutos”, vaticinó. Y le pegó a Nito Artaza, ahora senador nacional por Corrientes: “Cuando habla en serio, siempre lo toman para la joda, y cuando habla de joda, ya no es tan jodón”.

La primera crítica a Miguel Del Sel por su posible decisión de competir por la gobernación de Santa Fe con el Pro llegó desde el lugar menos pensado: Dady Brieva, su compañero en el trío cómico Midachi, lo acusó de no estar capacitado para hacer política.

"Personalmente me parece, se lo dije y lo digo siempre, una pelotudez que llegue a agarrar el cargo de Gobernador. Ninguno de nosotros está capacitado para ser Gobernador, se lo van a lastrar en dos minutos”, afirmó desde la costa.

“Ser bueno en una cosa, no te habilita a ser bueno en todo. Tengo la sensación de que, cuando Nito Artaza habla en serio, siempre lo toman para la joda, y cuando habla de joda, ya no es tan jodón. Del mismo modo pienso que cuando Vargas Llosa se disparó a la política, un tipo dijo ‘perdimos un escritor, y la verdad es que no ganamos un político’", comparó el ex conductor radial.

Del sel pasó navidad con Mauricio Macri y contó que le había ofrecido ser candidato a gobernador por el Pro y que evaluaba aceptar esa apuesta.