La organización no gubernamental ubicó a la Argentina en el puesto Nº55 entre 178 países que calificó por su libertad para ejercer el periodismo. Reporteros Sin Fronteras defendió la posición del gobierno de Cristina Fernández sobre la posición dominante de Papel Prensa.
"(...) La controversia entre el gobierno kirchnerista y los medios de comunicación, centrada en el ataque gubernamental contra la posición monopolística del Grupo Clarín -también accionista mayoritario en Papel Prensa, la principal empresa dedicada a la fabricación de papel para diarios-, no cesó durante todo el año.
El Grupo Clarín (49%), desde su hegemónica posición maneja e impone el precio del papel sin ningún tipo de regulación. El Estado posee el 27,46% de la papelera,
mientras que La Nación maneja el 22%.
Según la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en junio de 2010, la papelera vendió a sus empresas relacionadas entre el 70% y 80% de su producción. Sucede que son pocos los medios que pueden afrontar un precio impuesto por los periódicos más grandes del país.
El gobierno asestó un duro golpe al grupo Clarín al enviar al Congreso un proyecto de ley para regular Papel Prensa, y, al tiempo, para legitimar su iniciativa, elaboró un informe titulado “Papel Prensa: La verdad” que revelaba las presuntas irregularidades
en la venta de la empresa durante la última dictadura militar a los actuales dueños.
A principios de septiembre, la presidenta Cristina Kirchner instruyó al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, para que impulsara una petición ante la Justicia y determinara si se produjeron crímenes de lesa humanidad para forzar la venta.
El Grupo Clarín y La Nación, desde sus principales páginas y desde el canal Todo Noticias, negaron la versión oficial de la historia.
Después de autorizar que Cablevisión, propiedad de Clarín, comprara Multicanal y se transformase en la mayor empresa servidora de Internet y televisión de pago, los Kirchner emprendieron una batalla mediática, judicial y política contra el periódico.
Enmarcado en este escenario, también cayó la empresa proveedora de Internet Fibertel, dependiente de Cablevisión. El gobierno dio de baja la licencia porque “funcionaba de manera ilegal”. Nuevamente la oposición acusó al gobierno de “persecución contra los que piensan diferente”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló por unanimidad, en junio, la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en marzo a demanda de un diputado.
En septiembre era asesinado, a puñaladas, Adams Ismael Ledesma, trabajador social y periodista boliviano de 41 años, director del nuevo canal por cable Mundo TV Villa, y corresponsal del diario Mundo Villa, dirigido a los inmigrantes bolivianos, paraguayos y peruanos.
Aunque Argentina ocupa un lugar más bien envidiable en la última clasificación mundial de la Libertad de prensa de RSF, el riesgo profesional registrado localmente no ha desaparecido, y la brutalidad de ciertos funcionarios de la policía provincial contra la prensa no es un hecho inédito.
En este sentido, han sido numerosos los ataques a periodistas y medios que han denunciado la controvertida actividad de algunas empresas de riesgo para el medio ambiente, con frecuencia en complicidad con las autoridades locales, y que están pasando por una mala experiencia.
Es el caso de los periodistas de Catamarca, Nicolas Ziggioto y Lucas Olaz, agredidos y despojados de material, cuando cubrían un conflicto que enfrenta a los habitantes de la localidad con la compañía Aguas Ricas; el de Dante Fernández, en la provincia de Chaco, agredido por dos agentes de seguridad trás hacerse eco de las denuncias contra las empresas San Carlos SRL y Cancha Larga SA, y las fumigaciones aéreas realizadas sobre una laguna de la que la población se provee de agua; y de la emisoras Radio Arco Iris y radio Cerrillos de Salta.
Unos desconocidos asaltaron el domicilio del director de ésta, Carlos Villanueva, y lo incendiaron. El siniestro destruyó una parte de la casa del periodista y de la emisora. El hijo de Villanueva resultó herido e intoxicado y tuvo que ser hospitalizado.
Por último, en la provincia de Río Negro, en noviembre, el fotógrafo Carlos Thorp, colaborador del periódico Al Día, fue agredido y tuvo que ser trasladado al hospital con una mano fracturada, dos costillas fisuradas, hematomas y quemaduras en las dos manos. (...)".
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