Arde México: "Matamos y quemamos a las familias; a las mujeres las violamos" (Los Zetas)

5 policías federales, 1 agente de la policía municipal y 1 civil presunto sicario murieron el viernes 22/04 en un enfrentamiento en Ciudad Juárez, México, cuando un grupo de narcotraficantes emboscó a una patrulla policial, según fuentes de la Policía local, que también informaron que otros 2 agentes resultaron heridos.

1 de esos agentes murió en el hospital. Total: 8 muertos.

Según la Secretaría de Seguridad Pública, la emboscada se produjo en un cruce de avenidas cuando una patrulla federal y una municipal vigilaban la zona, y fueron detenidas supuestamente por un vendedor que les pidió apoyo, informó la agencia alemana DPA.

"Fue entonces que, por la parte trasera de los vehículos varios sujetos armados abrieron fuego contra los uniformados", informaron las autoridades federales.

El alcalde de Juárez, José Reyes Ferriz, decretó "código rojo" y se implementaron patrullajes y controles en retenes, además de sobrevuelos con helicóptero, para encontrar a los responsables.

La Policía Federal asumió el 08/04 las funciones de seguridad pública en Ciudad Juárez, en sustitución del Ejército, y con el apoyo de policías estatales y municipales.

La SSP federal aseguró que detuvo a 8 personas que tenían 1 fusil AK-47 y 1 subametralladora UZI, cartuchos útiles, diversas cantidades de droga, cocaína y marihuana, así como una camioneta robada.

La ciudad, fronteriza con El Paso, Texas (USA), es considerada como la localidad más azotada por la Violencia en México; más de 120 personas han sido asesinadas durante abril y más de 750 en lo que va del presente año.

La violencia es entre grupos de narcotraficantes que se disputan el control del territorio, y entre ambos y las fuerzas de seguridad y militares.

Precisamente por estos días mucho se observa, desde la web Blog del Narco acerca de la disputa entre bandas delictivas, y además de la ferocidad queda en claro el sofisticado equipamiento de esos grupos ilegales.

Todo esto lleva a Los Zetas, uno de los cárteles de moda en los medios de comunicación.

Fundado en 1999 por Arturo Guzmán Decena, Jesús Enrique Rejón Águila, Jaime González Durán, Heriberto Lazcano Lazcano y Miguel Treviño Morales, Los Zetas es una organización delictiva mexicana, cuyo principal negocio es el narcotráfico.

Se formó a partir de un grupo de militares que desertaron del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (GANFE) y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas (BFP) del Ejército Mexicano, fundados en 1994 con motivo del levantamiento zapatista de Chiapas y único grupo antiguo de elite que fueron entrenados por la Agencia Central de Inteligencia de USA.

Ellos recibieron entrenamiento de elite que incluyó manejo de armas sofisticadas y trabajo de contrainsurgencia.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) mexicana, al menos 40 ex integrantes de los Gafes se han integrado a las filas de los Zetas.

Además, están integrados en Los Zetas un indeterminado número de antiguos soldados de las fuerzas especiales de Guatemala.

Su área de influencia originaria era Tamaulipas pero más tarde extendieron su actividad a Nuevo León y Coahuila. También se han reportado movimientos en Nayarit, Sonora y Sinaloa (Los Mochis).

El 1er. líder militar del grupo de Los Zetas fue el teniente Manuel Alejandro Ruiz, cuyo Código Judicial en radio de la policía era "Z1", código de los oficiales de alto rango.

En cuanto al fundador del grupo, Arturo Guzmán Decena, se dio de alta en el ejército el 12 de mayo de 1992 y desertó el 27 de septiembre de 1997.

Él fue soldado de infantería, experto en combate, entrenado por militares y paramilitares israelíes.

Cuando desertó, se llevó con él a algunos integrantes del 70mo. batallón de Infantería, del 15to. Regimiento de Caballería Motorizada y de los fusileros paracaidistas.

En 1999 ya estaba trabajando para Osiel Cárdenas Guillén, como brazo armado del Cártel del Golfo.

Por entonces reclutó a integrantes del Batallón 15to. de Infantería, con cuartel general en Tamaulipas. Al menos 7 integrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) 308 también se pasó al delito.

Arturo Guzmán Decena murió durante un enfrentamiento en noviembre de 2002 en Matamoros (México).

Para entonces, Los Zetas ya era una maquinaria bélica organizada. Años después pasaron a ser un problema para el Cártel del Golfo, pues a la caída de Osiel Cárdenas Guillén, quien fue arrestado y extraditado a USA, los Zetas adquirieron su autonomía desde marzo de 2008.

Para ello, Los Zetas pactaron con los hermanos Beltrán Leyva y traicionaron al cártel de Sinaloa comandado por Ismael Zambada García ('el Mayo') y Joaquín Guzmán Loera ('el Chapo').

En octubre de 2008, el diario The Washington Times reportó que el FBI temía que Los Zetas confrontaran con las fuerzas de seguridad estadounidenses en el estado de Texas.

Pero la captura de su líder en Texas, al menos dilató ese objetivo.

Según Wikipedia, información obtenida en agosto de 2008 indica que Los Zetas tienen como comandante en jefe a Heriberto Lazcano Lazcano, 'el Lazca',y/o Z-3 quien en ausencia de Osiel Cárdenas Guillén, asumió el control del grupo.

Lo más reciente

Pero uno de los jefes más famosos, por su brutalidad, es Miguel Ángel Treviño Morales, alias 'el Comandante 40' o 'L40' o 'Z-40', quien parece controlar Cancún y Veracruz.

Precisamente los del Cártel del Golfo acaban de atrapar, filmar, ejecutar y subir a YouTube un video con fragmentos del interrogatorio a un grupo de sicarios de Los Zetas.

La camiseta negra revela quiénes son antes de escucharles. Y los hombres armados y con el rostro oculto que los rodean confirma que se trata de un interrogatorio no oficial.

Los primeros pertenecen al clan de los Zetas.

Los segundos, al Cártel del Golfo.

Ambos, en plena guerra por el control de las rutas de la droga.

El más reciente vdeo subido a Youtube, cortesía una vez más del Blog del Narco, ofrece el siguiente diálogo:

-¿Cuántas familias han matado?

-Muchas, bastantes. Las matamos y las quemamos.

-¿Por qué las queman?

-Porque lo ordena el Comendante 40. Bueno las llevamos y ellos las queman.

-¿Cómo las matan?

-Con un mazo.

-¿A las mujeres también las matan?

-A las mujeres, las violamos.

El día a día de los Zetas incluye el robo "a la gente de los pueblos" porque, dicen, llevan 3 meses sin cobrar de su jefes. "Robamos para comer, les robamos la comida y el dinero".

"Este es el grupo de los Zetas, una vergüenza. No pagan y matan a mujeres y niños", sentencia la voz que les ha interrogado, en un ingenioso intento del Cártel del Golfo por ganarse el favor de la opinión pública, que en estos temas importa mucho.

Ya se espera la venganza de Los Zetas. Porque no hay guerra sin propaganda.

PERONISMO Y LIBERACIÓN NACIONAL (1945-1955)Norberto Galasso

El peronismo en el poder
El 4 de junio de 1946, Juan Domingo Perón asume como presidente de la Nación Argentina. Se inicia así un complejo período de nueve años que se cierra el 16 de setiembre de 1955, al ser derrocado por un golpe militar.
El pensamiento liberal- conservador ha reducido esta experiencia muy rica en protagonismo popular calificándola como "dictadura", "totalitarismo" o "tiranía". La izquierda tradicional lo juzgó durante mucho tiempo como una expresión del "fascismo" o del "nazismo" que derrotado en Europa habría reflorecido
en nuestro país. La "Historia Social" lo reduce desdeñosamente a la condición de "populismo", es decir, un fenómeno político que si bien contenta a las masas y les otorga cierto protagonismo, cultiva la demagogia y no concreta transformaciones económico-sociales de importancia.
Estas interpretaciones parten de una apología -en mayor o menor medida- respecto a la Argentina anterior al 4 de junio de 1943, subordinándose a la óptica mitrista según la cual aquel habría sido "un gran país blanco y europeizado", ajeno a la "barbarie latinoamericana" y que "ocupaba un lugar importante
en el concierto de las naciones del mundo". Es decir, no advierten que existe una cuestión nacional a resolver, es decir, que se trata de una semicolonia proveedora de alimentos baratos al Imperio Británico y consumidora de sus excedentes industriales, con importante deuda externa y una gravísima deformación
económica hacia el puerto de Buenos Aires, instrumentada a través de la red ferroviaria británica.
Seguros, fletes, gran comercio importador y exportador, puertos, elevadores de granos, transportes, etc. eran extranjeros. Inclusive varios presidentes de nuestro país llegaron al cargo directamente desde su desempeño como abogados del gran capital inglés (Manuel Quintana en 1904, Roberto Ortiz en 1938) o
estrechamente ligados a la finanza europea (Victorino de la Plaza, en 1914) o subordinados al interés del capital extranjero (Mitre en 1868, Uriburu en 1930, A. P. Justo en 1932).
Si se parte de esta correcta caracterización de la Argentina agroexportadora, por cierto que resulta claro que el peronismo es un frente nacional, que quiebra esa dependencia. Sin embargo, su naturaleza policlasista y la conducción pendular del Gral. Perón le otorgan rasgos muy específicos que han provocado
más de un quebradero de cabeza a los intelectuales de la época que intentaron definirlo.
El peronismo: ¿fascismo o socialismo?
¿Cómo definir a ese "hecho maldito del país burgués", según lo calificaba John William Cooke?
Quizás la mejor manera sea, en primer término, desechar las falsas categorizaciones con que se ha pretendido aprehenderlo.
¿Se trata acaso de un movimiento fascista porque uno de sus principales sustentos es un sector del Ejército de reconocida tendencia antibritánica? ¿Se trata acaso de un movimiento socialista porque el otro sustento fundamental está dado por el fervoroso apoyo de la mayoría de la clase trabajadora? Ni lo uno, ni lo otro.
El fascismo es la dictadura de la clase dominante de los países capitalistas sin colonias, apoyada en grandes sectores de la clase media y ex -trabajadores lanzados a la desocupación, cuyo objetivo es liquidar la izquierda y consolidar el viejo orden a través de una política expansionista. Aquí, en cambio, la clase dominante se declara abiertamente en contra del General Perón, los trabajadores se organizan al
calor oficial y el enemigo principal -simbolizado por Braden- es el imperialismo, con la complicidad de amplios sectores de la clase media.
Por su parte, el socialismo implica la colectivización de la propiedad y aquí, el peronismo entrega el manejo de la economía a un "exitoso empresario" (Miguel Miranda) verificándose un proceso de desarrollo capitalista con base en el mercado interno como nunca antes se había visto en la Argentina, aunque
con avances sociales y una franja del aparato productivo que ha sido estatizada.
Las contradicciones del peronismo gobernante son muchas y mientras los obreros -que no tenían mucho que "desaprender"- captan inmediatamente sus aspectos más progresistas, los intelectuales -que saben mucho de los procesos europeos y los trasladan mecánicamente a una Argentina muy específica- se quedan perplejos o sueltan las interpretaciones más absurdas.
Esos rasgos contradictorios son, por ejemplo, que el peronismo es, desde su origen, un movimiento que impulsa el desarrollo capitalista, con fuerte apoyo de los trabajadores; que reconoce importantes conquistas sociales a los sectores obreros a través de un líder de origen militar; que promueve una intensa industrialización con capitales nacionales pero al mismo tiempo ocupa una importantísima franja de la
economía con empresas estatales, que gran parte de los empresarios industriales beneficiarios de crédito barato y mercado interno en crecimiento, son antiperonistas.
Frente a este fenómeno tan singular, se comprende la dificultad para descifrar su naturaleza histórica.
El frente antiimperialista
Sin embargo, a pesar de sus caracteres contradictorios, el peronismo se manifiesta, desde su nacimiento, como la expresión política de una confluencia de sectores nacionales, entendiendo por tales aquellos sectores de la sociedad argentina que, en mayor o menor medida, resultaban sofocados por el viejo régimen agroexportador que conformaba una economía complementaria del Imperio Británico: trabajadores
de una industria reciente crecida al calor de la crisis del treinta y de la Gran Guerra; sectores de clase media de modestos recursos, empleados de servicios y del aparato estatal; trabajadores estacionales y clases medias empobrecidas del interior; partes de un empresariado nuevo de capital nacional que
vende al mercado interno, sectores de la oficialidad del Ejército con posición nacional, en algunos casos, industrialistas; sectores de la Iglesia, a veces sacerdotes de vocación popular, pero más especialmente aquellos que desde una óptica conservadora intentan que los cambios que estiman inevitables se produzcan
en orden.
Esta confluencia de clases -en la cual coexisten, desde el principio, coincidencias y disidencias- se define nacional en tanto pugna por quebrar el sistema de la dominaci6n británica que ha convertido a la Argentina en la "granja de su Graciosa Majestad". Se trata, pues, de un frente antimperíalista o frente nacional
capaz de llevar a cabo esa ruptura de la dependencia. Esas diversas víctimas del imperialismo inglés, al no encontrar canales, en el escenario político del 40, por donde expresar su vocación de cambio, "inventan" el peronismo.
El radicalismo, después de aquella época de liderazgo yrigoyenista en la cual había mostrado pujanza y fervor antioligárquicos, había ingresado en caminos de "alvearización" integrándose al sistema de la dependencia, no solo porque el partido había caído bajo el control de una dirección conciliadora sino
porque una gran parte de sus bases se han adaptado al país agrario semicolonial. FORJA ha constituido el intento más importante por revivificar los viejos bríos y gestar un programa antiimperialista definido, pero su notable importancia ideológica no se ha traducido en fuerza política capaz de disputar el control
partidario a la vieja conducción. A su vez, tampoco los partidos de izquierda tradicional constituían herramientas aptas para expresar esas ansias de transformación que palpitaban en las mayorías populares.
El Partido Socialista, tomado ideológicamente por la clase dominante, profesaba un liberalismo oligárquico de izquierda, más preocupado por el divorcio, los homenajes a Rivadavia y las cooperativas que por el problema fundamental de los argentinos: la cuestión nacional. Su vieja base social -un proletariado artesanal y de servicios- había visto disminuida su influencia en la sociedad argentina, mientras
la nueva clase obrera industrial -de origen provinciano, especialmente- no se reconocía en esos hombres pretendidamente cultos, sólo preocupados por la suerte de ingleses y franceses en la contienda europea.
Asimismo, el Partido Comunista tampoco constituía un posible canal de las inquietudes populares. Si bien había visto crecer sus filas sindicales en los años treinta (en la medida en que la industrialización de la preguerra nuclea obreros) su sometimiento a las volteretas diplomáticas de la URSS -producto de la
teoría stalinista del "socialismo en un solo país, por supuesto, en la URSS- desprestigiaba a sus gremialistas y los aislaba de las bases. Así ocurrió, por ejemplo, con los obreros metalúrgicos y de los frigoríficos, cuyas huelgas fueron levantadas por decisión del Partido para no entorpecer las relaciones con empresas
anglo-yanquis y no perturbar el envío de carne a los ejércitos aliados, abandonando así la defensa de los reclamos salariales. Esa subordinación a la diplomacia soviética -por entonces del brazo de los Estados Unidos y Gran Bretaña- conduce a la agrupación, con la excusa de enfrentar al fascismo, a estrechar filas junto a los amigos, del imperialismo, desde Antonio Santamarina hasta Nicolás Repetto y la diplomacia anglo-yanqui.
Por estas razones, ese amplio frente social que clama por una conducción política, al no encontrar expresión en los partidos tradicionales, inventa un liderazgo sobre la marcha nucleándose alrededor del general Perón. "La del '45 -escribirá John W. Cooke- fue una situación revolucionaria donde los esquemas teóricos no servían. Faltaba una "Izquierda Nacional" y ese papel pasó a ocuparlo el peronismo,
aunque sin definirse como tal" (por supuesto, la diferencia no estriba meramente en el rótulo, sino en que el camino de la Liberación Nacional se intentará a través de un proyecto distinto del que hubiese implementado el socialismo revolucionario a la cabeza del frente).
Ese frente, que es nacional por su composición social y su objetivo político, ratifica entonces ese carácter cuando dirime fuerzas con otro frente de clases que se le opone: la vieja oligarquía (terratenientes, exportadores, importadores, grandes comerciantes y banqueros ) enfeudada desde décadas a los ingleses,
que arrastra consigo a un importante sector de clase media usufructuaria de algunas migajas del festín colonial (subordinada por la colonización pedagógica, a la clase dominante), alianza bendecida, protegida y hasta por momentos liderada, por el embajador norteamericano Spruille Braden.

LO QUE PARA NOSOTROS ES BUENO, PARA ELLOS ES MALO

Es bueno para nosotros la estatización de los fondos de las AFJP, es malo para ellos; Para nosotros es bueno porque queremos un estado fuerte y activo para que defienda al débil, pero es malo para ellos porque se tocaron sus intereses o de sus amigos, ellos quieren un estado chiquito y débil que solo este para meter mano dura y brindarles la seguridad que necesitan para disfrutar sus riquezas.
Es buena para nosotros la ley de radiodifusión pero para ellos es muy mala; Es bueno porque le quita el poder de manejar la comunicación a unos pocos y permite tener mayores medios informativos para conocer la verdad de las cosas además de que se generan muchísimos puestos de trabajo nuevos, pero es mala para ellos porque pierden el monopolio de la noticia sus amigos y aliados, esos que los tienen todos los días en sus pantallas dándole aire para que despotriquen contra el gobierno a cambio que nadie hable de los hijos robados de herrera de noble.
Es bueno para nosotras la política de derechos humanos del gobierno y es malo para ellos; Es bueno para nosotros porque tenemos memoria y no queremos que haya impunidad, pero es mala para ellos porque sus amigos, familiares o ellos mismos pueden ser condenados por los crímenes de la dictadura, algunos como actores principales de los años negros de la Argentina y otros como cómplices de esos delitos.
Bueno es para nosotros que se de la asignación universal por hijo, pero es negativa para ellos; Es positivo porque tenemos conciencia social y queremos un país equitativo, donde se trabaje para desterrar la pobreza y la desigualdad, pero es negativo para ellos porque ese dinero sería mejor, según ellos que se utilice para tener mayor superávit fiscal.
Es positivo tener una política de obras publicas pero es malo para ellos; Es positivo porque de esta manera se evito que la crisis mundial del 2009 en el resto del mundo no se sintiera en Argentina, es bueno porque no solo genera trabajo, sino que también se realizan las obras de infraestructura necesarias para que todos tengamos una vida digna (cloacas, agua potable, rutas, viviendas, etc.), pero es malo para ellos q no quieren que el estado gaste plata, y si la gasta que sea con las empresas de ellos sin importar nada más.
Y claro que lo que es bueno para nosotros es malo para ellos, pero quienes son ellos es la pregunta, denominarlos como ellos es muy amplio porque se puede entender a un Pinedo, Macri, De Narváez, Michetti o Estenssoro que lógicamente estén contra la inversión social, la inversión pública, la intervención del estado en la economía, o los juicios a los genocidas. Pero dentro del grupo ellos también hay otros grupos más difíciles de interpretar o entender, están los denominados peronistas disidentes donde ya desde el nombre se convierten en incomprensibles, ¿si se dicen peronistas como pueden estar contra las políticas más peronistas desde 1955 hasta el día?, ¿será porque necesitan que el gobierno fracase para tener alguna posibilidad electoral en 2011 o será que dicen ser peronistas para obtener votos del llamado voto cautivo del escudo y el partido? ¿O será las dos cosas? También están los radicales que después de demostrar su incapacidad de gobernar desde el nacimiento mismo del radicalismo, hoy demuestran su incapacidad de ser oposición y pasaron a ser el partido conservador que quiere volver al gobierno dos años (porque mas no durarían) para gastar la plata que este gobierno junto en el banco central. Pero los que mas, por lo menos a mí, me cuestan entender es la autodenominada izquierda representada por Ripoll, Lozano, Solanas, Donda, etc. Que por no aceptar lo bueno de este proyecto terminan apoyando a la oligarquía rural (sociedad rural y CRA) para que se quede con las comisiones de agricultura en el senado y en diputados, terminan prendiéndoles velas a Menem para que vaya al senado así vota con ellos las mismas leyes, terminan queriendo hacerse tan de izquierda que salen siempre en la foto a la derecha, tanto querer ser de izquierda que sus aliados políticos de la derecha los tienen así, como un cero a la izquierda… tanto querer ser los defensores de las banderas de izquierda que las guardaron todas(para que no se ensucien ) y hoy marchan bajo las de la derecha.
Entonces claro que lo que para nosotros es bueno para ellos es malo, porque lo bueno para nosotros es profundizar el modelo y que en el 2011 gane este proyecto nacional y popular, pero sería malo para ellos porque por fin llegaríamos al fin de sus privilegios y los de sus amigos, y porque no volvemos mas al pasado neoliberal que tanto daño le causo al país.
BETO MARTINEZ

Heller presenta su proyecto de nueva Ley de Entidades Financieras

El bloque Nuevo Encuentro presentará el proyecto del diputado nacional Carlos Heller de nueva ley de entidades financieras el lunes 26/04 a las 12:00, con el título “Ley de crédito productivo y cobertura universal de servicios financieros”.

"(...) Lejos de las pautas que exige el establishment financiero, la propuesta busca inaugurar un cambio de paradigma en la legislación de la actividad bancaria. Para empezar, se impulsa un modelo basado en los usuarios de los servicios financieros y no en las entidades que prestan esos servicios. Para los autores de la iniciativa, eso significa que los usuarios puedan acceder a los servicios bancarios con una mayor cobertura geográfica y una mayor inclusión. El modelo propuesto prevé que la actividad financiera sea considerada un servicio público. Considerar que la práctica de prestar dinero –créditos al consumo, a la inversión, a la compra de viviendas– es un servicio público implicaría que dicha actividad no quede más librada a la libre acción del mercado. Como sucede hoy.

La intención de los impulsores era presentar el proyecto antes de la apertura de las sesiones ordinarias, pero el debate en torno del uso de las reservas para pagar deuda –el discutido Fondo de Desendeudamiento– obligó a postergar la elaboración del texto. La iniciativa se podría resumir en las siguientes líneas de acción, que a su vez se podrían sintetizar en el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado de monitorear la actividad bancaria:

- Crear una superintendencia única para las entidades financieras, cambiarias y de valores. También crear un organismo que defienda los intereses de los actores financieros en todos los mercados, como asimismo los derechos de los usuarios.

- Regular las tasas para fomentar algunas actividades que sean esenciales.

- Obligar a los bancos a prestar dinero con fines puntuales. Se privilegiará a las pymes y a la economía social.

- Facilitar la labor de la banca nacional, tanto cooperativa como privada.

- Establecer requisitos diferenciados para los bancos privados de envergadura, por un lado, y para las cooperativas de crédito y las cajas populares, por otro.

- Fomentar el acceso y la inclusión al sistema bancario. Darle una impronta más federal. (...)".

¿QUE PASA QUE HASTA ESTA GENTE DICE ESTO?

El empeño opositor no choca contra los Kirchner, sino contra la Constitución. Acotar de manera eficiente los DNU se parece mucho a eliminarlos. El dictamen de anoche establece, por ejemplo, que el Congreso puede no sólo rechazar sino también anular un DNU. Es decir, disolver de manera retroactiva el vínculo jurídico creado por él. Esta cláusula introduce un problema práctico delicado. Un ejemplo: ¿qué empresa va a contratar con un Estado que, ante una catástrofe natural, compra bienes sin licitación o concurso, si presume que una mayoría circunstancial puede anular el marco jurídico de la operación sin que medie pleito judicial alguno? Hay otro problema, de principio: ¿qué capacidad tienen los legisladores para declarar nula una obligación o un derecho? La mayoría de los constitucionalistas no concede esa atribución ni siquiera a los jueces. Ahora bien, si las cámaras no pueden anular un DNU -como prevé la reglamentación actual-, quiere decir que las decisiones del presidente tienen fuerza de ley entre la promulgación del decreto y su aprobación por el Congreso. Como es así, la oposición se propone acotar ese período a 60 días.

Los rivales de los Kirchner descubrieron ayer que Cristina Kirchner podría escapar del grillete que le quieren imponer con la llave del veto. De allí que, a pedido de Margarita Stolbizer, introdujeran una cláusula insólita: "Esta ley no podrá ser vetada" (artículo 19). Pero ¿cómo remover una facultad constitucional por ley?

He aquí otra nota distintiva del momento político. La oposición, desesperada por mostrarle al electorado que es capaz de cumplir su mandato limitando al poderoso, juega en el borde externo de la legalidad. Modifica impuestos con mayorías dudosas, intenta anular lazos jurídicos con retroactividad o reforma la Constitución sin gozar del poder constituyente.

Este comportamiento está, sin querer, incentivado por el Gobierno. Es muy posible que la oposición se vuelva maximalista porque está segura de que sus decisiones serán esterilizadas. ¿O los adversarios de Cristina Kirchner serían igual de audaces, con los DNU o con el impuesto al cheque, si ella no hubiera anticipado que vetará lo que decidan?
Carlos Pagni
LA NACION

Destituyeron a los dos jueces que autorizaron las escuchas ilegales de Macri

Los jueces de Misiones, Horacio Gallardo y José Luis Rey, implicados en la causa de las escuchas telefónicas, fueron destituidos hoy por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de esa provincia, que consideró que cometieron "abuso".


Gallardo y Rey habían autorizado las intervenciones telefónicasa personas de diversos sectores sociales, entre ellos el dirigente de la comunidad judía Sergio Burstein y el empresario Carlos Avila, y fueron encontraros culpables de "falta de cumplimiento de los deberes inherentes al cargo".


Por esos hechos, fueron procesados y detenidos el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios y el ex policía federal Ciro James, y fueron citados a indagatoria el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y su ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, a quien el juez federal Norberto Oyarbide le postergó la indagatoria prevista para mañana.

Por cinco votos a favor de la destitución y dos en contra, el Jurado consideró que los ahora ex jueces "habían autorizado las escuchas sin saber a quien se escuchada, sin cotejar la información de las escuchas, sin controlar el trabajo de investigación que hacia la Policía y james", que era este ultimó el encargo de retirar las grabaciones de la SIDE "sin ningún tipo de control".


Para el tribunal, las víctimas del espionaje "no tenían ninguna relación con los hechos que se investiga" y fue afectado el "derecho a la intimidad de las personas".



Por su parte, el ahora ex juez Rey declaró que no tenía "ni idea" quién era Sergio Burstein, según publicó el sitio de Misiones Online.


Por la destitución votaron los jueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones Rubén Uset y Cristina Leiva; los diputados José Garzón Maceda y Rubén Redzuck, y el abogado Carlos Bobadilla.


En tanto, por el rechazo de la acusación lo hicieron el abogado Rubén Staude y Humberto Schiavoni, padre del jefe de campaña de Macri y jefe de la Corporación Sur, del mismo nombre.


Schiavoni, quien había votado por no iniciar el juicio y que fue el único de los jurados que no fue recusado por los jueces acusados, consideró que el accionar por el que fueron denunciados Rey y Gallardo no encuadraba en ninguna de las figuras contempladas para la realización del juicio.


Oyarbide había pedido el desafuero y la detención de los jueces. Ahora, analizará si los llama a indagatoria y, eventualmente, si les prohíbe salir del país y dispone nuevamente el arresto, dijeron fuentes allegadas al caso.


Gallardo y Rey no se habían presentado al llamado de Oyarbide porque se ampararon en sus fueros como magistrados y luego el Jurado de Enjuiciamiento de Misiones comenzó un proceso de destitución por mal desempeño.


En la causa también está procesado un secretario judicial y varios policías de Misiones por su participación en la maniobra de las escuchas.


Los jueces fueron quienes autorizaron la intervención de los teléfonos de las víctimas en el marco de causas penales en las que no estaban involucrados. Junto a Berstein también fueron "escuchados" el cuñado de Macri, Néstor Leonardo, y el empresario Carlos Avila, entre otros.


En tanto, para hoy miércoles estaba prevista la indagatoria de Montenegro pero fue suspendida por Oyarbide y quedó postergada para el próximo 30 de abril.


El magistrado adoptó la decisión después de que la Cámara Federal porteña le reclamara el expediente para resolver un pedido de apartamiento que el propio Montenegro formuló contra Oyarbide.


Con el objetivo de "garantizar adecuadamente el derecho de defensa del imputado", Oyarbide suspendió la declaración. La Cámara Federal deberá resolver esta semana si acepta o rechaza el pedido de Montenegro para apartar a Oyarbide de la investigación, habida cuenta de una vieja causa judicial que los enfrentó a ambos.


Cuando era fiscal, Montenegro pidió, en 1997, la indagatoria de Oyarbide en una causa en la que era investigado por la supuesta intervención ilegal de teléfonos del abogado Mariano Cúneo Libarona.


Según el Código Procesal, esa circunstancia obligaría a Oyarbide a apartarse del expediente, pero el juez rechazó tal situación y ahora será la Cámara la que deberá adoptar una decisión definitiva.


Montenegro y el ex ministro de Educación Narodowski están acusados del presunto encubrimiento de la asociación ilícita que realizan Palacios y James, quienes respectivamente trabajaban en sus carteras. Narodowski fue citado para el 26 de abril.


En tanto, Macri fue citado para el 5 de mayo como acusado de ser miembro de una asociación ilícita y de las escuchas de su cuñado y a Burstein.

TINELLI Y SAN LORENZO:Miserias en un club de 1ra. A

La mayoría del pueblo azulgrana y de los directivos quieren el regreso del peligroso Ramón Díaz, timonel que otorga mayor seguridad a buques que andan un poco a la deriva.
A Ramón le juega en contra su relacion con el conductor y empresarioMarcelo Tinelli,eso favorece al otro candidato: Ricardo Lavolpe quien es bancado por un personaje fuerte del club, se trata de un personaje casi típico en los clubes de la Asociación del Fútbol Argentino. Individuos que no son dirigentes pero pueden inclinar la balanza para un lado (en este caso, el de Lavolpe) por sus influencias y acceso al poder.

En San Lorenzo ese personaje parece llamarse Alfredo Gatti, quien fue barrabrava en los días cuando Lavolpe era arquero profesional. Y hoy día es un integrante de la intimidad de Marcelo Tinelli sin que se conozcan sus funciones. Menos aún el origen de los negocios que le permite una envidiable calidad de vida.

Gatti tiene algo a su favor: Tinelli no quiere que San Lorenzo contrate a Ramón Díaz. El hombre famoso de la TV que se enamoró de Diego Pablo Simeone, detesta a Ramón Díaz. En cuanto a Lavolpe, sostiene que ni fu ni fa.

En San Lorenzo tiene peso la voz de Tinelli, porque es un acreedor importante, un posible prestamista de jugadores y hasta un potencial financista de última instancia. En el fútbol de AFA existen, además, algunos dirigentes a quienes hipnotiza la fama de otros. 'Cholulos' extasiados por el contacto con los famosos.

Esa es la clave que ampara a Alfredo Gatti, quien también se hizo periodista y tiene un programa partidario. Él ha deslizado que sus inicios como comunicador fueron en Radio Rivadavia, donde el personal más antiguo dice que servía el café.
Tinelli, cuando era pobre y cronista, también trabajó en Rivadavia. No servía café pero...
Gatti es recordado en la vida íntima de San Lorenzo por cierto acontecimiento extradeportivo. Cuando, a fines de los años '70 llegó la 'temporada negra' de San Lorenzo, que derivó en el descenso de 1981, la 'barrabrava' era comandada por alias 'Papasso', 'Madera' y 'los Colorados', entre otros. Ellos habían decidido elegir a los 'alcanzapelotas', argumentando que los que tenía el club era 'lelos'.

El asunto es que Gatti, que fue 'alcanzapelotas' en un partido contra Newell´s, que terminó 0-3. En un momento del partido, Juan Rocha llegó para enfrentar al arquero 'cuervo' y Gatti, el 'alcanzapelotas', se arrojó a los pies del volante rosarino, y hasta intentó hacerle un tackle. Hábil, Rocha lo eludió, también al arqueró, y convirtió. La anécdota fue que el árbitro se hizo el distraido ante una situación insólito y sancionable.

De 'barrabrava', Gatti parece haber sido muy útil a algunos jugadores -algo así como un 'todoterreno' que le permitió un buen vínculo con Lavolpe, quien llegó en 1975 a San Lorenzo, procedente del Club Atlético Banfield.

En el Club Atlético San Lorenzo de Almagro permaneció hasta 1979, cuando viajó a México para atajar en el Atlante hasta 1982, y terminar su carrera de jugador en el Oaxtepec, en 1983. Luego se hizo DT.

"Gatti viajó a México en varias ocasiones, llevando camperas de cuero para vender allá, y se alojaba en la casa de Lavolpe", agregan quienes afirman conocer el vínculo.

Gatti es muy allegado al tesorero del club, Claudio Di Meglio.

Gatti tiene ingresos de Ideas del Sur y de Di Meglio, que le banca la página web DeSanLorenzo.com.

No deja de resultar curioso: Di Meglio es el tesorero de un club con enormes dificultades financieras, o sea con más deudas que dinero en caja o a cobrar, pero igual es importante.

Gatti convenció a Di Meglio que Lavolpe es el nombre apropiado, además para bloquear a Ramón Díaz, vetado por Tinelli.

Di Meglio tiene capacidad de presión sobre Savino, quien ya no decide pero quiere que gane el oficialismo, que lidera Di Meglio, para que no se investigue el descalabro financiero de estos 2 últimos años en donde la incursión Tinelli causó destrozos.

En San Lorenzo se afirma que la fórmula para suceder a Savino será integrada por Claudio Octavio Di Meglio, Carlos Abdo
Di Meglio, quien fue mencionado cuando la Justicia ordenó allanar la droguería Farmaline, en el marco de la investigación de los medicamentos adulterados, tiene su centro de operaciones en una financiera ubicada en el piso 13 de Maipú 155, donde a menudo se se hace el 'factoring' de los cheques por cobrar de San Lorenzo.

Di Meglio no le regala dinero a San Lorenzo: cobra tasas de interés del 25% mensual por el descuento de documentos. Su financiera también es visitada por Ideas del Sur, y por eso su relación con Fabián Scoltore, ejecutivo de Tinelli.

En febrero Tinelli le reclamó a Savino el dinero de todos los jugadores que él acercó y que en su momento dijo que él 'bancaría' pero no lo hizo. De allí la desesperación del actual presidente saliente, algo que le concedió más poder a Di Meglio.

Pero, dicen sus rivales, éste también tiene un talón de Aquiles: cuando Savino lo llevó como candidato a tesorero del club, ni siquiera era socio. Había sido hasta años antes, y la 'normalización' exigió toda una reingeniería que motivó denuncias ante la Inspección General de Justicia, todas las cuales fueron desestimadas.

No faltan quienes dicen que la IGJ prefirió desentenderse del tema porque algunos de los que querían denunciar a Di Meglio habían cometido algo similar con otro integrante de las listas de candidatos, 'el Colorado' Romero.

Romero hoy día es candidato a Vicepresidente del hijo de Luis Ángel Moretti, el directivo de Editorial Perfil. Es conocida la relación de la familia Fontevecchia, de Perfil, con San Lorenzo de Almagro.

En cuanto a Abdo, él tiene la concesión de la publicidad que rodea al campo de juego en la Asociación del Fútbol Argentino. Su empresa se llama Estática Internacional. Carlos Gatti, primo del otro Gatti, es quien le administra ese negocio en el Nacional B.

De todos modos con la previsible acumulación de billeteras, se estima que ocurrirá

> la salida de todos los históricos de la corriente de Savino/Guil (Reconstrucción Sanlorencista, luego llamada Unidos por San Lorenzo), y

> un modelo de club más vinculado a los grupos inversores y tráfico de jugadores.

Galeano sobre la Cumbre de la Tierra, Los derechos del hombre y la tierra

Mensaje del autor de Las Venas abiertas de América Latina a los asistentes a la Cumbre de la Madre Tierra que se celebra la semana que viene en Bolivia, como alternativa a la Cumbre sobre el Cambio Climático en Copenhague

Lamentablemente, no podré estar con ustedes. Ojalá se pueda hacer todo lo posible, y lo imposible también, para que la Cumbre de la Madre Tierra sea la primera etapa hacia la expresión colectiva de los pueblos que no dirigen la política mundial, pero la padecen.

Ojalá seamos capaces de llevar adelante estas dos iniciativas del compañero Evo [Morales, presidente de Bolivia], el Tribunal de la Justicia Climática y el Referéndum Mundial contra un sistema de poder fundado en la guerra y el derroche, que desprecia la vida humana y pone bandera de remate a nuestros bienes terrenales.

Ojalá seamos capaces de hablar poco y hacer mucho. Graves daños nos ha hecho, y nos sigue haciendo, la inflación palabraria, que en América Latina es más nociva que la inflación monetaria. Y también, y sobre todo, estamos hartos de la hipocresía de los países ricos, que nos están dejando sin planeta mientras pronuncian pomposos discursos para disimular el secuestro.

Hay quienes dicen que la hipocresía es el impuesto que el vicio paga a la virtud. Otros dicen que la hipocresía es la única prueba de la existencia del infinito. Y el discurserío de la llamada “comunidad internacional”, ese club de banqueros y guerreros, prueba que las dos definiciones son correctas.

Yo quiero celebrar, en cambio, la fuerza de verdad que irradian las palabras y los silencios que nacen de la comunión humana con la naturaleza. Y no es por casualidad que esta Cumbre de la Madre Tierra se realiza en Bolivia, esta nación de naciones que se está redescubriendo a sí misma al cabo de dos siglos de vida mentida.

Bolivia acaba de celebrar los diez años de la victoria popular en la guerra del agua, cuando el pueblo de Cochabamba fue capaz de derrotar a una todopoderosa empresa de California, dueña del agua por obra y gracia de un Gobierno que decía ser boliviano y era muy generoso con lo ajeno.

Esa guerra del agua fue una de las batallas que esta tierra sigue librando en defensa de sus recursos naturales, o sea: en defensa de su identidad con la naturaleza. Bolivia es una de las naciones americanas donde las culturas indígenas han sabido sobrevivir, y esas voces resuenan ahora con más fuerza que nunca, a pesar del largo tiempo de la persecución y del desprecio.

El mundo entero, aturdido como está, deambulando como ciego en tiroteo, tendría que escuchar esas voces.

Ellas nos enseñan que nosotros, los humanitos, somos parte de la naturaleza, parientes de todos los que tienen piernas, patas, alas o raíces.

La conquista europea condenó por idolatría a los indígenas que vivían esa comunión, y por creer en ella fueron azotados, degollados o quemados vivos.

Obstáculo al progreso

Desde aquellos tiempos del Renacimiento europeo, la naturaleza se convirtió en mercancía o en obstáculo al progreso humano. Y hasta hoy, ese divorcio entre nosotros y ella ha persistido, a tal punto que todavía hay gente de buena voluntad que se conmueve por la pobre naturaleza, tan maltratada, tan lastimada, pero viéndola desde afuera. Las culturas indígenas la ven desde adentro.

Viéndola, me veo. Lo que contra ella hago, está hecho contra mí. En ella me encuentro, mis piernas son también el camino que las anda.

Celebremos, pues, esta Cumbre de la Madre Tierra. Y ojalá los sordos escuchen: los derechos humanos y los derechos de la naturaleza son dos nombres de la misma dignidad.

EL CORDOBAZO,Por Rodolfo Walsh (Mayo de 1969)

Trabajadores metalúrgicos, del transporte y otros gremios declaran paros para los
días 15 y 16 de Mayo, en razón de las quitas zonales y el no reconocimiento de la
antigüedad por transferencias de empresas.
Los obreros mecánicos realizaban una asamblea y son reprimidos, defienden sus
derechos en una verdadera batalla campal en el centro de la ciudad el día 14 de
Mayo.
Los atropellos , la opresión, el desconocimiento de un sinnúmeros de derechos, la
vergüenza de todos los actos de gobierno, los problemas del estudiantado y los
centros vecinales se suman.
Se paraliza totalmente la ciudad el 16 de mayo. Nadie trabaja. Todos protestan.
El gobierno reprime.
En Corrientes es asesinado el estudiante Juan José Cabral. Se dispone el cierre
de la Universidad.
Todas las organizaciones estudiantiles protestan. Se preparan actos y
manifestaciones. Se trabaja en común acuerdo con la CGT.
El día 18 es asesinado en Rosario, el estudiante Adolfo Ramón Bello. Se realiza
con estudiantes, obreros y sacerdotes tercermundistas una marcha de silencio en
homenaje a los caídos.
El 23 de Mayo es ocupado el Barrio Clínicas por los estudiantes y son apoyados
por el resto del movimiento estudiantil.
El 26 de Mayo el movimiento obrero de Córdoba resuelve un paro general de la
actividades de 37 horas a partir de las 11 horas, para el 29 de Mayo, con
abandono de trabajo y concentraciones públicas de protesta.
Los estudiantes adhieren en todo a las resoluciones de la CGT. Los estudiantes
organizan y los obreros también. Millares y millares de volantes reclamando la
vigencia de los derechos conculcados inundan la ciudad los días previos.
El 29 de Mayo amanece tenso. Los trabajadores de luz y fuerza son atacados con
bombas de gases a la altura de Rioja y Gral. Paz. Una vez más la represión está
en marcha.
Las columnas de los trabajadores de las fábricas automotrices llegan a la ciudad
y son atacados. El comercio cierra sus puertas y la gente inunda las calles.
Corre la noticia de la muerte de Máximo Mena, obrero mecánico. Se produce un
estallido popular, la rebeldía contra tanta injusticia, contra los asesinatos, contra
los atropellos. La policía retrocede. Nadie controla la situación.
Es el pueblo. Son las bases sindicales y estudiantes que luchan enardecidas. El
apoyo total de la población.
Es la toma de conciencia contra tantas prohibiciones. Nada de tutelas ni
usurpadores del poder, ni de cómplices participacionistas.
El saldo de la batalla de Córdoba "El Cordobazo" es trágico. Decenas de
muertos, cientos de heridos. Pero la dignidad y el coraje de un pueblo florecen y
marcan una página histórica argentina y latinoamericana que no se borrará
jamás.
En medio de esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la voluntad del
pueblo, sepamos unirnos para contruir una sociedad más justa, donde el hombre
no sea lobo del hombre, sino su hermano.
"Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no
tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha
debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. la experiencia
colectiva se pierde, las lecciones se olvidan.
La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de
todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo...".
RODOLFO WALSH

La medida cautelar presentada x el compañero Leandro Martinez contra el accionar de Cobos

Leandro Martinez El 19 de abril a las 23:37
Hola Beto te hago llegar la presentación que realice hoy en el Juzgado Federal de Viedma..Un abrazo

SOLICITA MEDIDA CAUTELAR

Al Señor:
Juez Federal de Viedma
Su Despacho

LEOPOLDO LEANDRO MARTINEZ, por propio derecho, titular de D.N.I. 13.119.729, constituyendo el domicilio legal y real en el Barrio José M. Guido escalera Nº 2, Planta Baja Dpto. “B” de nuestra ciudad de Viedma, a vuestra señoría respetuosamente me presento y digo:
Que vengo a peticionar una MEDIDA CAUTELAR de acuerdo a las facultades que me confiere el art. 14 de la Constitución Nacional, en contra de la Resolución y votación adoptada por el Vicepresidente de la Nación Julio Cleto Cobos, haciendo una violación expresa al artículo 75 inc. 3º de nuestra Carta Magna Nacional por entender que hizo aprobar por mayoría simple una Ley del Impuesto al Cheque cuando se requería de MAYORIA ESPECIAL.
Esta solicitud se enmarca en una diligencia precautoria excepcional que tiende a modificar el estado de hecho o de derecho existente antes de la petición de su dictado, medida que se traduce en la injerencia del tribunal en la esfera de libertad de los justiciables a través de la orden de que cese una actividad contraria a derecho o de que se retrotraigan las resultas consumadas de un proceder antijurídico.
La medida Cautelar importa la emisión de un mandato judicial a la Cámara de Diputados Nacionales para que esta observe una conducta activa, no una mera abstención de ejecutar ciertos efectos, sino, directamente, una obligación de hacer. Y se suspenda la votación realizada en el Senado de la Nación de fecha 14/04/2010 por lesionar las normas legales siendo un acto de incumplimiento de Funcionario Público.
Al no estar legislada expresamente, solicito se deje sin efecto la petición en cuestión y que se dicte la norma de acuerdo a lo establecido en el Art. 75 inc. 3º y se eleve al Congreso de la Nación la suspensión dictada en la Sesión del Senado Nacional sin perjuicio de destacar que una futura reforma de la Ley en cuestión debe regularse específicamente.
Es por ello, que recurro por ante los estrados Federales de Viedma, para que eleve mediante resolución la suspensión de la aplicación de la votación llevada adelante por el Senado de la Nación en el Impuesto al Cheque que fue de carácter lesivo para la Constitución Nacional.
DOCUMENTAL:
1). Copia de medios gráficos que publicaron la votación.

SERA JUSTICIA.

Tinto y Choripan:Norberto Galasso

El escenario político argentino muestra hoy una nueva embestida desestabilizadora orquestada por la oposición con apoyatura externa. En los hechos -más allá de los discursos- se ha generado una nueva Unión Democrática que puja por atrasar el reloj de la historia. La reunión parlamentaria del último 3 de diciembre fue una clara expresión de este connubio: el oficialismo, primera minoría, quedaba subordinada al frente constituido por casi todo el resto de la oposición. Es decir, varias minorías, casi todas sin programa, otras con pasados impresentables, otras impulsadas por el oportunismo, se juntan para mostrarse como mayoría, con posibilidad de quórum propio y presidencia de comisiones. Es como si dijéramos que en un campeonato de fútbol el equipo que está en punta no es el primero porque la suma de puntos de todos los restantes lo supera ampliamente.

¿Qué razón los convoca para unificarse, para practicar lo que el viejo Yrigoyen impugnaba como «contubernio»? ¿Acaso algún proyecto de liberación o de cambio social? No lo tienen ni les importa, sólo quieren interrumpir la experiencia kirchnerista, destituir a la Presidenta o impedirle gobernar. Quienes desconocen la historia se sorprenden, seguramente, pero esto ocurrió siempre: derechas, centros e izquierdas del campo antinacional limaron sus diferencias coyunturales para enfrentar al movimiento nacional y popular en 1930, 1945, 1955 y 1973.

Con respecto a la participación de la llamada izquierda -y también del llamado «progresismo»- en estos contubernios, algunos han señalado que ello obedecía a que se trataba de agrupaciones sin obreros y que de la ausencia de ese cable a tierra provenía su insólita conciliación con la derecha, explicación que es válida, en algunos casos. Cooke, por su parte, sostuvo: «(en el 45) No es que la izquierda hiciera crisis: es que era una parte de la superestructura política del imperialismo y saltó junto con los demás pedazos de esa superestructura», y de ahí su desencuentro con las masas populares. Esto se verifica hoy, cuando asistimos al diálogo amabilísimo de algunos de sus dirigentes con personeros del imperialismo -«pero si apenas no acordamos en uno o dos temas», dirá el mismo personaje que en el 55 operaba de «comando civil»-.

Quizás en esta nueva Unión Democrática -como también ocurrió en las anteriores- resulte un acto de justicia distinguir entre aquellos que tienen clara conciencia restauradora, añorando volver al gobierno de los grandes poderes económicos internos y externos bajo la máscara de un De la Rúa, de aquellos otros cuya inexperiencia y debilidad ideológica los llevan a perjudicar a los mismos que dicen querer representar. Pero la historia se hace con hechos y no con intenciones. Son los hechos de ese día 3 -que fue un ensayo- lo que se reitera ahora profundizado y agravado con motivo del conflicto suscitado por la aplicación de reservas al Fondo del Bicentenario y la rebelión del presidente del Banco Central.

Esta concertación de los opositores ha adquirido rasgos claramente golpistas basándose en que el vicepresidente de la nación se ha definido como hombre de ellos, por lo cual bastaría un exitoso juicio político contra la Presidenta para interrumpir la experiencia kirchnerista y acabar con los avances nacionales y populares que se han ido concretando.

Por ello, tres dirigentes de peso han coincidido en avanzar hacia esa dirección: Juez, Carrió y Solanas. Carrió, que pregona la catástrofe para luego presentarse como un «Chapulín Colorado» que recomienda piadosamente serenidad al pueblo pues el enemigo «no cuenta con su astucia», y el señor Juez, que ha ocupado un lugar político repitiendo los chistes de la revista Hortensia leídos años atrás, han hablado, en medio del conflicto, de que «la transgresión a las instituciones» por parte de la Presidenta ha sido tal que «justifica el juicio político». A su vez, Solanas y dirigentes de su Proyecto Sur, han iniciado una demanda penal contra la Presidenta, creando condiciones para una citación a indagatoria que devendría en el camino hacia el juicio político (hemos tenido suerte que la jueza Sarmiento no estaba en ese despacho). Estos políticos no intentaron antes el juicio político contra presidentes que tenían sobrados méritos para ello como De La Rúa, Menem e incluso Alfonsín al paralizar la investigación de la deuda externa, y asimismo contra todo el Congreso que ha dejado dormir en el sótano la documentación del juez Ballesteros acerca de autopréstamos e irregularidades en el endeudamiento. Pero ahora han salido a defender la independencia del Banco Central respecto al Poder Ejecutivo, lo cual significa la dependencia respecto a los poderes financieros internacionales. Coincidentemente se manifestó Pinedo -haciendo honor a su apellido- del mismo modo que el PJ disidente también ha recurrido a la Justicia, como asimismo Magnetto ha visitado amablemente al presidente de la Corte y los senadores, respetuosos de la división de poderes, han ido a presionar a tres jueces de la Corte. Todo en nombre de las instituciones, porque como se sabe las instituciones deben ser respetadas cuando le dan a la oposición los mecanismos para trabar la acción de un gobierno con vocación nacional y popular y en caso contrario pueden no ser respetadas, pues nadie duda que todos estos legisladores fueron cómplices de la proscripción del peronismo durante 18 años, de ofrecerles ministros a los gobiernos de facto o gran cantidad de intendentes a la dictadura genocida del 76. Vaya si son importantes las instituciones... según convenga.

Por supuesto, para completar el carácter de Unión Democrática de nuevo tipo no bastaba el apoyo de «Clarín» con buena parte de sus acciones en poder del capital financiero yanqui. Era necesario, además, que un diplomático del imperialismo se anticipara a señalar que «hay inseguridad jurídica en la Argentina» y que un juez norteamericano diera curso a un pedido de embargo sobre nuestras reservas. Braden sabía mucho de estas cosas, pero le resultaba más difícil, en el 45, porque no estaba Cobos en aquellos tiempos, como siempre recuerda con sonrisa maléfica cierto comunicador social cuando se babea con los directivos de la Sociedad Rural. También Menem salió a la palestra a decir lo suyo y un prestigioso estudio jurídico contencioso administrativo, en la línea de Dromi, se puso a las órdenes de Martín Redrado con mucho entusiasmo.

Una vez más, las fuerzas que se autotitulan democráticas juegan la carta antidemocrática. Antes lo hacían con los fierros de los cuarteles, ahora, como ha dicho alguien, con «los fierros de los medios de comunicación», siempre en un abanico que va desde derechas, con clara conciencia de la defensa de sus privilegios, hasta supuestas izquierdas que les hacen el juego. De ahí la necesidad de que los sectores populares articulen sus fuerzas, multipliquen su militancia, den la batalla ideológica y se movilicen contra estos proyectos reaccionarios. No a principios del 2011, sino desde ahora. Ya mismo.

Alguien que sabía de estas cosas, nos dio un consejo de este tipo: «No hay que darles ni un tantito así de posibilidades». Una vez más, enfrente están los sectores populares, la CGT, los movimientos sociales, Carta Abierta, la pequeña y mediana industria, el cooperativismo, la militancia expresada en diversas agrupaciones, periodistas comprometidos con el pueblo y algunos políticos honestos, con los cuales se podrá disentir en algunas ideas, pero que se han negado a la maniobra destituyente, desde Heller y Sabbatella hasta Raimundi y unos pocos más, como así también radicales K, socialistas K, y las Madres de Plaza de Mayo.

Norberto Galasso

El juego del terror UN VIDEOJUEGO JAPONES QUE SIMULA VIOLACIONES

Es de origen japonés e incita al usuario a ser protagonista de violaciones múltiples y reiteradas, incluso a niñas. Se vende en el país y ya hay reclamos para que sea prohibido.

Un videojuego de origen japonés que simula violaciones de mujeres y que ha generado una oleada de repudios y reacciones para sacarlo de la venta en distintos países se puede conseguir en la Argentina a través de Internet en sitios de descargas y de subastas. Ante esta situación y a partir de un llamado de atención de la Cámara de Diputados, la Dirección Nacional de Política Criminal, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, acaba de emitir un dictamen con una serie de recomendaciones para prohibir la distribución y comercialización del cuestionado software. Además el secretario de Justicia, Héctor Masquelet, adelantó que promoverá desde esa cartera la redacción de una propuesta legislativa para regular los contenidos de los videojuegos, como en otros países.

El juego se llama Rapelay (rape significa violación en inglés) y comienza con la salida de la cárcel del protagonista principal de la historia, un hombre que para vengarse de una adolescente que lo denunció por intento de violación de una amiga, decide abusar de ella, de su madre y de la hermana de 12 años. Es un videojuego de rol de tipo interactivo: el jugador se mete en la piel del protagonista, del violador, y elige las formas de agresión. Puede violar virtualmente a las tres mujeres en una estación de tren, en un parque, en baños públicos. El “riesgo” que corre el protagonista es que las víctimas puedan quedar embarazadas a medida que aumenta el número de violaciones. En esos casos, el violador debe obligarlas a abortar, de lo contrario pueden incrementarse las posibilidades de que la adolescente lo mate a puñaladas y finalizar el juego. El grado de violencia sexual que transmite el videojuego es extremo.

El dictamen de la Dirección de Política Criminal advierte que los contenidos del videojuego “representan una clara apología del delito en relación a los ilícitos como abuso sexual, violación, delitos contra la integridad sexual, torturas, discriminación contra la mujer y pederastia, entre otros”. Además, el organismo señala que la comercialización y venta del producto, distribución y difusión de sus contenidos y acceso y divulgación violan el artículo 128 del Código Penal, que reprime con prisión de 6 meses a 4 años al que produzca, divulgue o propague “por cualquier medio toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”. Entre otras medidas, la Dirección de Política Criminal, encabezada por Mariano Ciafardini, recomienda al Ministerio de Justicia “arbitrar las medidas necesarias para evitar el ingreso al país a través de las autoridades competentes” y “notificar a las empresas nacionales que brindan el acceso a Internet de las posibles sanciones penales que pueden caberles por la publicación del videojuego para la descarga ilegal o difusión de imágenes del mismo por su contenido ilícito”. También aconseja prohibir la venta del producto en sitios de subastas argentinos, donde actualmente se puede conseguir. La Dirección de Política Criminal detectó que un usuario de la empresa Mercado Libre subastó el videojuego y finalizó la operación el 23 de setiembre de 2009.

El organismo se abocó al tema luego de que la Cámara de Diputados expresara a fin del año pasado su preocupación por la existencia en el país del Rapelay. La violencia que trasmite el videojuego se analizó en la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia a partir de un proyecto de un grupo de diputadas y diputadas socialistas, entre ellas, Silvia Augsburger, quien finalizó su mandato en diciembre. La iniciativa pedía al Poder Ejecutivo que “adopte las medidas necesarias para impedir el ingreso y difusión en la Argentina de este tipo de juegos que humillan y degradan los derechos humanos básicos de las mujeres”. Y recordaba que en 2007 la venta del Rapelay fue prohibida en Gran Bretaña por parte de su Parlamento por considerarlo “ultraviolento”.

En realidad, Rapelay ya lleva varios años en el mercado. Fue lanzado en 2006. Es un videojuego de tipo animé producido por la empresa Illusion Software, con sede en Japón, especializada en la venta de productos interactivos para adultos de contenido erótico o pornográfico. Se encuentra dentro del género hentai (que en japonés significa perversión o transformación), “caracterizado por mostrar o representar en su contenido imágenes de personas desnudas o escenas de sexo de tipo pornográfico”, explica el dictamen. “Las características interactivas del juego brindan la posibilidad al jugar de desvestir a las víctimas, abusar de ellas sexualmente a través de una mano virtual, forzar situaciones de sometimiento mediante el uso de determinados elementos (esposas, por ejemplo) y elegir la forma de violación”, describe el informe, elevado al secretario de Justicia.

Organizaciones de mujeres en distintas partes del mundo realizaron campañas para sacar el videojuego de la venta, entre ellas Equality Now, que trabaja a favor de la protección y la promoción de los derechos humanos de las mujeres en distintos países y en cuya junta directiva, entre especialistas de distintos países, está la abogada rosarina Susana Chiarotti. En su sitio, Equality Now destaca que el fabricante del software retiró de la venta Rapelay, pero sigue vendiendo juegos similares de pornografía extrema en forma de dibujos animados que incluyen a mujeres y niñas que son violadas y agredidas sexualmente de distintas formas. El problema es que Rapelay se encuentra disponible en docenas de sitios de Internet, de forma gratuita. “Obviamente es muy difícil detener la actividad en Internet. Pero los gobiernos tienen un papel en la regulación de este tipo de pornografía infantil extrema, tanto en sus países como en Internet”, señaló Taina Bien-Aime, de Equality Now, en declaraciones a la CNN. En ese sentido, consideró que el gobierno japonés debe “prohibir todos los juegos que promueven y simulen la violencia, la tortura y el acoso sexual”. A mediados del año pasado, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer le hizo a Japón un llamado en ese sentido. Los videojuegos del género hentai, sin embargo, siguen fabricándose en ese país. Y el Rapelay no es difícil de conseguir.

Fuente: pagina12.com.ar

REUTEMANN Y ALGUNOS DE SUS AMIGOS:LA VERDADERA HISTORIA

El ahora ex ministro de Hacienda de la administración Reutemann y de la dictadura, José María Candiotti; el titular de la Federación Industrial de Santa Fe, Roberto Paladini y la familia Acevedo, propietaria de Acindar, lugar donde José Alfredo Martínez de Hoz inventó el primer centro clandestino de detención de personas del país; giraron al exterior casi 40 millones de dólares durante el año pasado al mismo tiempo que predicaban sobre la necesidad de invertir en la provincia. En forma paralela, un ex comisario general presentó un pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por una serie de hechos ocurridos en la segunda mitad de los años noventa. En palabras de Paladini: “Quieren destruir al exitoso”. Detrás de estas postales del presente existe una historia en común. Candiotti, Paladini y Acindar crecieron a partir del terrorismo de estado y tomaron el advenimiento de la democracia como una simple anécdota de la crónica política argentina. El gobernador Reutemann, siempre presuroso por despegarse de funcionarios cuestionados, tampoco tuvo muy en claro qué significa haber medrado entre la sangre derramada. Una secuencia más de la película de la impunidad, la que habla de los negocios de los santafesinos exitosos.

Patricio

Mil quinientos argentinos se llevaron tres mil millones de dólares durante el año 2001, según constató la Administración Federal de Ingresos Públicos. Doscientos de ellos no declararon la transferencia al exterior y muchos presentaron declaraciones impositivas menores a las divisas giradas. La fuente informativa fue la Comisión Investigadora de Fuga de Capitales creada por la Cámara de Diputados de la Nación. Esa fue la revelación realizada por el periodista Roberto Navarro.
Uno de los que fugaron dinero es el ahora ex Ministro de Hacienda de la dictadura y de la segunda administración Reutemann, José María Candiotti. Sus giros al exterior ascendieron a 1.082.327 dólares.
-No fue una cuestión de información, anticipación o aprovechamiento. La gente actuó en defensa de sus intereses y su criterio respecto de cómo manejar sus inversiones y sus ahorros...Hace treinta o cuarenta años que estoy en la actividad financiera, trabajando en bancos y con inversiones, integré la Cámara Argentina de Fondos de Inversión y el año pasado, abocado completamente a la actividad privada, efectivamente, yo hice movimientos de fondos hacia el exterior -declaró Candiotti.
Repitió que “no iba a dar cifras” porque es un tema “de carácter eminentemente privado” y “que uno que maneja finanzas arbitre permanentemente las mejores oportunidades de inversión y ello puede ser que esté en el exterior en la Argentina”, dijo
Más allá de la supuesta impunidad que rodea a la llamada “actividad privada”, es necesario recordar que Candiotti comenzó a incrementar su patrimonio a partir de sus cargos en el estado santafesino durante la noche carnívora de la dictadura militar.
La actividad privada tampoco fue ni es neutral. Y ese es un pequeño detalle que parece importar poco al ex gobernador Carlos Reutemann.
El primer directorio del Banco Provincial de Santa Fe, al producirse el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, estaba compuesto por el doctor Alfredo Juan Luis Daverde, como presidente; el capitán de navío retirado, contador Lorenzo Mario Tettamanti; Ramón Bernardo Terruggi y José María Candiotti; como directores, entre otros.
A partir del 31 de marzo de 1980, por decreto 863, asumió como presidente el mencionado Candiotti, mientras que el vicepresidente primero era el contador Juan Carlos Mercier y uno de los directores era otro ubicuo funcionario del reutemanismo, Domingo Alfredo Esquivel.
Eran los días finales de la cacería humana desatada en el país y en la provincia. Ya por entonces se había producido la mayoría de los 520 desaparecidos con que hoy se señala el costo del terrorismo de estado en Santa Fe.
Candiotti, primero como director y luego como presidente del Banco Provincial, suscribió la primera memoria del ejercicio 1976, en donde se lee que la institución se ajusta “estrictamente a las metas fijadas por el Banco Central de la República Argentina” en relación a “la política monetaria establecida por la condición económica”. Decía aquel informe que los depósitos crecieron de 318 millones de pesos a 3.034 millones al 31 de diciembre de 1976.
En 1980, Candiotti asumió como presidente del Banco Provincial y sostuvo que “las instituciones financieras hoy más que nunca deben medir el riesgo crediticio extremando rigurosamente los análisis previos a la colocación de sus recursos prestables, ya que la iliquidez que muchas empresas enfrentan puede comprometer peligrosamente su patrimonio”.
El arzobispo santafesino, Vicente Faustino Zazpe, denunciaba -en soledad- que existía “una Argentina invisible” y que tanto el país como la provincia eran víctimas no solamente de la represión indiscriminada sino también de la patria financiera.
Candiotti, en tanto, habilitaba el Tesoro Regional del Banco Central en la sede rosarina del Provincial, lugar que luego sería tristemente célebre por un robo de 30 millones de dólares en los tiempos de Reutemann y Menem.
El gobernador era el vicealmirante Jorge Aníbal Desimoni hasta el 31 de marzo de 1981, cuando fue reemplazado por otro hombre de la marina, el contralmirante Rodolfo Luchetta, siendo designado José María Candiotti como Ministro de Hacienda y Economía hasta el 19 de enero de 1982. Su reemplazante fue otro conocido contador, Juan Carlos Mercier.
La dupla Candiotti - Mercier, ya sea desde el Ministerio de Hacienda o desde la cúpula del Banco Provincial, asistió al derrumbe del aparato productivo provincial, se cerraron 1.464 establecimientos industriales de más de 25 personas y se despidieron 317.488 trabajadores en todo el territorio santafesino.
Mercier siguió siendo ministro de Hacienda hasta el final del terrorismo de estado y Candiotti se mantuvo siempre expectante.
De la mano de Carlos Reutemann, la dupla volvió a encontrarse en lo más alto de las funciones económicas financieras de la provincia como hace 28 años atrás.
Candiotti redobló su soberbia al decir que “una cosa es la plata que se va pero nadie puede estar suponiendo que la plata está afuera. A lo mejor volvió”. Por lo que el periodista le repreguntó si entonces repatrió ese dinero, a lo que Candiotti contestó que no tenía por qué explicarlo.
Su concepción es que nadie merece razones cuando se trata de dineros privados aunque haya sido funcionario de la dictadura, ni tampoco hay que detenerse en diferenciar sistemas democráticos de autoristarismo.

Mortadela

Roberto Paladini es el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, titular del Foro Regional Rosario y uno de los principales representantes de la actividad frigorífica en América latina.
Su empresa facturó anualmente unos 300 millones de dolares.
Mientras su caja hablaba de semejante recaudación, Paladini decía que era necesario invertir en la región y priorizar los productos santafesinos. En su momento el diputado nacional Héctor Cavallero denunció que el empresario importaba carne de cerdo del Brasil en perjuicio de los criadores locales. Paladini no se inmutó. A través del Foro Regional Rosario llegó a convocar paneles integrados por el propio gobernador (en ese momento)Reutemann y el ex intendentey actual gobernador, Hermes Binner, a quienes les sugirió que cerraran las legislaturas provinciales. Desde el mencionado Foro, el empresario repite la necesidad de aplicar mano dura contra la delincuencia que generalmente es sinónimo de pobreza para la institución que preside.
-Daría la impresión de que hay que destruir al exitoso -le contestó al diario La Capital cuando le preguntaron por qué él y otros integrantes de sus familias aparecieron en el listado de la AFIP con una fuga de divisas que suman 11.746.742 dólares.
“Se quiere hacer pensar que nosotros hemos hecho alguna cosa anormal. No tengo nada que ocultar, está todo declarado. Son ahorros ganados limpiamente. No hay ninguna cuenta oculta o numerada, esto es una manera de proteger lo que uno ha ganado dignamente”, se indignó el empresario.
También en el pensamiento de Paladini hay un olvido: los beneficios que tuvo durante el terrorismo de estado.
Su lectura sobre el golpe contra Arturo Illia, por ejemplo, explica el por qué su presente como uno de los principales empresarios argentinos.
“El advenimiento de Onganía trajo la estabilidad económica. Krieger Vasena llevó el dólar recontralto y hubo estabilidad. Creo que no fueron años malos. Allí hubo problemas políticos y fundamentalmente sociales como el cordobazo. El gremialismo empresario tuvo un reacomodamiento institucional", dijo Paladini para el libro de este cronista “Desaparecidos, desocupados”.
Pero el principal elemento de disciplinamiento social y, por ende, de beneficios económicos para sus propios intereses, se dio durante el terrorismo de estado de 1976.
"En los 70, con la democracia, hubo un desarrollo importante, especialmente en los años 73 y 74 y hubo un problema muy serio, la patria sindical con una gravitación tremenda, para mal. Los dirigentes sindicales ocuparon posiciones políticas, pero no eran para defender al sector obrero, sino para defender su posición política y económica. Cuando llegaron los militares se atemperó la influencia sindical. Algunas cosas mejoraron. Existía el sábado inglés. Trabajábamos las 48 horas. Pero con el sábado inglés no se podía trabajar más de 44 horas. Eso trabajo una serie de problemas tremendos. Había paros por cualquier cosa. Eso mejoró. Comienza el terrorismo y la economía entra durante los primeros dos años del proceso en dos años buenos”, confesó Paladini.
En 1978 “se dio un punto de inflexión, donde comenzó la desindustrialización. Martínez de Hoz dijo que era lo mismo producir caramelos que acero”, recordó.
En los años ochenta “la empresa no creció. Llegamos a la nueva democracia y la Argentina sigue en un proceso de deterioro. Fueron diecisiete años de inflación de tres cifras. Eso llevó al país al borde del colapso”, describió Paladini al proceso histórico argentino.
Según su visión, “Menem produce un cambio en lo que la gente pensaba de él. Produce un giro de casi 180 grados. Sorprende al mundo. Trae cosas buenas y malas. Con Cavallo, el país sale de la hiperinflación, anhelada para cualquier proceso económico y se vivieron tres años de crecimiento. Se reactivó la economía”, sostuvo el empresario que junto a Juan Pablo Paladini y Rodolfo Paladini, giraron al exterior durante el año 2001, más de 11 millones de pesos dólares.
Todo un símbolo de un empresario que genera su riqueza con el trabajo de sus empleados y la manda afuera al mismo tiempo que pide créditos y solicita mano dura para cuidar sus inversiones.
Un exitoso, como él mismo se define.
Claro que detrás de ese éxito está la historia de los últimos 35 años.
Está la sangre derramada y los negocios que se hicieron sobre ella.

Acindar

Arturo, Jorge, Guillermo, Lola, Rafael, Patricia y Matilde Acevedo, giraron al exterior 36.382.178 dólares durante el año 2001.
Ellos forman parte de la familia que fundó la acería Acindar, primero en Rosario y luego afincada en Villa Constitución.
La misma que fue presidida por José Alfredo Martínez de Hoz y por el represor del Cordobazo, Alcides López Aufranc.
La siderúrgica que factura cientos de millones de dolares
Ganancias que se originaron hace tres décadas.
Desde 1973, integrantes de la división policial de la guardia rural, “Los Pumas”, estaban en Villa Constitución. Alejandro Lanusse, último presidente de la dictadura iniciada por Juan Carlos Onganía el 28 de junio de 1966, había definido al cordón industrial que iba de San Nicolás hasta Puerto General San Martín, como “el cinturón rojo del Paraná”.
El 25 de noviembre de 1974, la lista Marrón, con Alberto Piccinini a la cabeza, ganó por casi el 70 por ciento de los votos.
La democracia sindical duró solamente cuatro meses.
En la madrugada del 20 de marzo de 1975, una columna de un kilómetro y medio de automóviles y camiones invadieron Villa Constitución.
Policías provinciales, federales, hombres de la pesada y personajes como Aníbal Gordon, entre otros, hicieron del albergue de solteros de Acindar el primer centro clandestino de detención del país.
Había una razón de peso: el ex comisario de la policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández confesó que Martínez de Hoz, presidente de Acindar, pagó cien dólares a cada uno de los represores.
Hubo 300 detenciones y 20 desaparecidos, a partir de entonces.
Era el 20 de marzo de 1975.
Luego vino una huelga de casi sesenta días.
Para el ministro del Interior, Alberto Rocamora, se trató de un operativo para desarticular al “complot rojo contra la industria pesada del país”. Para el dirigente radical, Ricardo Balbín, “los sucesos de Villa Constitución fueron necesarios para erradicar a la subversión industrial”.
Walter Klein, socio de Martínez de Hoz, años después, fue mucho más contundente frente a la embajada de los Estados Unidos: “quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra”.
Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía Federal relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983, que "otra represión notoria de la Triple A fue la ejercida contra los activistas sindicales de Villa Constitución”.
Esa “operación fue dirigida por el comisario Antonio Fiscchietti, alias El Padrino o Don Chicho. Fiscchietti fue reclutado para integrarse en la AAA siendo delegado de la Policía Federal Argentina en la provincia de Tucumán”.
Sostuvo que “las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero”.
Remarcó que “el presidente de Metcon, por ejemplo, retribuía con una paga extra de 150 dólares diarios al oficial de policía que dirigía su custodia personal, por un servicio de vigilancia no superior a las seis horas de duración”.
Acindar “pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos. El pago estaba a cargo del jefe del Personal, Pedro Aznarez y del jefe de Relaciones Laborales, Roberto Pellegrini”.
Agregó que “Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa...".
Sin embargo, la empresa continuó con su plan.
“El 20 de marzo del 75 se produce la ocupación militar de Villa Constitución. Se interviene el sindicato, un despliegue impresionante, era un kilómetro y medio de vehículos de la policía federal, de gendarmería, la prefectura, la policía local había sido replegada a custodiar un puente que estaba cerca de la autopista y ocupan la ciudad en la madrugada y son detenidos alrededor de 150 compañeros. Un despliegue infernal. Mucho personal de civil, una gran incertidumbre, no se sabía dónde estaban los compañeros. Y la gente espontáneamente paraliza la fábrica y empieza una huelga que primero se decreta de hecho y después se organiza...”, relató Victorio Paulón, sobreviviente, dirigente de los metalúrgicos de Villa Constitución y miembro de la comisión directiva nacional de la Central de Trabajadores Argentinos.
"Con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical, que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte...hemos debilitado el poder sindical y ésta es la base para cualquier salida política en la Argentina", dijo un año después de la invasión a Villa Constitución, Juan Alemann, secretario de Hacienda de Jorge Videla.
Martínez de Hoz, devenido en ministro de Economía de la dictadura, firmó un decreto de promoción industrial para Acindar. El que había solicitado la medida era el ex presidente de la acería, el mismo José Alfredo Martínez de Hoz.
Acindar, otro exitoso santafesino.

La Corte enjuiciada

El ex Comisario General, Luis Alberto Galanzino, presentó ante la Legislatura un pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia e intervención del poder judicial de la provincia de Santa Fe por “morosidad e incumplimiento”, “prevaricato”, “retardo” y “denegación de justicia”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” y “estafa procesal en lo que respecta a la conducta del procurador general de la Corte”.
La historia del enfrentamiento entre Galanzino y los distintos poderes del estado se remontan a 1997, cuando demandó al entonces gobernador Jorge Obeid y su ministro de Gobierno, Roberto Rosúa por “daños y perjuicios” al decidir su retiro y la disolución de la sección Robos y Hurtos de La Santafesina SA.
La secuencia continuó en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde denunció que el ex Subsecretario de Seguridad Pública, José Bernhardt, había sido integrante de las patotas de las fuerzas conjuntas que trasladaban los presos políticos desde Santa Fe hasta La Calamita, uno de los más tristemente célebres centros clandestinos de detención de personas que funcionaron en la zona del Gran Rosario.
También denunció que el estado, a través del poder ejecutivo, desarticuló la red de prevención de delitos que constituían los procedimientos de las camineras en beneficio de negocios ilegales.
Galanzino, a principios de 2000, fue uno de los primeros que informó que el entonces jefe de La Santafesina SA, José Storani, tenía una causa abierta por apremios ilegales en la Unidad Regional XVII, con asiento en San Lorenzo, donde aquel era titular.
Las causas iniciadas fueron cerradas cuando Galanzino estuvo internado durante algunos meses en una clínica psiquiátrica, por lo que no pudo recusar la actuación de los funcionarios judiciales.
Cuando se presentó ante la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Rosario para que lo ayudara en su denuncia del poder judicial, horas más tarde sufrió un extraño atentado contra su domicilio particular: le habían cubierto la fachada con alquitrán.
Galanzino pidió “la intervención del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, dado la gravedad de los hechos que involucran a los miembros de la Corte Suprema de Justicia” y pide, además, que se “ordene la detención de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento”.
El ex integrante de La Santafesina SA, también anticipó que acudiriá “por recurso extraordinario por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fines de que se revisen los fallos y se restablezca la actividad jurisdiccional de todas y cada una” de las presentaciones que hizo ante miembros de la justicia provincial.
Una presentación que, en caso de investigarse, podría ofrecer respuestas sobre el origen de los exitosos santafesinos y la suerte de las mayorías provinciales.
Para tener cobertura judicial el y estos amigos, el entonces gobernador CARLOS REUTEMANN armó una Corte Suprema de Justicia Provincial con su primo RAFAEL GUTIÉRREZ como presidente, su Abogado personal EDUARDO SPULER ( q lo defendio en esta misma causa como en la de las inundaciones) y su ex espada Legislativa MARÍA ANGÉLICA GASTALDI y el 90 % de los Jueces y Fiscales que atendieron las denuncias por la inundación de Sta Fe, por supuesto Enriquecimiento Ilícito o por olvidar su Declaración Jurada de Bienes, asesinatos del 2001, etc. ascendieron y sus Abogados Defensores hoy son Jueces.
beto martinez

Ahora también vinculan a Burzaco con el espionaje ilegal porteño

En la figura del actual jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, puede estar la clave de la seguidilla de escándalos que han llevado a Mauricio Macri, Guillermo Montenegro y Mariano Narodowsky hacia el banquillo de los acusados.

En la primavera de 2007, el entonces diputado Burzaco suponía para sí mismo un futuro venturoso. Era el principal asesor en seguridad de Macri –que acababa de ser elegido jefe del Gobierno porteño– y daba por hecho su nombramiento como ministro del área. En ese contexto, se mostraría muy interesado en un asunto tecnológico: el software con el cual el Poder Ejecutivo nacional se protegía de posibles pinchaduras telefónicas. Y para interiorizarse de su mecanismo, no dudó en recurrir a las fuentes.

Lo cierto es que el ingeniero Ariel Garbarz experimentaría cierta sorpresa ante la visita del robusto legislador a su oficina del barrio de Palermo. Éste se dejó caer allí junto con dos técnicos de su confianza.

El anfitrión, a la cabeza de un equipo dependiente de la Universidad de Buenos Aires, había desarrollado durante 2006 –en coincidencia con el juicio político a Aníbal Ibarra– un programa de encriptación llamado DBA. De ese modo se neutralizó el espionaje sobre los celulares de 54 diputados de la Ciudad y todas las líneas de la Legislatura. Aquella maniobra se hacía a través de unidades interceptoras NAR6400 y AST128, con capacidad simultánea para oír unas 1.800 líneas. Ello derivó en un allanamiento a un edificio de Telecom en la localidad de Garín, donde fueron hallados nada menos que los puertos de entrada de tales equipos. Fue sugestivo que, poco antes de la irrupción policial, manos anónimas pegaran en los aparatos unas estiquetas escritas con birome en las que decía: “Observaciones Judiciales-Avenida de los Incas”, en alusión a la oficina de la Side encargada de hacer escuchas legales. Pero no tardaría en trascender que tal estructura en realidad era parte de una central de inteligencia manejada por misteriosas manos privadas.

Burzaco, en ocasión de su entrevista con Garbarz, escuchó las explicaciones del caso sin pronunciar palabra alguna. Sus acompañantes, en cambio, insistían en preguntar detalles del software en cuestión; especialmente, todo lo referido a su sistema de desbloqueo.

En diciembre de aquel año, luego de que Macri asumiera en la Ciudad, algo hizo que Garbarz recordara su encuentro con Burzaco: la flamante administración del PRO había ordenado desactivar ese sistema de protección, tanto el de los teléfonos fijos de la Legislatura como el de los celulares pertenecientes a los diputados. Objetivamente, se había liberado la zona para el espionaje.
Los pormenores de esta historia fueron relatados en marzo por Garbarz, durante su declaración ante el juez federal Norberto Oyarbide. También fue incorporado al expediente un informe pericial, suscripto por 28 ingenieros y analistas de sistemas de la UBA.

“La Justicia recién ahora está ante la punta del ovillo de una gran central de inteligencia articulada desde la ilegalidad”, sostuvo Garbarz en un díalogo con Miradas al Sur.

Es posible que, a raíz del testimonio realizado por este especialista en telecomunicaciones, los investigadores hayan evocado la súbita presentación en el despacho de Oyarbide del empresario Carlos Ávila –una de las víctimas del Macrigate–, ocurrida durante la mañana del 18 de febrero. En aquella oportunidad, éste dijo, casi a boca de jarro: “¡Ahora entiendo el motivo de mis pinchaduras!”.

En resumidas cuentas, responsabilizaría del asunto al Grupo Clarín y los directivos de su ex empresa, TyC Sports, puesto que al promediar 2007 el presidente de la AFA, Julio Grondona, le había encargado evaluar la posibilidad de romper el compromiso contractual con TyC, mediante la creación de un canal alternativo.

Por esos días, el CEO de TyC era Alejandro Burzaco, nada menos que hermano de Eugenio.

Danza con lobos. Ya se sabe que los sueños de gloria de este último sufrirían una postergación de casi dos años. No menos público es el baldazo de agua fría que significó para su autoestima el nombramiento del juez federal Guillermo Montenegro en el cargo al que ansiaba. Recién en diciembre de 2009, la debacle policial nacida con la eyección del comisario Jorge Fino Palacios y que concluyó con la caída de su sucesor, Osvaldo Chamorro, lo rescataría del ostrasismo.

Tal vez ahora paladee con fruición la vidriosa situación Montenegro, quien gambetea su indagatoria por encubrimiento como un futbolista de metegol. Sin embargo, su propio presente tampoco es plácido.

A casi tres meses del lanzamiento de la Mazorca del PRO, su magro desempeño en algunas calles de la ciudad es irremediáblmente opacado por el escandaloso currículum de los comisarios que integran su plana mayor.

Uno de ellos hasta fue acusado de matar a una prostituta, luego de contratar sus servicios. Al parecer, alguna desaveniencia hizo que la mujer lo atacara con un puñal, recibiendo cinco balazos por respuesta. El tipo –por entonces, comisario de la Federal– resultó al final sobreseído por defensa propia, pero fue expulsado de esa fuerza, antes de su ingreso en la Metropolitana.
Otro de sus camaradas fue protagonista de un episodio no menos desafortunado: un disparo accidental salido de su pistola reglamentaria malograría a un subordinado suyo. Al tiempo del incidente fue reclutado por Palacios en la policía macrista. Se trata del actual superintendente de Comunicaciones, Eduardo Jorge Martino.

Sobre él ahora pesa la sospecha de manejar una empresa de seguridad privada en la provincia de Buenos Aires, lo cual por ley es incompatible con su trabajo policial. El propio Burzaco salió en su defensa, afirmando que Martino había abdicado de la actividad privada en mayo de 2009, es decir, un mes antes de su incorporación a la Metropolitana. Sin embargo, la autorización del gobierno bonaerense para regentear esa agencia –firmada por el ministro Carlos Stornelli– está fechada el 24 de julio, o sea, 32 días después de asumir como funcionario de la ciudad.

Más catastrófico fue el caso del comisario Fausto Colombo, quien en sus años mozos había prestado servicios en Coordinación Federal, el brazo policial de la dictadura, junto con muchos colegas que terminarían en las filas de la Metropolitana. Pero no fue eso lo que lo llevó a la jubilación sino su procesamiento en una causa por coimas para proteger prostíbulos y proxenetas. En ella también está acusado otro ex mandamás de la milicia de Burzaco: el ex comisario Carlos Roncatti, oportunamente exonerado por la brutal represión que en 2003 desató contra los trabajadores de la fábrica recuperada Brukman.

No le va a la saga el actual superintendente de Investigaciones, Arturo Kervokian. Se lo vincula con el caso de Fernando Blanco, un hincha de Defensores de Belgrano que murió durante un operativo de seguridad que Kervokián encabezó el 25 de julio de 2007 en la cancha de Huracán.
Un vocero de Burzaco envió al respecto el siguiente comunicado a Miradas al Sur: “Tras ser consultada esta causa judicial por el sistema informático, no surge que el superintentente Kevorkián esté imputado en la misma”.

Entre los hombres de Burzaco también está Pascual Mazzeo, un antiguo oficial de inteligencia de la Federal que supo infiltrarse durante los años de plomo entre los militantes de la Juventud Universitaria Peronista de la facultad de Derecho. Hasta hace pocos meses, Palacios le había conferido una misión crucial: convertirse en ladero de Montenegro, para así controlar sus movimientos. Lo cierto es que, en su calidad de vaso comunicante entre el ministro y el Fino, el Flaco Pascual –como le dicen sus allegados– jugó un papel clave en la selección del personal de la Metropolitana

El actual director de control de Desempeño Profesional –una especie de sección de contrainteligencia– es Carlos Misurelli. Es otro de los despedidos en la purga que hubo en la Federal en el otoño de 2004. Tras su forzado retiro, llegó a ser el director ejecutivo de la Asociación de Protección de la Industria Fonográfica (Apdif). Ello tal vez explique la razón por la que Montenegro anunció que los primeros efectivos de la Metropolitana investigarán de manera excluyente la venta callejera de música y películas editadas de manera informal.

En semejante dream team, también resalta la figura del comisario general retirado Roberto Weschberg, a cargo de la Dirección Científica y Técnica de la Metropolitana. Hace apenas tres semanas, una sala de la Cámara Federal ratificó su procesamiento y el de otros cuatro comisarios de su antigua fuerza, acusados de peculado. Sucede que el quinteto encabezado por Waschberg tenía la presunta costumbre de modificar planillas de gastos de comida y adicionales para quedarse con el dinero.

A su vez, el actual superintendente de Seguridad y Policía Comunitaria es el ex comisario de la Federal Miguel Ciancio. Llegó a este puesto de la mano de Burzaco, tras el despido de su antecesor, el superintendente Miguél López. Hasta ese momento, Ciancio se desempeñaba como asesor del jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mientras que, en sus ratos libres, atiende su empresa, JSA Security, dedicada desde hace un cuarto de siglo a custiar hoteles y otros objetivos turísticos. Tanto es así que en la actualidad tiene entre su cartera de clientes a 14 firmas hoteleras de primer orden.

Estos son algunos de los 14 jefes policiales cuestionados por una amplia franja de la oposición por su cercanía con el Fino Palacios. Por caso, el diputado porteño de Nuevo Encuentro, Gonzalo Ruanova, reclamó a Macri la inmediata destitución de esa alegre camada. “Mientras la Justicia avanza en la búsqueda de responsabilidades de cada uno de los funcionarios, Macri no puede hacerse el distraído, y ya debería haber expulsado a esos policías”, fueron sus palabras.

En tanto, esquivando la demanda de articular una comisión legislativa de control policial, Montenegro ordenó disolver el área de reclutamiento de la policía porteña. A partir de ahora, la selección de efectivos provenientes de otras fuerzas quedará en manos de un civil; éste será el director de la academia policial, Miguel del Castillo. “Revisaremos legajo por legajo y extremaremos los controles”, anunció el ministro.

Por ahora, 14 de esos legajos aún no han sido revisados.

El artículo de Miradas Al Sur se titula "La punta del ovillo de la trama que ahora desvela al macrismo", y fue firmado por R. Ragendorfer y W. Goobar