viernes, 24 de septiembre de 2010

El presidente del banco vaticano, investigado por lavado de dinero


Ettore Gotti Tedeschi y el director general del IOR, bajo la lupa de la fiscalía de Roma, que se ha incautado de 23 millones de euros. La Santa Sede manifestõ su "asombro y perplejidad" y asegurõ que la información de la operación está en el Banco de Italia.

La Fiscalía de Roma ha ordenado a la policía financiera italiana incautarse de 23 millones de euros depositados en el Instituto para las Obras Religiosas (IOR), la banca del Vaticano, según informó Miguel Mora, corresponsal del diario El País, de Madrid.

Los peores recuerdos del Vaticano han regresado: Michel Sindona, Roberto Calvi, Paul Marcinkus, etc.

Fuentes cercanas a la investigación, agregó, han afirmado que el banco dirigido por Ettore Gotti Tedeschi habría incurrido en un posible delito contra las normativas europeas del lavado de dinero negro al no haber comunicado a las autoridades italianas los nombres de dos clientes que ingresaron hace unos días en el Instituto 20 millones de euros y 3 millones de euros, respectivamente.

Gotti Tedeschi y el director general del IOR han sido declarados sospechosos por la fiscalía. La Santa Sede ha manifestado su "perplejidad y asombro" por la iniciativa de la fiscalía y ha expresado la máxima confianza en ambos dirigentes, según se lee en una nota de la Secretaría de Estado.

"Es conocida nuestra clara voluntad ya manifestada por las autoridades de la Santa Sede de actuar con plena transparencia en lo referido a las operaciones financieras del IOR. Ello implica el cumplimiento de todos los trámites destinados a prevenir el terrorismo y lavado de capitales". Según el Vaticano, los datos referidos a la operación investigada están ya disponibles en la oficina competente del Banco de Italia.

El Vaticano ha informado además de que el IOR está en contacto con el Banco de Italia, con la OCDE y otros organismos competentes para que la Santa Sede sea incluida en la llamada lista blanca, la lista de países que no son considerados paraísos fiscales.

Los posibles delitos cometidos por el IOR son contrarios al decreto ley número 231 del 2007, aprobado por el Gobierno de Romano Prodi, que incorpora al derecho italiano la normativa comunitaria sobre la prevención del lavado de dinero. Su violación implica la reclusión de seis meses a un año y una multa de entre 5.000 y 500.000 euros.

Gotti Tedeschi, ex presidente del Santander Consumer Bank, la división italiana del Grupo Santander, es un economista muy próximo al Opus Dei. Su nombramiento al frente del IOR en septiembre del 2009, aprobado por la comisión cardenalicia que supervisa el banco de la Santa Sede, se interpretó como un intento de poner orden en las controvertidas finanzas vaticanas.

En 2009, la publicación del libro Vaticano S. A, de Gianluigi Nuzzi, sacudió los cimientos del banco ya que el periodista italiano revelaba, gracias a los documentos legados por un ex dirigente del IOR, que el Instituto llevaba años lavando dinero de la mafia y abriendo cuentas secretas a nombre de políticos como Giulio Andreotti, banqueros y empresarios.

En 1982, la banca vaticana protagonizó el mayor escándalo de su historia con la quiebra fraudulenta del Banco Ambrosiano, entonces la mayor institución privada italiana y muy cercana al IOR que presidía el arzobispo estadounidense Paul Marcinckus, máximo dirigente del banco entre 1971 y 1989. El arzobispo masón se libró de ser juzgado y arrestado gracias a su pasaporte vaticano.

El caso incluyó las muertes (todavía no aclaradas) de Roberto Calvi , presidente del Ambrosiano y miembro de la logia masónica Propaganda Due (P2), que apareció colgado en el puente de los Frailes Negros de Londres en 1982; y del financiero siciliano Michele Sindona, también masón y conocido como el banquero de la mafia, que murió envenenado con una taza de café en la cárcel en 1986 mientras cumplía cadena perpetua por haber ordenado el asesinato de Giorgio Ambrosoli, el inspector del Banco de Italia que investigaba a los bancos de Sindona.

jueves, 23 de septiembre de 2010

Duro revés a Macri: La Justicia habilitó la recolección de firmas para revocar su mandato

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad abrir el procedimiento de entrega de planillas para que puedan juntarse las firmas necesarias para lograr un referéndum sobre la posible revocatoria de mandato del jefe de Gobierno Mauricio Macri.

El pedido de revocatoria está amparado en el artículo 67 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dice que “el electorado tiene derecho a requerir la revocación del mandato de los funcionarios electivos fundándose en causas atinentes a su desempeño, impulsando una iniciativa con la firma del veinte por ciento de los inscriptos en el padrón electoral de la Ciudad o de la Comuna correspondiente”.

Para iniciar formalmente el trámite de la junta de firmas, la Constitución de la Ciudad le da competencia a su Tribunal Superior.

El pedido de habilitación de planillas fue realizado por el ciudadano Roberto Boico, quien como causa de la posible revocatoria de Macri señaló el “mal desempeño en sus funciones por las acciones que originaron su procesamiento en relación a los delitos contemplados en los artículos 153, 248, 293 y 210 del Código Penal”. Esta causal fue aceptada como válida por el Máximo Tribunal porteño para la fórmula que deberá figurar en las planillas de recolección de firmas, según publica el Centro de Información Judicial.

Según lo dispuso el Tribunal, las planillas podrán ser entregadas a partir del 1º de octubre. Asimismo, los jueces establecieron que las planillas “serán entregadas al señor Boico escalonadamente por la Secretaría Judicial en Asuntos Originarios, en el número necesario para reunir hasta 10.000 adhesiones. El nombrado podrá solicitar nuevas planillas cada vez que complete y entregue al Tribunal la mitad de las recibidas”.

Las mismas no podrán duplicarse, consecuentemente sólo se admitirá la recolección de firmas en los formularios originales entregados por el Tribunal.

En la misma resolución, los jueces Ana María Conde y José Casás aclararon en el fallo que “al decidir la apertura de un trámite similar en el expediente ‘Bergenfeld’ del 2 de febrero de 2005, corresponde dejar constancia que, para evitar toda utilización política del procedimiento, se advierte claramente que el Tribunal no se pronuncia aquí, de manera alguna, sobre la certeza, probabilidad o duda acerca de las imputaciones formuladas al jefe de Gobierno y, menos aún, emite un juicio de valor acerca ellas. En sentido estricto, la ‘preparación del trámite’ sólo significa abrir el procedimiento y entregar los documentos que harán posible la adhesión de los electores”.

Según la Constitución porteña, el requirente deberá juntar las firmas del veinte por ciento de los inscriptos en el padrón electoral de la Ciudad. Una vez cumplido ese requisito, el Tribunal Superior deberá comprobar la validez de las firmas y de ser correctas, deberá convocar a referéndum de revocación de mandato dentro de los 90 días, el cual será de participación obligatoria para toda la ciudadanía.

Carta de Médicos de pueblos fumigados a Presidente de la Nación


CARTA a la Sra Presidente de la Nación

Domingo, 29 de agosto de 2010 a las 10:56 A la Presidenta de la Republica Argentina: Dra. Cristina Fernández de Kirchner, a los habitantes de los Pueblos Fumigados de la Argentina, a todo el pueblo argentino:

Los miembros de los equipos de salud de los Pueblos Fumigados de la Argentina, junto con los científicos, investigadores y académicos, convocados por la Facultad de Ciencias Médicas en esta Universidad Nacional de Córdoba; al igual que los estudiantes de la Reforma Universitaria de 1918, nos sentimos en la obligación, nosotros también, de llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Por lo tanto decimos: Que, como los propios habitantes de los Pueblos Fumigados vienen denunciando desde hace varios años, es muy importante la agresión a la salud humana en las poblaciones de las localidades sometidas a fumigaciones constantes en la Argentina, y que la situación se agrava día a día.

Que enfermedades severas como canceres, abortos espontáneos, trastornos de la fertilidad y nacimiento de hijos con malformaciones congénitas se detectan ahora, con mucha mayor frecuencia. Que trastornos respiratorios, endocrinos, neurológicos, hematológicos y psíquicos son también mucho más frecuentes en las poblaciones sistemáticamente fumigadas a consecuencia del actual modelo de producción agroindustrial.

Que esta situación se comenzó a observar con la instrumentación de la práctica agro-productiva que incluye la utilización masiva de plaguicidas químicos.

Que la utilización de plaguicidas no deja de aumentar año a año, y que el aumento de su consumo creció en 14 años casi un 1000 por ciento. Que los habitantes de los pueblos fumigados (12 millones de personas) reciben en forma directa las aspersiones con estos venenos, porque se realizan sobre sus viviendas por vía aérea o en forma terrestre hasta el limite mismo de sus casas y localidades.

Que el fenómeno que observamos se repite inexorablemente en todas las provincias donde se lleva adelante esta practica productiva.

Que los datos de investigaciones, publicados en revistas científicas internacionales arbitradas, en modelos experimentales con diversos plaguicidas, incluyendo glifosato, establecen una fuerte plausibilidad que explicaría la causalidad biológica de las manifestaciones clínicas que observamos en nuestros pacientes.

Que la revisión sistemática de los estudios clínicos y epidemiológicos de observación, bien construidos, genera evidencia que es suficientemente fuerte y consistente para reconocer que la exposición a plaguicidas aumenta el riesgo de afectar la salud humana a través de una amplia gama de situaciones de exposición a poblaciones vulnerables.

Que es urgente avanzar en las restricciones públicas al uso de los plaguicidas, y que dentro de pocos meses, en la presiembra de soja, se comenzara nuevamente a envenenar masivamente las poblaciones de los Pueblos Fumigados de la Argentina.

Que es necesario que se aplique el PRINCIPIO PRECAUTORIO establecido en la Ley General del Ambiente Nº 25.675, Art4º.-, que dice: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.

Por lo que:

Requerimos de la Presidenta de la Nación, del Ministro de Salud y del Ministro del Interior que se proteja la salud y la vida de la población de los Pueblos Fumigados y se PROHIBA inmediatamente las fumigaciones aéreas en todo el territorio nacional, como ya se estableció en la Unión Europea, y se restrinjan las fumigaciones terrestres alejándolas del limite de las plantas urbanos de los pueblos.

Instamos al Congreso de la Nación a que trate y apruebe leyes que prohíban las fumigaciones aéreas en todo el país, se alejen las terrestres de las poblaciones y se consideren a las fumigaciones ilegales delitos que atentan contra la salud y el ambiente.

Convocamos a todas las Facultades de Medicina del país y a todas las Universidades Publicas a acompañarnos en la defensa del derecho a la vida, a la salud y al ambiente sano; a exigir que se tomen las medidas urgentes que reclamamos y; les solicitamos que estimulen programas de investigación y extensión sobre este problema y desarrollen contenidos de salud ambiental en las distintas instancias educativas.

Creemos que además de parar de fumigar, es preciso prohibir también la utilización de cualquier modo de plaguicidas de las clases toxicologicas I y II y poner en cuestionamiento el actual modelo de producción agroindustrial y transgénico y buscar sistemas que permitan la integración social y cultural y la defensa y reproducción de las condiciones ecológicas de nuestro medio ambiente.

Por ultimo, convocamos a todos los miembros de los equipos de salud en general, a los estudiantes, a los vecinos de los pueblos y a todos los que entiendan que en esta democracia necesitamos que se prioricen valores como la salud y el ambiente sobre los intereses económicos y comerciales de grandes empresas y grupos como Monsanto o los pools de siembra, a generar una corriente de opinión en defensa de las salud de los pueblos fumigados y a participar del Foro Argentino de Salud y Ambiente que queda constituido.-

www.renace.net

lunes, 20 de septiembre de 2010

La sotana que avaló la tortura


Al cura Eugenio Zitelli le llegó, al fin, el tiempo de dar explicaciones ante la justicia federal. Durante tantos años de impunidad, el actual cura párroco de la ciudad de Casilda, nombrado Monseñor por el Arzobispado de Rosario, gozó de la libertad que le otorgó el beneficio de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Zitelli fue señalado como colaborador y partícipe del esquema represivo que operó en el Servicio de Informaciones de Rosario donde se desempeñó como capellán de la policía rosarina durante la última dictadura militar. Organismos de Derechos Humanos lo denunciaron formalmente ante la fiscalía que actúa en la causa Díaz Bessone
Eugenio Zitelli fue Capellán de la policía rosarina durante la última dictadura militar. Se desempeñó en el Servicio de Informaciones de Rosario en tiempos en que operaba la patota del represor Agustín Feced en el mayor centro clandestino de detención que funcionó en la ciudad de Rosario. En el libro escrito por el periodista Carlos Del Frade, “El Rosario de Galtieri”, se detalla que Zitelli “fue denunciado como colaborador de los torturadores y su nombre aparece en el informe de la CONADEP, conocido como “Nunca Más”. Justificó las torturas ante el ex sacerdote Angel Presello al decir que “sin tortura no hay información”. Una de las sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionó en el servicio de informaciones, en la esquina de San Lorenzo y Dorrego, aseguró que “Zitelli se indignaba frente a las denuncias de violaciones, pero ante las demás torturas manifestaba que son un medio para obtener información”.

En el año 1998, Zitelli es nombrado con el cargo de “Monseñor” por el Arzobispado de Rosario. Actualmente, es cura párroco en la ciudad de Casilda, lugar que lo ve cotidianamente mostrarse con la sotana de la impunidad y participar de actos oficiales junto al poder político de la ciudad. El pasado viernes 10 de septiembre organismos de Derechos Humanos presentaron una denuncia ante la Fiscalía en el marco de la causa Díaz Bessone para pedir que se lo investigue en su accionar durante aquellos años.

En la investigación llevada adelante por Carlos del Frade en su libro “El Rosario de Galtieri” se cita la declaración de un suboficial retirado de la policía provincial, quien afirmó que “a principios del 76, cuando me tocó hacer guardia en ese entrepiso que daba a la ochava de San Lorenzo y Dorrego, donde una escalera comunicaba a las piezas donde estaban, por separado, las mujeres y los hombres detenidos, asistí a una sesión de tortura donde él estaba presente".

Juan José Noste es presidente de UMANO (Unidos por la Memoria y Ante el Olvido). En diálogo con enREDando explica que “esta presentación formal es para que se lleve dentro del tribunal un estudio de quien fuera el Capellán de la Unidad Regional II, Eugenio Zitelli. El tenía todas las tareas de un capellán en un cuerpo de fuerza. Accede a ese cargo en el año 1964 y se aleja con el advenimiento de la democracia. A partir del año 84, Zitelli vuelve a Casilda como cura párroco de la iglesia mayor San Pedro Apóstol. Hasta la fecha, es el cura principal de la ciudad. En el año 98, el Arzobispado de Rosario tramitó ante el Vaticano el título de Monseñor.”

Eugenio Zitelli cuenta con la complicidad de una gran parte de la sociedad civil y del poder político. Del Frade afirma: “Su impunidad lo llevó a bendecir los actos centrales por el bicentenario y hasta participó de la misa en la que se recordó a Evita, el pasado 26 de julio, una verdadera provocación para los sobrevivientes de aquella década del setenta que hicieron de la abanderada de los humildes la síntesis revolucionaria de sus vidas.”

“Recién ahora el poder político ha tomado una posición peticionando que se lo juzgue”, explica Noste. “Zitelli ha tenido participación en todos los eventos sociales y políticos. No pudimos lograr que los políticos de Casilda tomaran una posición más crítica.” Al mismo tiempo, también reconoce que la sociedad de la ciudad “ha sido muy receptiva” ante la presencia del cura que habría participado en misas y confesiones en el Servicio de Informaciones de Rosario. “Casilda es católica y muy ortodoxa. Aunque recién ahora, los jóvenes están participando. Hay un cambio de cosmovisión de la realidad.”

Por otra parte, la presentación judicial incluye testimonios de víctimas que reconocen a Zitelli como parte de la maquinaria represiva y declaraciones públicas del propio Zitelli. En este sentido, Noste afirma que “hay un video de él donde describe y relata cómo era el movimiento de las detenidas. Dice que ha tenido momentos de estar con las presas. Ha justificado la tortura pero no la violación. Esto está dicho por él y hay detenidas que lo van a testimoniar. Hemos tenido compañeros que lo han visto en el Servicio de Informaciones. Zitelli era parte del esquema del Servicio de Informaciones”.

Es evidente que durante tantos años de impunidad, Zitelli gozó del acompañamiento y complicidad de gran parte del sector político casildense y es esto, lo que los organismos de Derechos humanos repudian abiertamente. “La condena política y moral se podría haber tomado mucho antes, exigirle que no esté presente en los actos políticos, sin embargo no lo han hecho, por debilidad política, por coincidencia ideológica. Esto es lo que se le pedía al poder político. Una persona que se reconoce como Capellán durante la dictadura no puede ser reconocido.”

La Dra. Luciana Cenci es una de las abogadas que patrocinó el escrito contra Zitelli. “Esta presentación la realizamos con varias organizaciones de derechos humanos y civiles. En ella, ponemos en conocimiento de la fiscalía de la causa Díaz Bessone hechos de incumbencia penal en los que podría haber incurrido el Monseñor Zitelli cuando era Capellán de la policía de Feced en la policía de Rosario”, apunta con claridad la abogada. Y agrega: “Hay víctimas que lo han reconocido y que ya lo han denunciado en la Causa Feced que data del año 1984. En aquel expediente Zitelli estaba citado por las víctimas en sus presentaciones y estaba solicitada la declaración indagatoria de Zitelli por parte de las víctimas, ya en ese entonces. Lo que sucedió es que las leyes de Obediencia de Debida y Punto pusieron precisamente punto final a este proceso que recién se abre a partir de esta causa.”

El propio Agustín Feced cita en su declaración indagatoria a Eugenio Zitelli, “manifestando que fue quien bautizó a una de las hijas de Betanín durante el cautiverio y él mismo lo nombra como Capellán de la policía. Zitelli fue citado a declarar como testigo en una de las causas pero no fue citado a declarar como indagatoria según tengo entendido, porque el mismo proceso de impunidad impidió que así se haga”.

A partir de ahora, se inicia un proceso de investigación judicial del accionar de Eugenio Zitelli de aquella época “con toda la actividad probatoria que los fiscales estimen pertinente realizar y también si lo estiman pertinente la citación a declaración indagatoria por parte del cura Zitelli. Una de las probanzas que nosotros establecimos en este escrito es precisamente una declaración que se le hace en el año 95 en un programa de televisión de Casilda donde él mismo cuenta su accionar en la Jefatura de policía describiendo que había presos comunes y presos especiales, que se entrevista con ellos y que realizaba misas. Allí dice que no justifica la reacción de la dictadura pero que sí se la explica. Zitelli fue una parte más del eslabón. No olvidemos que en este proceso militar había personal civil, y en este caso, un personal que representa uno de los poderes más grandes, que es la Iglesia”.

Por su parte, Norma Ríos de APDH Rosario, repudia la reivindicación que ha tenido Zitelli al ser nombrado con el mote de Monseñor. “Esto demuestra que tiene una cobertura total y absoluta por parte de la Iglesia”. También recuerda aquel escrache que le realizaron en la ciudad de Casilda y una anécdota muy particular que vivió Norma Ríos en el año 1996. “Cuando mi sobrino muere en el año 96, lo asesina un policía de la santafesina para robarle la moto, voy y lo que encuentro al lado de la cama de mi hermana era a Zitelli. Ahí le digo “que hijo de puta, que hacés acá. No te acordás de mí?”. Yo nunca estuve en un centro clandestino. El tipo huyó despavorido. Él sabe que esto es cierto, sino no se hubiese ido.”

De Familiares, enREDando dialogó con Élida Luna, quien se remonta a tiempo antes del golpe militar.“Zitelli trabajaba de cura en Villa Gobernador Gálvez en una capilla donde nosotros decimos que ahí hacía trabajo de inteligencia. Allí tenemos un compañero que es Oscar Medina que está desaparecido y Héctor Medina que tuvo 6 años de cárcel. Él cuenta como ya desde aquella época se perfilaba el perfil de Zitelli haciendo un trabajo de inteligencia sobre los jóvenes.” Para Luna, el accionar de Zitelli pone de manifiesto la posición que ha tenido la Iglesia históricamente. “Si revisamos la historia, la Iglesia ha actuado en todas las dictaduras militares. Y es muy probable que toda la documentación resguardada esté en el Episcopado. No se puede denunciar a Zitelli sin denunciar el rol importantísimo dentro del terrorismo de estado que tuvo la Iglesia.”
Por María Cruz Ciarniello