miércoles, 19 de enero de 2011

Cincuenta firmas en la mira por usar a Chile para eludir el pago de Ganancias


Molinos, Cargill, Torneos y Competencias y Shell figuran en la lista de las empresas sospechadas de afectar las arcas del Estado. El fisco quiere saber si utilizaban de forma “abusiva” el convenio de doble tributación con el país trasandino.
Alrededor de 50 empresas locales de gran envergadura se encuentran en la mira del fisco argentino por eludir el pago de Ganancias mediante maniobras abusivas que aprovechan un acuerdo tributario que la Argentina y Chile homologaron durante las dictaduras militares.
Tiempo Argentino pudo determinar por fuentes bien informadas que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está investigando el accionar de firmas de la talla de Torneos y Competencias, Cargill, Molinos y Shell, entre otras.
De forma oficial, las autoridades de la AFIP no confirmaron ni negaron este accionar porque recordaron que no pueden violar el secreto fiscal, pero admitieron que existe mucha indignación porque cada vez son más los casos de empresas que realizan operaciones de triangulación para eludir el pago de Ganancias y Bienes Personales.
Sin embargo, este diario pudo saber de manera fehaciente que el Estado argentino tiene bajo la lupa operaciones de triangulación por unos $ 400 millones que la cerealera Molinos realizó entre 2004 y 2009 utilizando este mecanismo.
De corroborarse que esta compañía se valió de este sistema para eludir el pago de Ganancias, el Estado Nacional habría sufrido un perjuicio del orden de los $ 140 millones.
Los especialistas del fisco argentino analizan además las exportaciones realizadas en 2009, a través de Chile, de otras 49 empresas entre las que también se hallan Torneos y Competencias, Cargill y la petrolera Shell.
El monto de las operaciones de comercio exterior sospechadas por la AFIP superaría los $ 130 millones, lo que en la práctica implicaría pérdidas adicionales para las arcas estatales de unos $ 43 millones.
Los expertos aseguran que este tipo de maniobras de triangulación sólo resultan factibles gracias al uso “abusivo” del convenio de doble tributación que existe entre Chile y Argentina.
El 13 de noviembre de 1976, en plena dictadura militar, el ministro de Relaciones Exteriores pinochetista Patricio Carvajal Prado y el contraalmirante argentino César Augusto Guzzetti homologaron un convenio con el propósito de evitar la doble tributación en materia de impuestos sobre la renta, Ganancias y sobre el capital y el patrimonio.
Este acuerdo establece esencialmente que más allá de la nacionalidad o domicilio de las personas, e incluso del lugar de celebración de los contratos, los beneficios de cualquier naturaleza que las empresas obtuvieren sólo se podrán gravar únicamente en el Estado contratante.
Sin embargo, algunas firmas han aprovechado los resquicios legales que ofrece esta normativa con el firme propósito de evitar el pago de Ganancias, utilizando un mecanismo de triangulación (ver infografía) que a su vez les permite usufructuar un régimen de beneficios fiscales que ofrece Chile denominado Sociedad de Plataforma.
El artículo 41 inciso D de la Ley de Impuesto a la Renta de este país explica que “la plataforma de inversiones o plataforma de negocios permite a los inversionistas extranjeros establecer en Chile una sociedad plataforma para administrar inversiones en terceros países sin tener que soportar en Chile los impuestos a la renta que originen dichas inversiones”.
En otras palabras, las empresas investigadas por el Estado argentino utilizan traders internacionales para hacer operaciones de triangulación “contables” y aprovechan el convenio firmado en plenas dictaduras por Chile y la Argentina, y el sistema de plataformas chileno para no pagar el Impuesto a las Ganancias ni en un país ni en el otro.
En la jerga de los contadores avezados en este tipo de maniobras se denomina “salir de shopping”, es decir buscar los “agujeros” que ofrece la arquitectura impositiva global para eludir el pago de impuestos mediante este tipo de operaciones.
Los cuadros políticos y técnicos de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que encabeza Ricardo Echegaray, están muy preocupados por las consecuencias nefastas que tienen este tipo de maniobras fiscales “nocivas” en las arcas del Estado. Por ello, AFIP ha homologado en el último año convenios con Rusia y otros países con el propósito de impedir que las multinacionales rehuyan el pago de impuestos amparándose en los agujeros de la legislación internacional y en sofisticados sistemas de elusión. “No es posible que en algunos casos un trabajador pague más Impuesto a las Ganancias que una compañía multinacional que factura millones de dólares”, reconoció a este diario un técnico de la AFIP. <

lunes, 17 de enero de 2011

Nidera: el poderoso lobby de la semillera acusada de esclavizar trabajadores


Qué se dice en el mercado sobre los casos de abuso de trabajadores de la firma fundada en Holanda. Los vínculos de su presidente Martín Mayer Wolf con grandes medios y su apoyo económico a la protesta rural durante el conflicto de la 125. Los consultores contratados para frenar el escándalo.
“Cada vez que alguna empresa del sector agroindustrial fija o lanza los precios de sus productos al inicio de una campaña agrícola, lo primero que se hace es mirar y comparar la referencia casi obligada que significa para el mercado la firma Nidera”.

Esta frase le pertenece a un importante operador de granos y se animó a graficar de esta manera el peso político y económico que representa la multinacional investigada por esclavismo.

El caso Nidera -que ahora está en manos de la Justicia- no deja de llamar la atención en el mercado, ya que se trata de una firma con más de 80 años de historia en el país que generó miles de puestos de trabajo y nunca tuvo problemas de índole judicial.

Pero, a partir de las denuncias fundamentadas por parte de algunos medios de comunicación sobre la situación de esclavitud en la que se encontraban trabajadores en un campo de San Pedro, verificada por la justicia, la visión sobre la empresa ya no volvió a ser la misma.

Ya casi nadie se anima a poner las manos en el fuego por la compañía, cuestión que hasta molestó a los propios directivos de Nidera.
“Es cierto que en el sector semillero existen condiciones de trabajo en negro y contrataciones temporarias en épocas de siembra y cosecha de granos, pero es difícil creer que haya habido semejante mal trato”, opinó uno de los operadores consultados.

En el plano político, Nidera mantuvo una activa participación a través de aportes económicos en el conflicto entre el campo y el Gobierno en 2008. Además, se comenta que su presidente, Martín Mayer Wolf, mantiene una amistad con directivos del diario La Nación, que hasta ahora la única refencia que hizo al escándalo que hoy monopoliza las conversaciones del mundo rural, fue la publicación de una tibia desmentida de la empresa.

Para enfrentar la crisis Nidera contrató al experimentado consultor Matteo Goretti, que asesora a medio gabinete macrista y participa de los equipos técnicos del PRO, nucleados en la Fundación Pensar que comanda el ministro de Desarrollo Económico porteño, Francisco “Pancho” Cabrera.

La teoría de la campaña mediática

“Estamos frente a un caso de condena mediática”, señaló a este medio un directivo de Nidera que prefirió no dar a conocer su nombre. “Si hay casos concretos de trabajo esclavo deberán ser condenados, pero nosotros tenemos todo en regla”, agregó, sin aportar mayor elemento ante la prueba docuental exhibida por Página 12 –fotos de trabajadores hacinados en barracones sin servicios mínimos- y las propias denuncias de la justicia y el gremio de peones rurales que lidera Gerónimo Venegas.


En defensa de Nidera

En medio de un silencio rotundo, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Asociación Semilleros Argentinos (ASA) fueron las únicas entidades del campo en salir a defender a Nidera, por pedido expreso de los titulares de la firma.

“La remuneración de los trabajadores rurales, cuyo mínimo se encuentra sustancialmente por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil incluye prestaciones que no son habituales en los sueldos de otros gremios, como vivienda, comida, salud, alfabetización, capacitación, fondo de sepelio y fondo de desempleo para más los de 800 mil trabajadores inscriptos de la actividad”, afirmó obediente la Rural de Hugo Biolcatti, que se excusó de merituar las denuncias de esclavitud que investiga no ya el gobierno, sino la propia justicia.

Mientras que por el lado de ASA, su presidente, Oscar Domingo, dijo que “ninguna de las empresas asociadas tiene personal en negro. No esperábamos este operativo, creemos que no lo merecemos por el aporte que hacemos a la sociedad”. De nuevo, la respuesta esgrimida no dio explicacione sobre las acusaciones concretas, más allá de las declaraciones dogmáticas.