jueves, 4 de febrero de 2010

La justicia más ciega y gorila que nunca.


Son ultracatólicos y neoliberales. Con sus fallos traban la Ley de Medios, dilatan condenas a represores y favorecen al establishment. La usina parajudicial.
La Justicia es ciega. Pero los jueces no.

La idealizada “ceguera judicial” es la garantía de imparcialidad de un sistema donde todos los ciudadanos son considerados iguales ante la Ley.

Pero los jueces no son la Justicia. Y distan mucho de estar ciegos. En el caso de la Argentina, los magistrados son parte de una institución con un perfil ideológico y político bien definido, con un núcleo duro que ha logrado resistir la renovación que los otros dos poderes del Estado experimentaron desde el ‘83. En gran medida, la “familia judicial” aún conserva el sello reaccionario de la última dictadura militar, está atravesada por el fervor de los sectores más blindados de la Iglesia Católica y recolecta a sus nuevos cuadros en las universidades y los think tanks de la derecha neoliberal. Si en su momento el ex ministro Domingo Cavallo eternizó “la servilleta”, en referencia a los jueces que el menemismo contaba como propios, lo que sigue es la radiografía de la “servilleta” con la que cuenta la derecha nacional.

Desde la oposición ultramontana al matrimonio gay y al aborto terapéutico, pasando por los amparos contra la Ley de Servicios Audiovisuales y el reciente fallo que benefició al Grupo Clarín en su posición dominante para fijar los precios de Papel Prensa, un ariete de jueces se exhibieron como actores políticos declarados que, en cada uno de sus escritos, reivindican su formación ideológica, rechazan medidas de corte progresista y rinden pleitesía a la “familia, tradición y propiedad”.

Por cierto, no se trata de arrestos individuales: esas posturas cuentan con el paraguas de organizaciones parajudiciales que, repartiendo becas, conferencias, premios y castigos, gravitan más que nadie en el inconciente judicial. En ese universo destacan instituciones como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, conocido como “el Colegio de la calle Montevideo” y célebre por el carácter reaccionario de su conducción; el semillero judicial de la Universidad Católica Argentina (UCA); el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), una ONG creada en 1976 y con alto poder de lobby; la Federación Argentina de la Magistratura (FAM); la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; y, recientemente, la asociación civil macrista Unidos por la Justicia.

A todos los unen ideas política pero, también, intereses menos decorosos: en Fores y en el Colegio de Abogados, por caso, se agrupan buena parte quienes representan a las empresas que asfixian al país con demandas millonarias ante los organismos internacionales. Esos mismos abogados son los que, una vez al año, se ponen en jueces de los jueces para distinguirlos por su “excelencia”. No son pocos los magistrados que inflan el pecho al ser elegidos.

Edmundo Carbone fue uno de ellos. En 2006, el entonces juez federal en lo Civil y Comercial de la Capital Federal, recibió el premio Fores-Idea al “mejor juzgado del año” por su eficiencia en “la utilización de métodos empresariales”. Tres años más tarde, el magistrado demostró que estaba a la altura del galardón: a una semana de su retiro –el 16 de diciembre de 2009– sentó el primer fallo contra de la Ley de Medios al considerar que dos de sus artículos eran inconstitucionales, dando el visto bueno a la medida cautelar presentada por el Grupo Clarín. Fue coherente: el magistrado nunca se mostró incómodo con las leyes de la dictadura.

Carbone asumió su juzgado en marzo de 1980. Fue nombrado por los militares, con los que venía teniendo contactos desde tiempos de las dictaduras de Onganía, Levingston y Lanusse. Entre 1967 y 1971, Carbone asesoró al gabinete del Ministerio del Interior y luego estuvo al frente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en esa misma dependencia. Más tarde, ya con Jorge Rafael Videla y sus secuaces en el poder, ingresó como vocal secretario de la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales, hasta que le llegó la designación al frente del Juzgado Nacional 1º en lo Civil y Comercial. Con el retorno de la democracia, Carbone siguió firme y dictó fallos a la altura de sus antecedentes. Uno de los más ampulosos fue la censura al film de Martin Scorsese La última tentación de Cristo, para lo que citó a la Constitución Nacional en su pertenencia al “culto católico, apostólico y romano”. Este ex magistrado, como tantos otros miembros de la derecha judicial, es un hombre de fe y además hace escuela. En su caso, como titular de la cátedra de Derecho Romano de la pontificia UCA. Con esos antecedentes, no resultó extraño que se alzara con el galardón de Fores, el think tank convenientemente creado con la llegada de la Junta Militar y que entre sus fundadores tuvo a Jaime Lamont Smart, el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura y superior inmediato del genocida jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps, ambos procesados y presos por su participación en crímenes de lesa humanidad. Smart también fue uno de los precursores del Colegio de la calle Montevideo, donde anida otra facción de la parajusticia reaccionaria.

Otro magistrado con reminicencias verde oliva, docencia en la UCA y medalla del Fores en el pecho, es la jueza federal en lo Contencioso Administrativo María José Sarmiento, quien obtuvo sus cinco minutos de fama al suspender el uso de las reservas del Fondo del Bicentenario y restituir al díscolo Martín Redrado al frente del Banco Central. Las coincidencias provienen del padre de la jueza, el coronel de Inteligencia del Ejército, Luis Alberto Sarmiento, señalado por dos policías rosarinos de aplicar la picana eléctrica hasta la muerte a un estudiante. Por ese hecho un fiscal pidió su procesamiento, y el trámite sigue vigente. Sarmiento padre, que fue jefe de Inteligencia y ministro de Gobierno en Misiones durante la dictadura de Onganía y a partir del ’74 se incorporó a la Side, tuvo un rol clave en las dos últimas dictaduras que laceraron al país. Quizás para honrar la memoria filial, un familiar de la jueza supo ser abogado de la ultramontana Cecilia Pando y del genocida Mario Benjamín Menendez.

Tras el relevo de la feria judicial, el lugar de Sarmiento fue ocupado por el juez Ernesto Marinelli, quién, además de agilizar las medidas para impedir la formación del Fondo del Bicentenario, también intervino en una presentación sobre Papel Prensa. En ese caso dispuso una medida cautelar que echó por tierra lo dispuesto por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que había fijado que la venta de papel debía hacerse a un único precio. Para Marinelli, Moreno no tenía autoridad constitucional para aplicar la Ley de Abastecimiento, haciendo propio un argumento que benefició al Grupo Clarín.

En marzo de 2009, Veintitrés dio a conocer la denuncia contra el juez motorizada por el diputado K Carlos Kunkel en el Consejo de la Magistratura. Allí se lo acusaba de haber admitido de forma injustificada un amparo que terminó beneficiando al empresario Alberto Taselli, el ex concesionario del ferrocarril San Martín, quien gracias a la medida logró embolsar 4,3 millones de pesos incluso después de perder la explotación de ese ramal.

El encono de Marinelli con el universo K no sólo tiene que ver con esa denuncia ante el Consejo de la Magistratura, sino también por las tres oportunidades en que se presentó a concurso para ser camarista y vio frustrado su ascenso. Recibido de abogado en la UCA, hace 30 años que Marinelli entró al Poder Judicial. En septiembre de 1979 fue nombrado auxiliar de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial federal. Fue secretario de juzgado y de cámara en ese mismo fuero, hasta que en 1983 le llegó la designación como juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo federal N° 1.

Junto a Marinelli, las otras dos magistradas a cargo del proceso judicial por el entuerto del Central y las reservas son las camaristas en lo Contencioso Administrativo Clara María Do Pico –gran amiga de Sarmiento– y Marta Herrera. Ambas tienen fama de “independientes”, pero en los pasillos del fuero se insiste con certeza en que ambas habrían contado con el padrinazgo de Enrique “Coti” Nosiglia, el ex funcionario radical devenido en operador de Julio Cobos. En el Gobierno K le sacan punta a la coincidencia: ¿Acaso aquel padrinazgo contribuyó para que las camaristas frenaran el Fondo del Bicentenario? Se sabe: en política, las coincidencias no abundan.

La saga verde oliva continúa. Otro magistrado que falló en contra de la Ley de Medios y fue nombrado en los ’70 es Miguel Antonio Medina, juez federal con asiento en Salta, acusado por mal desempeño por su actuación en la causa por el secuestro y la desaparición –en marzo de 1976– del ex gobernado provincial Miguel Ragone. Medina ingresó a la justicia salteña en 1978, como secretario de un juzgado de primera instancia. Antes, había sido socio del abogado Raymundo Sosa, denunciado ante la Conadep como miembro civil de un grupo de tareas. Hacia 1979, Medina ya era fiscal y con el cambio de década, la dictadura lo nombró juez de instrucción. Ya en democracia, fue varias veces cuestionado por organismos de Derechos Humanos.

El tercer magistrado que falló contra la Ley de Medios fue la jueza federal de Mendoza, Olga Pura de Arrabal, quien aceptó el planteo hecho por un aliado de Julio Cobos, el diputado Enrique Thomas, y que después de su decisión tuvo que salir a negar supuestos vínculos con el grupo mediático Vila-Manzano, al que ya antes había favorecido con sus fallos. Pura de Arrabal es docente de la Universidad Congreso –una suerte de UCA mendocina–, donde es titular de Derecho Procesal Constitucional.

Otra jueza, en este caso de competencia porteña, que hizo realidad los deseos de grupos ultraconservadores, fue Marta Gómez Alsina, que trató de impedir el casamiento entre Alex Freyre y José María Di Bello, quienes habían obtenido un primer fallo favorable para celebrar el primer matrimonio gay. Gómez Alsina hizo lugar al pedido de raigambre integrista, con la firma de Melisa Lebed y Miguel Jorge Haslop, quien preside la Comisión de Jóvenes Abogados del repetitivo Colegio de la calle Montevideo, tan refractaria a los avances en derecho civil como al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Además, Haslop es parte de la sacrosanta Corporación de Abogados Católicos, que también suele oponerse a la realización de abortos terapéuticos, sin importar su pertinencia legal.

Los abogados ultracatólicos también saludaron –y propiciaron– decisiones como las tomadas por la jueza de menores platense, Inés Siro, y el juez de familia de Mendoza, Germán Ferrer. En 2006, Sirio impidió que se le practicara un aborto a una joven discapacitada que había sido abusada, y si bien luego la Suprema Corte de Justicia bonaerense lo habilitó, la evolución biológica lo volvió inaplicable. En el caso de Ferrer, en 2008 negó al pedido de la madre de una nena de 12 años que había sido violada por su padrastro. En sus argumentos, el juez destacó que no se comprometía la integridad del menor.

Otros premiado por la derecha legal es Julio Marcelo Lucini, del Juzgado Nacional de Instrucción en lo Criminal Nº 8, que tuvo un ruidoso paso por la causa de la textil Brukman, donde se lo acusó de hacer la vista gorda ante la represión policial durante el desalojo. Con un postgrado en la UCA y hombre del Colegio de la calle Montevideo, Lucini es conocido por su trato fluido con sectores de la policía, con quines suele participar de conferencias y congresos sobre seguridad. Fue Lucini quien dispuso la falta de mérito que tranquilizó al comisario Rubén Santos en la investigación por las irregularidades en los adicionales prestados por la Policía Federal en partidos de fútbol. Otro fallo benéfico para los uniformados fue el que dispuso en la causa por una balacera en la que fueron heridos dos camarógrafos de la agencia de noticias Indymedia.

Otros de los premiados que devuelven el gesto es Claudio Gutiérrez de la Cárcova, quien en abril del ‘99, como miembro del Tribunal Oral de Menores 1, condenó a prisión perpetua a tres menores de 16, 17 y 20 años, en una medida que no tenía precedentes y que es materia de estudio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Sangre joven. En 2003, cuando Francisco de Narváez creo Unidos por la Justicia, su objetivo era darle vida a una suerte de “Cels” macrista, en referencia al centro de estudios que se volvió un pilar para el avance de las causas por los Derechos Humanos. Uno de los miembros fundadores de la ONG deja en claro este perfil: el fiscal General porteño, Germán Garavano, egresado de la UCA y ex director académico de Fores, fue uno de los que más sostuvo el funcionamiento de la Ucep, la extinta patota parapolicial con la que el macrismo intentó “limpiar” las calles de la ciudad. De alguna forma, Unidos por la Justicia es la sangre joven que viene a oxigenar a la “familia unita”, a los viejos aparatos de lobby y presión política que nacieron con la dictadura y nunca dejaron de operar en una Justicia que, más que ciega, por momentos parece cerrar un ojo. Y hacer un guiño con el derecho.
Por Equipo de política

6 comentarios:

  1. sr.martinez ,me intriga como deberia ser segun usted nuestra sociedad , en todas las naciones del mundo existen corrientes ideologicas diferentes y opuestas,con la misma euforia qe usted descalifica a la gente qe piensa diferente a su vision de sociedad "ellos" tambien descalifican o disienten de su linea de pensamiento , qien tiene la razon?pero no se aflija porqe los progre tienen enqistados tambien en el poder o repartiendoselo a personajes tan nefastos como videla, repasemos kunkel dlia y tanotos otros qe se alzaron en contra de gobiernos deocraticos o militares ,daba igual.le aclaro qe yo si soy un trabajador legitimo y no milito en ningun asqeroso partido politico de mi amada republica. disculpe si se siente agraviado no es mi intencion solo me mueve la bronca de no encontrar gente qe realmente le interese unir argentinos en el camino del progrso del pueblo.

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  2. Recuerdo la servilleta de Corach, los jueces nombrados durante el proceso de 1976, la Jueza Sarmiento, La Jueza Olga Pura de Arrabal y sus vinculaciones con el grupo Vilas-Manzano, su parentesco familiar etc .
    Es el único de los tres poderes que no elegimos habría que repensar el tema.

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  3. Es excelente la nota, es un raconto que debemos tener en la memoria, porque rejunta a todo el sector de la iglesia católica tan pacata que tenemos, con respecto al primer comentario, es cierto que existe gente que tienen una visión y/o posición de la sociedad, pero es bastante inconcebible se pueda tener otra visión cuando este tipo de gente apunta sesgar la libertad de pensamiento, no dejar ver un film, no es precisamente poder darle a la otra persona derecho de elegir, no dejar que una mujer aborte, no es precisamente darle derecho a elegir, decir que la homosexualidad es una enfermedad, me parece que tiene mucho que ver con la libertad.

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  4. kurt no me siento agraviado para nada x tus palbras, al contrario t agradesco q lo leas y digas tu opinion, ahora si, me das mucha pena, desde el momento q decis q t da lo mismo un gobierno democratico o una dictadura militar, no tiene sentido discutir con vos ningun argumento.

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  5. SER GORILA O SER PINGUINO,DE DERECHA O ZURDO,SOMOS TODOS ARGENTINOS,MIREMOS PARA ADELANTE,Y TRATEMOS DE HACER LAS COSAS BIEN,CLARIN ES TAN ARGENTINO ,COMO EL OBELISCO,UNAMONOS PARA EL BIEN,MI PAIS ESTA LLENO DE ANTINOMIAS,NO SEAMOS SEPARATISTAS,UNAMONOS,COINCILIEMOS DE UNA VES POR TODAS,QUE LA ARGENTINA DA PARA QUE ROBEN TODOS,JUECES, POLITICOS, MILITARES, SINDICALISTAS,SON TODOS UNA MANGA DE DELINCUENTES,DESPUES DE NUESTROS PROSERES, COMO SARMIENTO, SAN MARTIN ,BELGRANO ETC ETC,O FUERON MUY BOLUDOS O INOPERANTES O DELINCUENTES,A SI QUE NO ME JODAN.Y VIVA LA PATRIA

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