viernes, 17 de septiembre de 2010

Granuja:Pepe Eliaschev


El Periodista Pepe Eliaschev no para de recibir cachetadas por sus intervenciones derechosas. La última bofetada se la aplicó el jefe de la Autoridad Federal de Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ex Comfer), Gabriel Mariotto, que dejó expuesta la pobreza de argumentos del "Pepe" cuando debe abandonar sus machetes editoriales y confrontar con un interlocutor que no se deja enredar con sus falsos conceptos semiológicos.
Lo que no sabíamos es que en 1990 Jorge Guinzburg ya lo había sopapeado puntillosamente y lujosamente con una carta de lectores. ¡Hace veinte años! el gran Jorgito desnudaba a este "periodista" y lo calaba tal como lo que era.
Esta Carta de Lectores la escribió Jorge Guinzburg el 15 de marzo de 1990. Pepe Eliaschev, director en ese entonces de Radio Municipal, había declarado a Página/12 que no había levantado el programa "El día menos pensado" que Guinzburg tenía en la emisora, sino que Guinzburg se había ido por propia voluntad porque "está muy ocupado, dictando una cátedra en una escuela de periodismo que dirigen algunos columnistas de "El Informador Público". Esta fue la respuesta de Guinzburg:

Querido Pepe Eliaschev:

Me alegró mucho leer en Página/12 que La Muni, un proyecto del que formé parte, había alcanzado el éxito que alguna vez soñamos, pero me sorprendió aún más descubrir los motivos que diste sobre mi alejamiento. No estoy en ningún taller de periodismo con gente de El Informador y un comunicador como vos no puede comprar carne podrida, me extraña.
Además, sabés muy bien que los motivos de mi alejamiento fueron otros. Recordarás que prometimos no hablar de eso, ni agredirnos, a pesar de la indignante carta que me dejaste mientras gozabas de tus vacaciones. Hacé memoria: una de tus acusaciones era la de haber dejado el programa acéfalo. Por eso en la reunión que tuvimos a tu regreso, cuando decidí no continuar, tuve que recordarte la cantidad de periodistas que recomendé y vos bochaste.
De Carlitos Campolongo sugeriste que era un petardista, a Marcelo Zlotogwiazda no lo querías porque era columnista tuyo en Splendid y te creaba un problema en la interna, Jorge Ezequiel Sánchez te pareció muy radical, Alfredo Leuco te había hecho un desplante, lo mismo Carlos Ulanovsky, otros eran demasiado renovadores y así hasta el infinito.
Recordarás también esa reunión en la que le prohibiste a Aquiles Fabregat hacer micrófono en mi ausencia. Yo me acuerdo. Como también recuerdo que Horacio Salas coincidió conmigo en que la carta que me regalaste era vergonzosa. Por eso te pediría que al menos no faltes a la verdad, porque de lo contrario voy a tener que coincidir con un amigo que alguna vez dijo que viéndote la cara uno se da cuenta de que sos un granuja. Con el cariño de siempre.


Jorge Guinzburg

Chile conmemora su Bicentenario enfrentando retos postergados

Chile dio los primeros pasos hacia su autodeterminación hace 200 años; hoy, la distensión de las relaciones entre el Estado y el pueblo mapuche parece ser el desafío más grande que el país suramericano debe enfrentar.
La dictadura militar de Augusto Pinochet dejó una huella tan profunda en el imaginario colectivo internacional que la historia de Chile previa al golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende terminó cayendo en el olvido. Como si, entre el 18 de septiembre de 1810 –fecha en que el país suramericano dio los primeros pasos hacia su autodeterminación con la formación de su primera Junta de Gobierno– y el 11 de septiembre de 1973, su alargado territorio hubiera estado inhabitado; como si Allende y Pinochet hubieran salido de la nada.

Chile antes de Allende

La democracia se consolidó en Chile entre 1932 y 1973 a pesar de sus serias limitaciones. Cuando a las mujeres, los trabajadores del campo, los analfabetas y los indígenas se les otorgó el derecho al sufragio en los años setenta, se acentuó la polarización política que ya venía creciendo desde la década de los cuarenta por la estagnación que afligía a la economía nacional y la reducción de las posibilidades de distribución de la riqueza. Esa polarización política fue la que propició el ascenso de Salvador Allende a la presidencia de Chile.

Paralelamente a todos estos acontecimientos, la inmigración europea promovida por el Estado chileno tras declarar su independencia de España y la marginación de los habitantes originarios –práctica sistemática heredada de la Colonia– tuvieron un impacto tan grande sobre el tejido demográfico del país que los pueblos indígenas quedaron reducidos a una minoría empobrecida cuya voz apenas se escucha cuando clama por que se reconozcan y respeten sus derechos patrimoniales. De esa impotencia deriva la violencia que hoy amenaza a Chile.

El desafío más grande de Chile

Los aimara, los atacameños, los quechua, los rapa nui, los kolla, los alacalufe, los yámana, los diaguita y los mapuche no parecen haber sido aceptados del todo como chilenos. Han sido combatidos por los conquistadores europeos –el pueblo picunche se da por desaparecido–, ninguneados por el Chile blanco y mestizo desde el siglo XIX , expulsados de sus tierras por el régimen pinochetista y, aunque rescatados del olvido por el auge del indigenismo como movimiento político, tratados con poca diplomacia desde 1990.

En su artículo Chile tras veinte años de Concertación, la politóloga especializada en América Latina e investigadora de la Fundación Ciencia y Política de Berlín (SWP), Claudia Zilla, enfatiza que el país sólo podrá consolidar su posición de democracia ejemplar en el continente americano si consigue reducir las desigualdades socioeconómicas que lo aquejan, una vez superados los escollos que trajeron consigo la crisis financiera global y el terremoto de febrero. Pero la distensión de las relaciones entre el Estado y el pueblo mapuche parece ser el reto más exigente que Chile tiene en sus manos al cumplir sus primeros 200 años.

Un Estado con cuentas pendientes

“En el enfrentamiento con los mapuche hay mayor potencial de conflicto que en la clásica lucha de clases socioeconómicas; la desigualad social se deja resolver mucho más fácilmente que las tensiones entre el Estado y los mapuche”, asegura Detlef Nolte, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos del GIGA, en Hamburgo, agregando que, aunque es verdad que hay grandes desbalances en la distribución de la riqueza nacional, los estratos más pobres de Chile tienen un poder adquisitivo mucho mayor que hace veinte años.

“Su discordia con los mapuche es uno de los grandes problemas irresueltos del Estado chileno, que todavía no ha encontrado una manera de abordar el tema de sus derechos que sea satisfactoria para ambas partes”, explica Nolte y sigue: “Los mapuche han sido discriminados desde la época de la Independencia, sobre todo durante la dictadura militar, cuando fueron expropiados de sus territorios, pero también después de ella: en sus tierras se han construido centrales hidroeléctricas y de sus bosques se saca un gran provecho económico”.

La herencia de Sebastián Piñera

“Los mapuches no están dispuestos a hacer concesiones de cara al Estado chileno y éste no está en capacidad de darle a los mapuches la autonomía que ellos aspiran tener; por eso hay tan poco espacio para la negociación entre ellos”, dice por su parte Peter Imbusch, profesor de Sociología en la Universidad de Wuppertal, autor de monografías dedicadas a la política de los países latinoamericanos y co-editor del libro Chile heute (Chile hoy) junto a Nolte. En su opinión, los mapuche no son ignorados, sino percibidos como un auténtico estorbo.
Según Imbusch, esta situación cambió muy poco durante los Gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, la alianza de partidos de centro izquierda que aglutinaron a la oposición de Pinochet y que estuvo en el poder desde 1990 hasta marzo de 2010, cuando Sebastián Piñera asumió la presidencia en representación de la Coalición por el Cambio, una alianza de centro derecha. “Ahora que hay un nuevo mandatario cabe aspirar a que él tome la iniciativa de acercarse a los mapuche”, señala el catedrático de la alma máter de Wuppertal.
Salida negociada o violencia asegurada

“En el sur de Chile, donde viven los mapuche, este conflicto interno puede volverse virulento en el curso de los próximos años. Y es que, así como hay sectores de la población indígena que se han radicalizado y están dispuestos a enfrentarse al Estado usando la violencia, el Estado chileno se ampara bajo una legislación que data de la época de la dictadura militar para reprimir las protestas de los mapuche; el Estado chileno se percibe a sí mismo como una entidad unitaria que no puede aceptar las exigencias particularistas de los mapuche”, sostiene Nolte.

Amnistía Internacional ha denunciado las múltiples formas de discriminación de las que son víctimas los mapuche condenados por su presunta participación en la ocupación ilegal de tierras o la destrucción de instalaciones pertenecientes a empresas agrícolas y forestales en La Araucanía, asiento de varios pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles. No hay garantía de que sus juicios sean justos, ellos son objeto de procesos tanto en tribunales civiles como militares –hecho que, por sí solo, alarma a las organizaciones de derechos humanos en el mundo–, y se les sigue aplicando la poco transparente Ley Antiterrorista.

Chile bajo escrutinio

Los agentes de seguridad hacen uso excesivo de la fuerza al dispersar las manifestaciones de los mapuche y también durante la investigación y detención de personas imputadas. Ya en 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo reconocer que el Estado chileno tenía la responsabilidad de hacer frente a los actos delictivos y mantener el orden público, pero resaltó que estas tareas debían desempeñarse “respetando todos los derechos garantizados por la Constitución e instrumentos internacionales”.

Imbusch advierte que sea cual sea el signo político de los Gobiernos chilenos por venir, ninguno podrá seguirse dando el lujo de mantener una actitud intransigente en esta materia: “Los mapuche han adquirido una gran relevancia y mucha fuerza gracias al valor que se le ha dado a los grupos étnicos originarios del mundo en los últimos lustros. Eso significa que hay una opinión pública de escala internacional que estará prestando atención a lo que el Estado chileno haga para integrar a los mapuches al tejido social de la nación. Y lo que ha hecho hasta ahora en ese sentido deja mucho que desear”.

jueves, 26 de agosto de 2010

“Clarín y La Nación nos humillaron, fue un afano”, dijo Isidoro Graiver

Fue el 11 de junio pasado. Sostuvo que desde las páginas de los diarios los presionaron, que el precio pagado “tuvo poca vinculación con el real”. Además, en sede judicial reconoció el vínculo de las tres armas con los tres diarios.
Llegó a la entrevista con Tiempo Argentino diez minutos después de lo pactado, a las 16:10, del 11 de junio pasado. Fumaba, ansioso, como lo hizo durante las dos horas y 12 minutos que duró el encuentro. Isidoro Graiver, de 62 años, el hermano de David, llegó al bar Finisterra, en la esquina de Uriarte y Honduras, del barrio de Palermo, como habíamos acordado. Andaba con el paso apurado. Nos saludamos en la puerta del bar y nos sentamos en una de las mesas dispuestas en la vereda. Hacía frío, y el sol le daba de lleno en el rostro. Vestía un pantalón de jean, zapatos náuticos marrones, campera negra y camisa celeste sin corbata, desabrochada en el primer botón. Un hombre clásico.
No era, sin embargo, la primera vez que hablábamos. En los tres meses que duró la investigación periodística que publicó este diario –en suplementos especiales que agotaron dos ediciones, el domingo 6 y el miércoles 9 de junio de 2010–, insistimos telefónicamente para entrevistarlo. Pero Isidoro –una víctima de la masacre y el latrocinio que impuso a sangre y fuego la última dictadura y sus socios civiles-, se negó con gentileza. No nos conocía. Dijo que tenía miedo por sus hijos. Le creímos. Se excusó en que había sellado un pacto familiar, que incluía sepultar los fantasmas de un pasado que los acorraló y los dejó solos. También le creímos.
Todo cambió con la publicación de nuestro trabajo, nos dijo, mucho antes de que el Estado confirmara el despojo de Papel Prensa. Cambió para bien. Explicó Isidoro, entonces: “No se equivocaron en casi nada.” Y decidió sentarse con nosotros. Con la campera puesta y sin dejar de fumar. Unos 40 minutos después, aceptó entrar a la redacción de Tiempo Argentino y tomar un café en la sala de editores, esta vez con un puro entre los dedos. La noticia corrió como reguero de pólvora. “Está Isidoro Graiver. Habla por primera vez con un medio periodístico”, se comentaba en las secciones. Isidoro reiteró su postura cautelosa de contarnos la verdad de la tragedia que azotó a su familia, bajo una condición: que no le atribuyéramos lo que decía. Quería cooperar con la verdad, pero sin aparecer. Otra vez usó el argumento familiar. Y se largó a hablar: “(La de Papel Prensa) fue una operación que era a todas luces un afano, lisa y llanamente un afano. Los diarios nos humillaron”, así comenzó.
Por eso ayer, miércoles 25 de agosto, cuando leímos la solicitada a página completa en Clarín y La Nación, y conocimos el contenido de la carta que le escribió a su sobrina María Sol Graiver –ante escribano público– publicada en la tapa coordinada de los dos diarios que lo humillaron hace 34 años, lo primero que nos sorprendió fue que accediera a una exigencia de sus antiguos victimarios. Ayer, cuando Isidoro Graiver se contradijo, cediendo a las presiones de los diarios acusados de cometer delitos de lesa humanidad en el despojo de Papel Prensa, nosotros, periodistas de este diario, quedamos automáticamente relevados del acuerdo de confidencialidad con él. Mantenerlo sería faltar a la verdad. O peor aun: contribuir a la operación de Clarín y La Nación para garantizarse la impunidad con falsedades en un caso que hoy es asunto de interés público.
Los lectores tienen derecho a recibir información. Nosotros estamos obligados a dárselas. La verdad no es nuestra: es de la sociedad. No podemos saber las razones secretas de Isidoro para cambiar sus dichos, después de entrevistarse con Tiempo. Tampoco sabemos por qué, desde la semana pasada, dejó de atender nuestros llamados. Sólo él lo sabe. Pero debe ser algo muy grave. Quizás el amor a su sobrina, a quien quiere como si fuera una hija, haya influido. Quizás tuvo temor a volver a sufrir. O todo eso junto. Lo que sí sabemos es que a María Sol Graiver, en julio pasado, “los adquirentes de las acciones de Papel Prensa SA”, es decir, los diarios Clarín y La Nación, “le efectuaron un requerimiento”: un “pedido”, según dejaron constancia ante escribano público. Tampoco sabemos con exactitud cuál fue ese “pedido”. Pero cualquier cosa que haya sido fue lo suficientemente grave como para que Isidoro abandonara una versión documentada de los hechos, por otra, que sólo sostiene las falacias de los que ayer lo despojaron.
Esa tarde fría de junio, Isidoro explicó a Tiempo su posición sobre Papel Prensa y la alianza de los tres diarios con las tres armas. Dijo que las presiones para arrebatarles Papel Prensa “eran permanentes”. Y nos dio una pista fundamental: que buscáramos los artículos periodísticos de Clarín y La Nación de octubre de 1976, un mes antes de que se concretara la venta “trucha” de las acciones a los diarios, el 2 de noviembre. Y nos dijo, textual: “Nos dedicaban las primeras planas todos los días, ‘la familia Graiver, los chorros’. Había un tema de intereses, que obviamente también existían, y además el tema de la humillación. En su momento fue casi una capitulación de la Unión Industrial Argentina (UIA) frente a la Confederación General Económica (CGE), en la época de José Ber Gelbard, y se debían la revancha. La revancha de las familias patricias o de las grandes empresas o bancos en la que estábamos insertados con fuerza. Nos destruyeron como grupo económico, porque ese era el objetivo, sacarnos de pista. Antes de la muerte de mi hermano, era uno de los grupos económicos más fuertes.”
–Algo así como “no los vamos a dejar crecer más”– le preguntamos.
–No le quepa la menor duda–nos contestó–. En algún momento alguien dijo: “hagamos esto”. Por eso, nada fue espontáneo ni casual.
–Y entre los cerebros estuvo el mismo José Alfredo Martínez de Hoz.
–No tengo dudas.

Martínez de Hoz era el ministro de Economía del dictador Jorge Rafael Videla, el hombre que había pactado el silenciamiento del genocidio con los diarios a cambio de Papel Prensa.
En su propio relato, Isidoro reconoció que, tras la muerte de su hermano, fue Jorge Rubinstein, el abogado de la familia y hombre de “máxima confianza de David”, quien quedó “al frente de todos los negocios en Buenos Aires”.
El marginamiento en las decisiones y el rol cada vez más importante de Rubinstein, sumado a su habitual destrato, terminaron por alejar a Isidoro de todos los negocios. La separación fue sellada con un acuerdo económico. Por eso, Isidoro no tenía a su nombre ninguna acción de Papel Prensa. Por eso ni su nombre ni su firma fueron necesarios en el posterior traspaso. Ni quedaron rubricados en los documentos de la venta. Sólo participó en calidad de acompañante. En cambio, sí aparecen en los documentos las firmas de sus padres, Juan y Eva, y de su cuñada Lidia Papaleo, representante de los intereses de su hija María Sol. Isidoro explicó que la reunión, a la que terminaron cediendo por las presiones y el trato vejatorio desde los diarios interesados, se hizo en las oficinas del diario La Nación. Las mismas en las que Lidia asegura que Héctor Magnetto le dijo: “Firme o le costará la vida de su hija y la suya.” Estaban separados, según el testimonio de Lidia: “los padres de David por un lado, Isidoro con (Benito) Campos Carlés y yo con (Héctor) Magnetto”. De modo que difícilmente Isidoro haya podido ver y oír todo.
A pesar de que en la carta personal a su sobrina, Isidoro Graiver asegura que no le “consta que los diarios hayan actuado de acuerdo con las autoridades militares de ese momento para la compra de la compañía”, en sede judicial, donde nos dijo que fuéramos a buscar su testimonio (cosa que hicimos), dejó asentado lo contrario. Ante el fiscal Ricardo Molinas, el 6 de noviembre de 1985, declaró: “En el mes de octubre de 1976, el doctor Miguel de Anchorena, en ese entonces apoderado de la sucesión de Graiver, se puso en contacto con su cuñada (Lidia) para informarle que había recibido una información de Francisco Manrique cuyo contenido era, sintéticamente, que el gobierno nacional vería con agrado la desaparición del conjunto empresario Graiver como tal, para lo cual sería necesario la venta de los paquetes accionarios de Papel Prensa, estimando que los compradores lógicos eran los diarios Nación, Clarín y Razón.” El gobierno nacional, vale aclararlo, eran Videla y Martínez de Hoz. Y los beneficiarios, los que dijo Isidoro en sede judicial, no ante un escribano: Magnetto, Mitre y Herrera de Noble.
“El precio que recibimos fue el mejor que pudimos obtener”, afirmó Isidoro en la insólita solicitada publicada ayer por Clarín y La Nación. A nosotros nos dijo otra cosa. Hacemos una cita textual, nuevamente: “La presión era permanentemente. Los aprietes eran permanentes”. También en sede judicial, en plena democracia, Isidoro aseguró que en una reunión a la que lo convocó Guillermo Gainza Paz, del diario La Prensa, le hicieron “una oferta que consideraba totalmente inadecuada, quedando así suspendidas las tratativas. La situación quedó así hasta el día anterior al previsto para la asamblea en la cual debía autorizarse la transferencia de los paquetes accionarios comprados por el Grupo Graiver a los originales dueños, ante la certeza que esa transferencia no iba a ser autorizada (dado que el señor Manrique en el ínterin había ratificado lo adelantado por Anchorena) y se produciría el grave riesgo de no obtener el reintegro del precio abonado, más los intereses y lo invertido, ese día al efectuarse la asamblea en horas del mediodía tomó contacto el doctor Anchorena para decirles que los tres diarios mencionados proponían una reunión urgente con el propósito de hacer una oferta para la compra de las acciones”.
Los habían acorralado. Los diarios Clarín, La Nación y La Razón operaron con información confidencial, sabiendo que ese día la Junta Militar no le aprobaría la compra al Grupo Graiver y, por ende, lo descapitalizaría. “No tuvimos una oferta mejor que la aceptada por lo exiguo del tiempo de acuerdo”, aseguró Isidoro ante una autoridad judicial de la democracia. No les dejaron tiempo. “Nosotros perdíamos como mínimo los derechos políticos sobre las acciones, es decir, todo, y con el riesgo de tener que devolver las acciones, es decir una cosa asquerosa. Nos humillaron”, le aseguró a Tiempo.

“Ustedes tienen los medios para hacerlo –nos dijo–. Si buscan archivos, los antecedentes previos a la operación, a mediados de octubre más o menos, en los diarios Clarín, La Nación y La Razón van a ver una historia muy sugerente. Todos los días sacaban primeras planas o primeras páginas con noticias del Grupo Graiver, desaparecido, tonterías, y de repente durante 48 horas no publicaron una sola línea. Fue la previa de la reunión.”
Buscamos las notas, como nos pidió. Tenía razón. Clarín calificaba de “actividades ilegales” las realizadas por el Grupo Graiver. Y llegó a dedicarle una editorial en la que le clamaron a la Junta Militar “una investigación necesaria” sobre los Graiver, porque “el prestigio de La Nación quedaría inadmisiblemente afectado si aquí no se promueven medidas”, les advirtieron. Como es de público conocimiento, la Junta cumplió.
Esta es la cronología “de la humillación” de la que habló Isidoro. Mientras recibían los llamados presionándolos para vender, La Nación publicó sobre Graiver, el 11 de octubre de 1976, que estaba supuestamente “implicado en la quiebra fraudulenta de dos bancos (…) por 150 millones de dólares”. Cuatro días después desplegó una publicidad a página completa de la revista Somos, con el título: “El caso Graiver”, en el que los habían escudriñado y hasta se preguntaban: “¿Está muerto… o no?” Ese mismo día, Clarín publicó que el grupo Graiver “involucra en un delicado problema a varios bancos de Buenos Aires”. Los acusaban con “informaciones extraoficiales” de usar uno de sus bancos “para exportar capitales de la Argentina”, de hacer “actividades ilegales”, “demostrándose que habían presentado sucesivos balances falsos que lucían una irreal prosperidad”. Para terminar ese artículo, que no estaba firmado por ningún periodista, aseguraban: “no se explican (…) cómo Graiver pudo haber gozado de impunidad”.
Nueve días después, ya en medio de las negociaciones, para La Nación no eran supuestos. Al referirse a David decían: “el millonario argentino al que se involucra en un gigantesco fraude”. El 22 de octubre, el tema llegó al ya mencionado editorial principal de Clarín. Primero destacaron que “el clima reinante antes del 24 de marzo (del golpe) era de corrupción administrativa del régimen”, y luego de describir las operatorias ilegales que le atribuían al grupo aseguraron: “(se) hace necesaria una más prolija investigación”. El 28 de octubre, después de detallar las “responsabilidad de Gelbard”, sostuvieron que el ex ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard, “fue sancionado, privándosele de sus derechos políticos y de su ciudadanía argentina”, se encargaron del Grupo Graiver: “con notoria vinculación con Gelbard, que le valió todo tipo de ventajas y privilegios y cuyos manejos financieros han culminado con un escándalo de proporciones internacionales”. Con ese grupo, Clarín, La Nación y La Razón se sentaron “a negociar”. No fue una venta libre. Fue un apriete. Las pruebas están a la vista. No lo decimos nosotros: lo afirmó Isidoro Graiver, que ahora intenta desmentir a su hermana. Cuanto más atacaban y satanizaban al Grupo Graiver, más rápido lo obligaban a desprenderse de las acciones. Fue en ese clima de “libertad”, cuando el terrorismo de Estado devoraba a una persona cada media hora, en medio de esa campaña psicológica, que los tres diarios en alianza con las tres armas concretaron la operación de traspaso. Es decir, consumaron su despojo.
“A todas luces era un afano, lisa y llanamente, un afano. El precio tuvo claramente poca vinculación con el valor real”, le aseguró Isidoro a este diario en junio. Y quedó registrado de este modo. Una vez más, la cita es textual:

–¿Usaban los diarios para extorsionarlos y quedarse con el gran negocio? Mitre, Herrera de Noble y Peralta Ramos publicaban a propósito.
–Yo creo que era una concurrencia. Los diarios usaban eso para meter presión. Tanto a nosotros como al gobierno.
“Cuando estábamos secuestrados, la venta de Papel Prensa ya estaba concluida”, sostiene Isidoro Graiver en la solicitada que se publicó ayer. A decir verdad, las acciones vendidas por los padres de David, (Juan y Eva) y Lidia Papaleo tenían que ser aprobadas por el juez que llevaba adelante la sucesión. En otras palabras: todos estaban secuestrados cuando el juez aún no había aprobado la operación. De hecho, nunca lo hizo.
Por otra parte, el otro paquete accionario que todos reconocen, incluido Isidoro, que estaba a nombre de Rafael Ianover, el testaferro de los Graiver, también debió integrar el acervo sucesorio. Pero esto no pasó. Los tres diarios le compraron las acciones a Ianover sin decirle cuánto le pagaban. Le dijeron que si firmaba no le iba a pasar nada, es decir que no lo secuestrarían: sabían que no eran de él, sino de David Graiver. Lo secuestraron igual.
Toda esta historia huele mal. Hay sangre, hay torturas y hay mucho dinero en juego.
Este verdadero drama que tiene tres décadas y media de existencia continúa dando coletazos.
Lo resuelve la justicia de la democracia. O los diarios Clarín y La Nación que, hoy como ayer, mienten desde sus tapas y usan de manera siniestra, en su beneficio, un conflicto familiar.
Quizás el cambio de opinión de Isidoro Graiver se justifique en una frase que nos quedó grabada, a modo de despedida en aquel encuentro de junio, que hoy revelamos: “Me importa un carajo lo que piensen o dejen de pensar. Porque siempre tiene razón el que gana.”
Ojalá, esta vez, gane la verdad.

Por Juan Alonso y Cynthia Ottaviano

domingo, 15 de agosto de 2010

El presunto romance entre graciela alfano y el almirante massera


La historia que nunca se contó de la diva en ascenso y el militar genocida
Un documento de 1978 del espía Enrique Arancibia Clavel, que purgó una condena en la Argentina por delitos de lesa humanidad, revela aspectos de la vida íntima del militar y la modelo que iniciaba su carrera. Revuelo en la farándula.

Cuando el periodista Jorge Hirschbrand, del diario online mendocino MDZ, se sentó con un café a revisar los materiales que alguna vez había bajado y se acumulaban en su computadora, no sabía que generaría un escándalo en los medios de la farándula argentina. Porque quién se iba a imaginar que un viejo expediente del espionaje chileno donde se habla de la relación de la diva Graciela Alfano con uno de los máximos responsables del genocidio que vivió la Argentina entre 1976 y 1983, Emilio Eduardo Massera, no hubiese generado semejante repercusión en el año 2000, cuando fue desclasificado.
“Sobre más antecedentes de Graciela Alfano, actual amante de Massera, puedo informar que ésta es actriz y modelo. Está con Massera aproximadamente desde hace 6 meses. Últimamente se ha sabido de costosos regalos que fueron hechos (departamento, pieles, joyas, etc.). (...) Anteriormente Massera tenía como amante a una modelo publicitaria, que hacía la propaganda de los cigarrillos Jockey Club. Más antecedentes sobre la Alfano enviaré oportunamente”, dice un tramo del documento.
El informe, enviado a la Dirección de Inteligencia Nacional chilena (DINA), la encargada de la represión durante la dictadura de Augusto Pinochet, seguía los pasos de Massera durante su visita a Londres y París entre el 3 y el 5 de julio de 1978, y daba los últimos detalles de la situación de la Argentina bajo la dictadura militar, entre otros detalles. Las ocho páginas escritas a máquina fueron firmadas como Luis Felipe Alemparte Díaz, el seudónimo del militar chileno Enrique Arancibia Clavel, condenado luego en la Argentina por delitos de lesa humanidad.
“Este documento pone en evidencia el doble juego de los agentes chilenos acá en Buenos Aires, quienes espiaban a sus propios compañeros de ruta de la represión”, explica la periodista Stella Calloni, una experta en el tema. El documento se centra en un período del conflicto limítrofe por el fallo sobre el Canal de Beagle, que casi desemboca en una guerra promovida por las dictaduras de Jorge Rafael Videla y Augusto Pinochet. Así, fueron detenidos varios espías chilenos en Buenos Aires junto con los informes que los delataban como dobles agentes. “En ese momento los militares argentinos no hicieron mucho jaleo porque no podían romper las relaciones con sus socios de esta ‘internacional del terrorismo de Estado’ –explica Calloni–, incluso Arancibia luego siguió trabajando en el Cóndor junto con los argentinos, pero estos informes son clarísimos y fueron fundamentales para parte de la historia de la represión en América Latina.”
En este informe de Arancibia se deslizan algunos errores (habla del apoyo de Massera a la postulación del padre adoptivo de Alfano a la presidencia de River, cuando en realidad fue Racing). Sin embargo, Calloni resalta que es importante poner atención “cada vez que sale algo relacionado con estos tipos. Lo de Alfano, como cualquier otro tema de estas fuentes, es muy serio, y hay que seguirlo, porque los servicios de inteligencia buscaban fundamentalmente pasar información sobre las debilidades políticas, sentimentales de cada uno de sus objetivos espiados”.
Por Andrés Criscaut

Papel Prensa – Lidia Papaleo denunció por escrito cómo fue amenazada y torturada

La viuda de David Graiver detalló en una carta dirigida a la Secretaría de Comercio Interior los “horrores” que padeció desde el asesinato de su marido, hasta que fue despojada por Clarín, La Nación y La Razón de las acciones de la familia.

Lidia Papaleo rompió el silencio que mantenía desde 1977. Cuando el Estado resolvió hacerse cargo de las acciones de Papel Prensa para normalizar la empresa y reconstruir la historia, la viuda del banquero David Graiver decidió decir la verdad sobre el traspaso de acciones de la compañía. Hace menos de un mes su hermano, Osvaldo, contó que Lidia no habló porque no “había plafond social, ni político.”

La apropiación de Papel Prensa durante la última dictadura es la historia de la complicidad entre el poder económico y el poder militar. El asesinato de Graiver en México, las amenazas, las “reuniones” con los ejecutivos de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, los secuestros, las torturas y la muerte son algunos de los elementos del relato. Nombres como Héctor Magnetto, José Alfredo Martínez de Hoz y Jorge Rafael Videla se repiten en los documentos que la Secretaría de Comercio Interior recopiló para la elaboración del informe “Papel Prensa – La Verdad”, que será entregado a la presidenta Cristina Fernández la próxima semana.

A continuación, Tiempo Argentino reproduce en exclusiva la carta que Lidia Papaleo le envió al secretario Guillermo Moreno, en la que se ratifica la investigación de Cynthia Ottaviano y Juan Alonso, publicada en su edición domingo 6 de junio.



Señor Secretario de Comercio Interior / Señor Licenciado Mario G. Moreno

S/D



De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de cursarle la presente nota, a los fines de que la misma sea considerada como un aporte a la investigación que está llevando adelante.

El presente relato comienza con la muerte de mi marido David Graiver, momento en el que vivíamos junto con mi hija menor de edad María Sol, en México. A partir de allí comencé a sufrir terribles presiones vinculadas a nuestros bienes, entre los que se encontraba Papel Prensa SA.

Debo destacar algo muy importante sucedido en la vida de mi esposo. En una reunión social en México, en la hacienda del Señor Gabriel Alarcón (uno de los más importantes hombres de negocios de dicho país), en presencia de la firmante y de su propia familia aconseja lo siguiente en forma textual: “David, vendé Papel Prensa porque te costará tu vida.” La firmante quedó sumamente sorprendida y preocupada. De ello se desprende que este fue el primer aviso que tuve acerca de la problemática de tal empresa. A partir de la muerte de David comencé a sufrir presiones, lo que me llevó al convencimiento de que se acercaban momentos muy duros, pero no de la magnitud de los que después vivimos.

Posteriormente, en viajes a Nueva York, donde había residido largo tiempo, amigos estadounidenses me aconsejaban que no retornara a Buenos Aires. Para ellos, no estaban dadas las condiciones ni tenía garantías de que las autoridades iban a ver con buenos ojos que el grupo económico se reordenara.

En ese momento, mi hija tenía 22 meses de edad, mi hermano Osvaldo, uno de mis posibles apoyos, se encontraba detenido en la cárcel de Caseros, a disposición del Poder Ejecutivo, y todo el grupo familiar estaba desquiciado por las presiones por parte de la Junta Militar.

Ante ese panorama, y porque no tenía nada que ocultar, retorné a la Argentina el 16 de septiembre de 1976, convencida que esta es mi tierra, el país de mi hija y que actuando con calma y asesoramiento podía superar el mal trance. Nada más lejos de la realidad. Apenas instalada en las oficinas centrales de las empresas, advertí que los reclamos eran diversos, realizados en medio de un clima de crisis económica de las empresas y al no haber participado de la actividad empresaria de David, no tenía suficiente conocimiento ni capacidad comercial para manejar tantos frentes de tormenta.

Inmersa en los acontecimientos descriptos, es cuando los diarios Clarín, La Nación y La Razón comienzan a ejecutar un plan destinado a apoderarse de las acciones de Papel Prensa SA, de las cuales mi esposo David era dueño en un porcentaje importante que le permitía tener el control societario de la empresa.

Además, este operativo involucraba, antes que nada, la intención de la Junta Militar de apadrinar ese despojo y no trepidaron en utilizar todos los elementos de extorsión, intimidación y amenazas a su alcance para lograr el objetivo.

Recuerdo que me contactó un intermediario, Guillermo Gainza Paz, que no era el dueño del diario La Prensa, quien me transmite la intención de compra de terceros, del paquete accionario de Papel Prensa SA.

Posteriormente, el Sr. Francisco Manrique, que había sido ministro de Acción Social de la Nación y con el cual David trabajó como Secretario General, convocó a mi cuñado Isidoro Graiver para decirle que sus amigos de las Fuerzas Armadas, me recomendaban realizar esa venta, porque el grupo Graiver era mal visto por las autoridades y que estaba siendo investigado. En circunstancias en que concurrí a darle el pésame, por la muerte de su esposa, me reiteró dicha sugerencia.

En ese contexto, me entrevisté con el ex presidente Lanusse para pedirle consejo por la situación en la que me encontraba, y me expresó que me veía mal posicionada y que solicitara una audiencia con el Tte. Gral. Videla para interiorizarlo del tema Papel Prensa SA. Aunque gestioné el pedido de audiencia por la mesa de entradas de la Casa de Gobierno, nunca obtuve respuesta.

Mientras tanto, continuaban las amenazas anónimas en las que me decían que, si no vendía, mi hija María Sol corría peligro de muerte y se agregaban otros operadores que me presionaban para concretar las ventas.

El Sr. Martínez Segovia, que era presidente de Papel Prensa SA, me citó en esos días, a un almuerzo en un hotel céntrico, para comunicarme que venía en representación del ministro de Economía Martínez de Hoz y que debía decidirme a firmar la cesión de las acciones de Papel Prensa SA. Tal decisión era impuesta desde el Ministerio de Economía del Proceso, quienes habían hecho saber que las acciones debían cederse a empresarios argentinos que no pertenecieran a la colectividad judía.

Dado los hechos que se vivían en el país, tomé conciencia que las amenazas de muerte, tanto para mi hija como para mí, eran auténticas. En ese estado de terror fui citada para el día 2 de noviembre de 1976, por la noche, a una reunión en las oficinas de La Nación, conjuntamente con los integrantes de la familia Graiver.

Encontrándonos en un amplio salón de reuniones, nos distribuyeron separadamente, de modo tal que los padres de David por un lado, Isidoro con Campos Carlés (quien invocaba ser apoderado de La Nación) por otro. Yo con Magnetto de Clarín, en otro aparte, donde coloquialmente me aseguró: “firme o le costará la vida de su hija y la suya.” No había chances.

También sabía que habían presionado al Sr. Rafael Ianover, vicepresidente de Papel Prensa SA, un hombre leal con la familia, que era depositario de acciones, como testaferro.

En la mencionada reunión en La Nación se suscribe un boleto de venta sobre el cual jamás pude opinar, no sobre el precio ni sobre los términos del mismo ni sobre la forma de pago, como tampoco ningún abogado de mi parte pudo verlo antes. Lo tuve que firmar sin siquiera haberlo leído.

Posteriormente, el asesor de menores en la sucesión de David, no autorizó la venta por considerar bajo el precio y el juez ordenó que se hiciera una tasación por el BANCO NACIONAL DE DESARROLLO, quien confirmó que el precio era por demás exiguo.

La forma de pago no permitía ni siquiera pensar que se trató de una operación habitual en el comercio, solo pagaron U$S 7000 –como primera entrega sobre un precio total de U$S 1.000.000–, destaco que ni siquiera era el 1%. Era una entrega absoluta, por nada, y sin chance de poder negociar. Todo lo que siguió en esta venta fue similar.

Quiero también destacar que era necesario que yo solicitara, como administradora del sucesorio, la autorización en dicho expediente, por tratarse de bienes de mi hija menor de edad y es por ello que siguieron ejerciendo amenazas y presiones, a través de distintos personajes que me forzaban a ratificar ese acuerdo inicial y en el correr del tiempo llegamos al mes de marzo, donde se ingresa en el sucesorio el escrito para lograr la autorización.

También deseo dejar constancia que el Dr. Jorge Rubinstein, que era el segundo de David, en los meses finales de 1976, sufrió un grave y sospechoso accidente, y que el mismo no me pareció casual porque él también estaba amenazado. Lo cual lo apartó por meses de la dirección del grupo, tareas que no pudo cumplir, quedando acéfala la conducción del grupo económico. Luego fue detenido ilegalmente, falleciendo por las torturas en cautiverio, no habiéndose nunca investigado dicha muerte.

Deseo aclarar que, cuando se realizó el inventario en el BANADE, ignoraba qué había en el interior de la caja de seguridad, pero tenía total conciencia que debía comunicar al juzgado del sucesorio todos los bienes que pertenecían a mi marido, de acuerdo a lo que le había aconsejado el Dr. Miguel Anchorena, letrado de la sucesión.

Quiero finalizar este relato, afirmando una vez más, que todo lo que ocurrió en Papel Prensa SA, a partir de mi cautiverio (14 de marzo de 1977) que nunca hasta el 20 de mayo de 2010 estuve en el lugar, ni concurrí a ninguna Asamblea. Por otra parte, durante mi desaparición con detención fui objeto de torturas que me provocaron graves quemaduras en mis genitales, abdomen y pechos, y que los golpes recibidos provocaron un tumor cerebral, el cual se me operó en la cárcel.

Todo el horror que fue mi vida después de mi secuestro es indescriptible en la serie de perversiones, vejaciones y tormentos a la que fui sometida, no obstante que deseo concluir con la presente reiterando que prefiero ver los ojos y la cara de mis torturadores, antes que ver los ojos de Magnetto en el momento en que me amenazaba para que firmara.

Sin otro particular, lo saludo atte.

Lidia Elba Papaleo

DNI 4954106



Tiempo Argentino

Justicia indígena originaria: ¿reconocimiento posible?


En medio de la discusión sobre el derecho a la autonomía legal de las naciones bolivianas se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El debate, sin embargo, va más allá de lo jurídico y de América Latina.
"¡Por supuesto que es una cuestión de voluntad!", contesta René Kuppe. Este antropólogo jurídico de la Universidad de Viena lo tiene claro: si se quiere, no hay obstáculo insalvable en el camino hacia el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas, ni tampoco en la vía que lleva a la conciliación del sistema jurídico ordinario con la justicia indígena originaria.

"Tener en cuenta en el derecho convencional los principios de la justicia indígena no sólo es posible, sino que es algo que ya se practica. En Canadá, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia, los llamados 'aboriginal titles' forman parte de la lesgilación, y muchas de las constituciones latinoamericanas hacen referencia explícita al respeto del derecho tradicional", añade Kuppe.



Sin embargo, el experto sabe que hasta aquí alcanza la teoría. En la práctica, los obstáculos quizás no sean insalvables, pero sí recurrentes. "Cada avance en este campo va acompañado de inesperados problemas", dice, "si, por ejemplo, un país reconoce que los indígenas pueden aplicar su derecho en las tierras que utilizan, se plantea la pregunta de qué entra dentro de dicha categoría. ¿Son los lugares sagrados, que desde nuestro punto de vista occidental no están siendo utilizados, tierras en uso?".



En un caso como éste, lo mejor sería involucrar a los indígenas: "nadie puede indicar como ellos qué terrenos les son importantes", señala Kuppe. Pero la confrontación de dos modelos no sólo jurídicos, sino también culturales, sociales y económicos, no hace siempre tan fácil la resolución de los conflictos que surgen.

Los problemas de la justicia ordinaria



"A los tribunales ordinarios, las causas indígenas les resultan increíblemente difíciles de manejar", explica el abogado británico Gordon Bennett, "primero, porque los jueces esperan recibir una exposición cronológica de los hechos, sustentada por una serie de documentos. Pero si uno es analfabeto, carecerá de pruebas por escrito y tal vez sólo tenga un vago recuerdo de lo acontecido."

Además", continúa Bennett, "casi siempre se le concede a la justicia individual más valor que a la colectiva, mientras que para la mayoría de los pueblos originarios es al contrario. Y tercero, nuestro sistema judicial sólo acepta como testigos a quienes han presenciado o participado en los hechos. Aunque la transmisión oral entre los indígenas es muy importante y muchas veces los testimonios de quienes saben algo por terceros son relevantes, estos suelen rechazarse".



Bennett ha trabajado en más de una ocasión para la ONG Survival International, defendiendo desde el estrado los derechos indígenas. Como Kuppe, el abogado conoce los problemas, pero también él cree en la coexistencia jurídica: "opino que es posible, aunque requeriría concesiones por ambas partes. Hay países, por ejemplo, en los que se han creado tribunales especiales para tratar las cuestiones indígenas. Y no siempre hace falta llegar tan lejos. Estoy convencido de que con la mediación y el arbitraje se solucionan muchos litigios."

Gracias a Parodi, Buchanan y 2 camaristas, Vila zafó de Llamas y Villalonga

El relato de Diario Uno, de la ciudad de Mendoza, es muy parcial. Ocurre que Daniel Eduardo Vila es el dueño del matutino que nació para competir con Los Andes pero nunca logró su prestigio.

Según Diario Uno, Daniel Vila fue juzgado y encontrado inocente, algo así como víctima de una falsa denuncia.

Quienes conocen a Enrique Llamas de Madariaga y Julio Villalonga saben que nunca habrían montado una falsa denuncia y también conocen de los malos antecedentes de Daniel Eduardo Vila.

La causa judicial se inició el 27 de octubre de 2008 cuando Enrique Llamas de Madariaga y Julio Villalonga, denunciaron que el día 23, por separado, fueron agredidos por su ex empleador Daniel Vila en el predio de la Sociedad Rural Argentina, en ocasión de celebrarse el centenario del diario El Cronista Comercial.

Vila estaba furioso por las indemnizaciones que tuvo que abonar, como socio de América 2. No obstante, Francisco de Narváez, socio de Vila en ese intrascendente canal de TV, sí había invitado a los 2 periodistas a la fiesta de su matutino de pequeña tirada.

El escándalo fue importante, según muchos de los invitados, y Vila los habría increpado a las voces de “ladrón, me robaron mi dinero” (por el pago de las respectivas indemnizaciones).

No fue un mismo incidente.

Llamas de Madariaga dijo que Daniel Vila le arrojó el contenido de una copa de champagne y lo empujó hacia la salida del predio propinándole patadas en los tobillos y golpes de puño en la espalda.

Llamas de Madariaga agregó que fue herido en la mandíbula con un trozo de vidrio de la copa de champagne astillada durante la supuesta agresión.

Villalonga refiere que 1 hora después de ese supuesto incidente, fue insultado por Daniel Vila quien además lo echó de la fiesta.

Sin embargo, la Cámara consideró que al consultar a testigos que estaban en la fiesta, tal como Marta Inés Buchanan (¡Marta Inés Buchanan!) dijo no haber presenciado ningún altercado tan escandaloso, a pesar de estar en el grupo con Daniel Vila. Si supo que existió una discusión entre los antes mencionados.

Una declaración similar realizó Liliana Parodi, que conformaba el grupo de personas que asistieron a esa fiesta y compartieron espacio con Daniel Vila. Parodi es una ejecutiva de TV sin grandes desempeños pero que siempre se encuentra vinculada a América 2.

La justicia correccional resolvió absolver a Daniel Eduardo Vila Santander pese a que otros testigos sí dieron testimonio de la veracidad de los dichos de Llamas de Madariaga y Villalonga.

Para los camaristas, la agresión no configuró delito. Habría que ver qué opinarían esos camaristas si ellos o sus hijos hubiesen estado en lugar de Villalonga o Llamas de Madariaga. En fin, Vila es considerado un buen 'articulador' judicial...