LA MALDITA CORPORACION JUDICIAL

"Un pasado que condena. Reciclados como adalides del Estado de Derecho, muchos jueces integran una intrincada trama que los vincula –por comunidad de intereses y afinidad ideológica– con los sectores transnacionalizados de la economía; un lugar donde abrevan los estudios jurídicos más influyentes del país. Un verdadero poder que comenzó a constituirse a la sombra de la dictadura, se reconvirtió durante la década del menemismo y aflora hoy para defender a sus patrocinadores en cuestiones comerciales, políticas y penales.

Un ejemplo de la supervivencia de esos sectores es el caso de cuatro de los cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Formosa. Manuel Hang –ex presidente del Tribunal– es el más comprometido. Tras el golpe militar, integró el Tribunal como juez subrogante, para desempeñarse luego en la Asesoría General de Gobierno, donde compartió funciones con el ex capitán Carlos Domínguez Linares –imputado por tormentos agravados–. Una carrera en la judicatura castrense que lo elevó al cargo de fiscal de Estado cuando el general (R) Juan Carlos Colombo –acusado de delitos de lesa humanidad– regía los destinos de la provincia.

(...) Similares acusaciones pesan sobre los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, René Mario Goane y Alberto José Brito. El primero se desempeñó en la Fiscalía del Estado provincial entre 1976 y 1983 –además fue director del Registro Civil entre mayo y julio del 76–. El segundo juró dos meses después del golpe para asumir como secretario en el fuero civil y comercial, desde donde escaló posiciones hasta acceder en octubre del 77 a una secretaría en la Corte, antes de ser designado juez en lo civil y comercial. Desde septiembre del año pasado, los organismos de derechos humanos esperan que la Legislatura se haga cargo del tema y no dejan de señalar que los sucesivos gobiernos mantuvieron en la judicatura provincial a jueces vinculados con la dictadura.

La situación no es mejor en Mendoza. “La Cámara de Apelaciones tiene una posición tomada, y es claramente a favor de los represores”, denunció Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. En la provincia todavía genera críticas la catarata de excarcelaciones que benefició a un grupo de represores que actuó en la región. Las denuncias apuntan a los jueces Otilio Romano, Julio Petra Fernández, Alfredo López Cuitinio y Luis Miret. Sus resoluciones permitieron que Tamer Yapur –ex interventor provincial durante la dictadura– y el coronel (R) Oscar Orlando Dopazo –ex jefe de inteligencia del G2– esperaran en libertad –al igual que los ex comisarios Osvaldo Fernández y Eduardo Smaha Borzuk– el inicio del postergado juicio oral en el marco de una megacausa que investiga unos 200 casos de desaparición y tortura, además del asesinato de Francisco 'Paco' Urondo.

Otro ejemplo de supervivencia lo constituyen Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, integrante de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, y Conrado Bergesio, juez federal de San Martín que debe dilucidar si Felipe y Marcela Noble Herrera son hijos de desaparecidos. Ambos magistrados se desempeñaron en la Cámara Federal en lo Penal, una jurisdicción extraordinaria creada por Alejandro Agustín Lanusse en 1971 para juzgar delitos calificados como “subversivos” y que fuera disuelta por el Congreso en 1973. Más recordado como “El Camarón”, el tribunal acumuló en su breve vida un sinnúmero de denuncias sobre apremios ilegales que –en muchos de los casos– se habrían producido con el conocimiento de sus integrantes.

(...) A veintisiete años del regreso de la democracia, la resistencia del Poder Judicial a realizar una autocrítica sigue tan vigente como su opción por las posiciones conservadoras. “Basta detenerse en las persistentes denuncias por torturas que se registran en muchas jurisdicciones, o la aplicación de la prisión preventiva bajo condiciones inhumanas de detención, para darse cuenta del consenso que reina entre la mayoría de los jueces”, confió a Miradas al Sur un ex secretario del fuero penal. Aunque a partir de 1983 se registraron avances, muchos abogados destacan que “la criminalización de las protestas sociales” y “los desalojos de familias ordenados sabiendo que no existen soluciones habitacionales desde el Estado” son pruebas del posicionamiento ideológico de muchos de sus integrantes.

(...) Según la visión aportada por el Centro de Estudios Legal y Social (CELS), la situación “ha ido delineando en la Argentina un Poder Judicial con fuertes tendencias corporativas y burocráticas, permeable a las pujas de poder, oscuro e ineficiente, acostumbrado a no rendir cuentas, alejado de los conflictos sociales y con escasa legitimidad”. Un retrato que no ayuda a mejorar la defensa que realizó la jueza María José Sarmiento de su padre, el coronel Luis Alberto Sarmiento, acusado de torturar hasta la muerte en 1972 al estudiante Ángel Enrique Brandazza."
Miradas Al Sur