sábado, 18 de septiembre de 2010

La ciudad subsidia a colegios que cobran cuotas de hasta $ 1600


Lo indica un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que solicitó un habeas data para que el gobierno porteño ofrezca detalles sobre esa subvención. La medida fue apelada por la administración macrista.
En lugar de especificar el criterio y los detalles acerca de los cuantiosos recursos públicos que se destinan a subvencionar colegios privados, el gobierno porteño apeló una medida de la justicia que obligaba a brindar esa información, por pedido de una ONG. Según informes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y de legisladores de la oposición porteña, en plena crisis de la educación pública, la administración macrista subsidia a escuelas privadas que cobran cuotas de hasta $ 1600 mensuales, con un presupuesto fijo de más de 800 millones de pesos, y que se calcula que superará los 900 millones por incrementos salariales.
En julio de este año, la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Alejandra Petrella, hizo lugar a la acción de habeas data de ACIJ, que ordenó al GCBA proporcionar en quince días, y bajo apercibimiento de recibir sanciones, la información detallada sobre el criterio, los montos y los porcentajes de los aportes entre 2006 y 2010.
Ahora la ONG pidió que se rechace la apelación y se confirme la sentencia, argumentando que el gobierno de la ciudad sólo contestó uno de los tres pedidos y que, en los otros dos, la información es “incompleta, escasa y contradictoria”. Por ejemplo, no hay datos sobre los montos de los aranceles, ni sobre los valores absolutos de los subsidios que recibe cada instituto, así como tampoco si fueron autorizadas cuotas extraordinarias para mantenimiento. También aseguran que en la página Web faltan datos de los años 2006, 2007 y 2008 y que en los cuadros correspondientes a 2009 hay graves contradicciones, como el hecho de que 130 instituciones educativas figuran con distintos aranceles, a pesar de que no varía ni el nivel educativo ni la modalidad.
El legislador del Encuentro Popular para la Victoria, Francisco “Tito” Nenna, vicepresidente de la Comisión de Educación de la Legislatura, advirtió en un informe que los colegios que más subsidios reciben son aquellos que cobran cuotas de alto valor, como “el San Columba, con un arancel de $ 648,52 para la escuela media, el Instituto Summa, con un arancel para primaria de $ 733,91; Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo arancel informado es de $ 1189,80 para la escuela media y de $ 1094 para la primaria”. También señaló que la distribución de dinero es mayor en los distritos de clase media y alta ($ 14.956.236,17) y muy inferior en aquellos de clases medias y bajas ($ 6.610.120,78).
A su vez, el informe de ACIJ compara el porcentaje de subsidios destinado a la masa salarial docente, con la cuota que cobra cada institución. Por ejemplo, el colegio La Salette recibe un subsidio del 100% y cobra un arancel de $ 345,20, y el colegio Mekhitarista percibe un monto del 60% y su cuota alcanza los $ 1616.
Antes de llegar a la justicia, la ONG había hecho dos pedidos de informes a la Dirección General de Educación de Gestión Privada amparados en la Ley 104, pero no hubo respuesta.
Tanto el artículo 65 de la Ley de Educación Nacional como el artículo 25 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires determinan que la contribución estatal destinada a salarios docentes debe estar basada en criterios objetivos de justicia social y dando preferencia a las instituciones que reciben alumnos de menores recursos. Sin embargo, ACIJ estableció que sólo el 50% de los cuantiosos recursos se destinan a escuelas con aranceles más bajos.
Las conclusiones de la ONG son elocuentes: “Parte del aporte estatal destinado a educación de gestión privada contribuye a profundizar desigualdades educativas entre los sectores más pobres y ricos de la ciudad”, porque el presupuesto que se destina a esas escuelas con altas cuotas “se sustrae de la educación de gestión estatal, a la que asisten los alumnos que padecen peores condiciones de acceso a la educación”.
Por Lucia Alvarez

1,3 millones de hondureños firmaron en apoyo de la Constituyente para el retorno de Zelaya


El ex presidente hondureño Manuel Zelaya dijo hoy (17/09) en Managua que las 1,3 millones de firmas de apoyo a una Asamblea Constituyente recolectadas por sus seguidores en Honduras son un "llamado elocuente del pueblo" para que las autoridades permitan su retorno al país.

El ex presidente hondureño Manuel Zelaya dijo hoy (17/09) en Managua que las 1,3 millones de firmas de apoyo a una Asamblea Constituyente recolectadas por sus seguidores en Honduras son un "llamado elocuente del pueblo" para que las autoridades permitan su retorno al país.

"Esas firmas son un llamado elocuente del pueblo", celebró Zelaya en una rueda de prensa en Managua, en donde recibió el respaldo del jefe de Estado de Nicaragua, Daniel Ortega, para asumir un escaño de diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

"Más de 1,3 millones de firmas es más claro que cualquier tipo de manifestación de que el pueblo quiere la restauración del orden democrático y el retorno de los exiliados, de los desterrados de nuestro país simplemente por problemas políticos", continuó.
El derrocado ex mandatario demandó al Gobierno del presidente hondureño, Porfirio Lobo, resolver su retorno pacífico para poder ejercer sus derechos políticos y ser interlocutor de la oposición "en pro de la búsqueda de las soluciones a las crisis estructurales históricas del país".

El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que apoya a Zelaya, recolectó 1.342.876 firmas en toda Honduras en los últimos cinco meses, según anunciaron hoy sus dirigentes en una rueda de prensa en Tegucigalpa.

Sin embargo, "no vamos a presentar firmas a ningún poder del Estado" para pedirle que se convoque a la Constituyente, sino que consultará con los miembros los pasos a seguir, señaló a Efe en la capital hondureña el coordinador del Frente, Juan Barahona.

Las firmas se recogieron entre los pasados 20 de abril y 15 de septiembre, según un comunicado del FNRP.

viernes, 17 de septiembre de 2010

Granuja:Pepe Eliaschev


El Periodista Pepe Eliaschev no para de recibir cachetadas por sus intervenciones derechosas. La última bofetada se la aplicó el jefe de la Autoridad Federal de Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ex Comfer), Gabriel Mariotto, que dejó expuesta la pobreza de argumentos del "Pepe" cuando debe abandonar sus machetes editoriales y confrontar con un interlocutor que no se deja enredar con sus falsos conceptos semiológicos.
Lo que no sabíamos es que en 1990 Jorge Guinzburg ya lo había sopapeado puntillosamente y lujosamente con una carta de lectores. ¡Hace veinte años! el gran Jorgito desnudaba a este "periodista" y lo calaba tal como lo que era.
Esta Carta de Lectores la escribió Jorge Guinzburg el 15 de marzo de 1990. Pepe Eliaschev, director en ese entonces de Radio Municipal, había declarado a Página/12 que no había levantado el programa "El día menos pensado" que Guinzburg tenía en la emisora, sino que Guinzburg se había ido por propia voluntad porque "está muy ocupado, dictando una cátedra en una escuela de periodismo que dirigen algunos columnistas de "El Informador Público". Esta fue la respuesta de Guinzburg:

Querido Pepe Eliaschev:

Me alegró mucho leer en Página/12 que La Muni, un proyecto del que formé parte, había alcanzado el éxito que alguna vez soñamos, pero me sorprendió aún más descubrir los motivos que diste sobre mi alejamiento. No estoy en ningún taller de periodismo con gente de El Informador y un comunicador como vos no puede comprar carne podrida, me extraña.
Además, sabés muy bien que los motivos de mi alejamiento fueron otros. Recordarás que prometimos no hablar de eso, ni agredirnos, a pesar de la indignante carta que me dejaste mientras gozabas de tus vacaciones. Hacé memoria: una de tus acusaciones era la de haber dejado el programa acéfalo. Por eso en la reunión que tuvimos a tu regreso, cuando decidí no continuar, tuve que recordarte la cantidad de periodistas que recomendé y vos bochaste.
De Carlitos Campolongo sugeriste que era un petardista, a Marcelo Zlotogwiazda no lo querías porque era columnista tuyo en Splendid y te creaba un problema en la interna, Jorge Ezequiel Sánchez te pareció muy radical, Alfredo Leuco te había hecho un desplante, lo mismo Carlos Ulanovsky, otros eran demasiado renovadores y así hasta el infinito.
Recordarás también esa reunión en la que le prohibiste a Aquiles Fabregat hacer micrófono en mi ausencia. Yo me acuerdo. Como también recuerdo que Horacio Salas coincidió conmigo en que la carta que me regalaste era vergonzosa. Por eso te pediría que al menos no faltes a la verdad, porque de lo contrario voy a tener que coincidir con un amigo que alguna vez dijo que viéndote la cara uno se da cuenta de que sos un granuja. Con el cariño de siempre.


Jorge Guinzburg

Chile conmemora su Bicentenario enfrentando retos postergados

Chile dio los primeros pasos hacia su autodeterminación hace 200 años; hoy, la distensión de las relaciones entre el Estado y el pueblo mapuche parece ser el desafío más grande que el país suramericano debe enfrentar.
La dictadura militar de Augusto Pinochet dejó una huella tan profunda en el imaginario colectivo internacional que la historia de Chile previa al golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende terminó cayendo en el olvido. Como si, entre el 18 de septiembre de 1810 –fecha en que el país suramericano dio los primeros pasos hacia su autodeterminación con la formación de su primera Junta de Gobierno– y el 11 de septiembre de 1973, su alargado territorio hubiera estado inhabitado; como si Allende y Pinochet hubieran salido de la nada.

Chile antes de Allende

La democracia se consolidó en Chile entre 1932 y 1973 a pesar de sus serias limitaciones. Cuando a las mujeres, los trabajadores del campo, los analfabetas y los indígenas se les otorgó el derecho al sufragio en los años setenta, se acentuó la polarización política que ya venía creciendo desde la década de los cuarenta por la estagnación que afligía a la economía nacional y la reducción de las posibilidades de distribución de la riqueza. Esa polarización política fue la que propició el ascenso de Salvador Allende a la presidencia de Chile.

Paralelamente a todos estos acontecimientos, la inmigración europea promovida por el Estado chileno tras declarar su independencia de España y la marginación de los habitantes originarios –práctica sistemática heredada de la Colonia– tuvieron un impacto tan grande sobre el tejido demográfico del país que los pueblos indígenas quedaron reducidos a una minoría empobrecida cuya voz apenas se escucha cuando clama por que se reconozcan y respeten sus derechos patrimoniales. De esa impotencia deriva la violencia que hoy amenaza a Chile.

El desafío más grande de Chile

Los aimara, los atacameños, los quechua, los rapa nui, los kolla, los alacalufe, los yámana, los diaguita y los mapuche no parecen haber sido aceptados del todo como chilenos. Han sido combatidos por los conquistadores europeos –el pueblo picunche se da por desaparecido–, ninguneados por el Chile blanco y mestizo desde el siglo XIX , expulsados de sus tierras por el régimen pinochetista y, aunque rescatados del olvido por el auge del indigenismo como movimiento político, tratados con poca diplomacia desde 1990.

En su artículo Chile tras veinte años de Concertación, la politóloga especializada en América Latina e investigadora de la Fundación Ciencia y Política de Berlín (SWP), Claudia Zilla, enfatiza que el país sólo podrá consolidar su posición de democracia ejemplar en el continente americano si consigue reducir las desigualdades socioeconómicas que lo aquejan, una vez superados los escollos que trajeron consigo la crisis financiera global y el terremoto de febrero. Pero la distensión de las relaciones entre el Estado y el pueblo mapuche parece ser el reto más exigente que Chile tiene en sus manos al cumplir sus primeros 200 años.

Un Estado con cuentas pendientes

“En el enfrentamiento con los mapuche hay mayor potencial de conflicto que en la clásica lucha de clases socioeconómicas; la desigualad social se deja resolver mucho más fácilmente que las tensiones entre el Estado y los mapuche”, asegura Detlef Nolte, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos del GIGA, en Hamburgo, agregando que, aunque es verdad que hay grandes desbalances en la distribución de la riqueza nacional, los estratos más pobres de Chile tienen un poder adquisitivo mucho mayor que hace veinte años.

“Su discordia con los mapuche es uno de los grandes problemas irresueltos del Estado chileno, que todavía no ha encontrado una manera de abordar el tema de sus derechos que sea satisfactoria para ambas partes”, explica Nolte y sigue: “Los mapuche han sido discriminados desde la época de la Independencia, sobre todo durante la dictadura militar, cuando fueron expropiados de sus territorios, pero también después de ella: en sus tierras se han construido centrales hidroeléctricas y de sus bosques se saca un gran provecho económico”.

La herencia de Sebastián Piñera

“Los mapuches no están dispuestos a hacer concesiones de cara al Estado chileno y éste no está en capacidad de darle a los mapuches la autonomía que ellos aspiran tener; por eso hay tan poco espacio para la negociación entre ellos”, dice por su parte Peter Imbusch, profesor de Sociología en la Universidad de Wuppertal, autor de monografías dedicadas a la política de los países latinoamericanos y co-editor del libro Chile heute (Chile hoy) junto a Nolte. En su opinión, los mapuche no son ignorados, sino percibidos como un auténtico estorbo.
Según Imbusch, esta situación cambió muy poco durante los Gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, la alianza de partidos de centro izquierda que aglutinaron a la oposición de Pinochet y que estuvo en el poder desde 1990 hasta marzo de 2010, cuando Sebastián Piñera asumió la presidencia en representación de la Coalición por el Cambio, una alianza de centro derecha. “Ahora que hay un nuevo mandatario cabe aspirar a que él tome la iniciativa de acercarse a los mapuche”, señala el catedrático de la alma máter de Wuppertal.
Salida negociada o violencia asegurada

“En el sur de Chile, donde viven los mapuche, este conflicto interno puede volverse virulento en el curso de los próximos años. Y es que, así como hay sectores de la población indígena que se han radicalizado y están dispuestos a enfrentarse al Estado usando la violencia, el Estado chileno se ampara bajo una legislación que data de la época de la dictadura militar para reprimir las protestas de los mapuche; el Estado chileno se percibe a sí mismo como una entidad unitaria que no puede aceptar las exigencias particularistas de los mapuche”, sostiene Nolte.

Amnistía Internacional ha denunciado las múltiples formas de discriminación de las que son víctimas los mapuche condenados por su presunta participación en la ocupación ilegal de tierras o la destrucción de instalaciones pertenecientes a empresas agrícolas y forestales en La Araucanía, asiento de varios pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles. No hay garantía de que sus juicios sean justos, ellos son objeto de procesos tanto en tribunales civiles como militares –hecho que, por sí solo, alarma a las organizaciones de derechos humanos en el mundo–, y se les sigue aplicando la poco transparente Ley Antiterrorista.

Chile bajo escrutinio

Los agentes de seguridad hacen uso excesivo de la fuerza al dispersar las manifestaciones de los mapuche y también durante la investigación y detención de personas imputadas. Ya en 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo reconocer que el Estado chileno tenía la responsabilidad de hacer frente a los actos delictivos y mantener el orden público, pero resaltó que estas tareas debían desempeñarse “respetando todos los derechos garantizados por la Constitución e instrumentos internacionales”.

Imbusch advierte que sea cual sea el signo político de los Gobiernos chilenos por venir, ninguno podrá seguirse dando el lujo de mantener una actitud intransigente en esta materia: “Los mapuche han adquirido una gran relevancia y mucha fuerza gracias al valor que se le ha dado a los grupos étnicos originarios del mundo en los últimos lustros. Eso significa que hay una opinión pública de escala internacional que estará prestando atención a lo que el Estado chileno haga para integrar a los mapuches al tejido social de la nación. Y lo que ha hecho hasta ahora en ese sentido deja mucho que desear”.