Tres años de investigación, entrevistas con integrantes de la Comisión Investigadora y abogados defensores, conversaciones con numerosos allegados - familiares, amigos y compañeros - y un relevamiento exhaustivo de materiales de archivo documental audiovisual y gráfico, fueron los recursos sobre los cuales se construye la memoria en este documental.
Jorge Jager, realizador del video documental “Me llamo Brandazza...me secuestra la policía”, es docente y Coordinador del Area Realización y Jefe del Dto de Investigación y Promoción Cultural en la Escuela Provincial de Cine y Televisión (Pcia de Santa Fe).
El documental es una investigación realizada en el marco del Concurso de Becas 2000 de la Secretaría de Cultura de Santa Fe, etapa coproducida con la Escuela Provincial de Cine y TV de Rosario. El documental fue postproducido con el Apoyo del Centro Audiovisual Rosario y declarado de Interés Provincial y Cultural por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y por la Universidad Tecnológica Nacional.
La presentación del documental viene a cuento de la historia de los años setenta, de los sueños colectivos inconclusos de sus víctimas y de las pesadillas del presente impulsadas por los que hicieron dinero con la sangre derramada. Lo que sigue es una de las tantas formas de contar el caso Brandazza.
Aquella ciudad
El 3 de diciembre de 1972, por medio de una conferencia de prensa, el Organismo Unico de Arquitectura, la Federación Universitaria Argentina, la Agrupación de Abogados de Rosario, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Movimiento contra la Represión y la Tortura informaron que habían enviado telegramas al presidente de la Nación, el general Alejandro Lanusse, y a la Cámara Federal pidiendo por la suerte de los detenidos por razones políticas y gremiales.
"El violinista en el tejado" cumplía su segunda semana en el cine Gran Rex y el almirante Isaac Rojas era promocionado como la personalidad entrevistada, en forma especial, por Canal 5.
El 6 de diciembre se le brindaba un agasajo al coronel Juan de Dios Carranza Zavalía por haber logrado su ascenso. Participó el comandante del II Cuerpo de Ejército, el general Leandro Anaya.
De 112 sociedades anónimas que habían presentado sus balances el 30 de junio de 1972, 94 obtuvieron ganancias y solamente 18 presentaron pérdidas.
Las empresas Somisa y PASA hacían publicidad diciendo sus bondades y haciendo gala de sus raíces nacionales: "Esto es PASA (y queda en Santa Fe, entre nosotros). Un verdadero orgullo provincial y nacional. De PASA quedan en la provincia 76 millones de pesos ley anuales, en compra a proveedores locales, y 33 millones de pesos ley en salarios".
Se anunciaba la fórmula presidencial del Partido Demócrata Progresista, Francisco Manrique-Rafael Martínez Raymonda. En Canal 8 se anticipaba la palabra del líder radical Ricardo Balbín.
El 13 de diciembre de 1972, el Colegio de Abogados reclamó por la desaparición del estudiante Angel Enrique Brandazza.
"La opinión pública se ha visto nuevamente conmovida por la desaparición de un ciudadano, esta vez el estudiante Brandazza, sin que las gestiones realizadas para su esclarecimiento por familiares y letrados hayan dado resultado alguno hasta la fecha. Es necesario que todos los sectores expresen la honda preocupación que estos sucesos causan a la sociedad, que ve a sus integrantes seriamente amenazados en sus derechos fundamentales, así como las graves consecuencias que pueden generar la indiferencia del pueblo y del gobierno ante hechos de esa naturaleza".
La Santafesina SA prohibió una concentración en la Plaza de Mayo "contra el hambre, la represión y la entrega". La organizaban el denominado Encuentro Nacional de los Argentinos y el Movimiento Nacional Intersindical.
Salvador Allende, presidente de Chile, llegaba a México en medio de una gran expectativa.
Aquella marcha reclamaba "un aumento salarial inmediato de 50 mil pesos para los trabajadores, jubilados y pensionados; creación de fuentes de trabajo y subsidios para los desocupados, fijación de precios máximos para los artículos de amplio consumo".
Quien había sido el represor del Cordobazo, el general Alcides López Aufranc, era, por entonces, jefe del Estado Mayor General del Ejército. "En una sociedad de seres imperfectos resulta necesaria la protección de la fuerza para mantener la paz", decía el militar que a partir de 1976 ocuparía la presidencia de Acindar. Fue en el 159º aniversario de la creación de la capellanía militar. Agregó: "Resulta imprescindible acentuar las prácticas religiosas. Estar cerca de Dios para ejercer nuestro sagrado deber militar". Se preparaba para una guerra santa. El jefe de la policía santafesina era el coronel retirado Fernando Guillén.
En el diario "La Capital", de Rosario, el 16 de diciembre de 1972, en la segunda sección, página 13, apareció una breve crónica: "Los defensores de un estudiante desparecido hicieron declaraciones". Eran los doctores Mario Ducler y Roberto Columba. Denunciaron que los hábeas corpus presentados por la suerte de Enrique Brandazza habían sido rechazados, tanto en el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército como en la Jefatura de la policía rosarina.
Al otro día se informaba que el costo de vida fue del 73,9 por ciento y el editorial del diario centenario reflexionaba sobre los problemas del tétanos.
En Villa Constitución, donde se había levantado la planta número 2 de Acindar, se celebraban las bodas de plata del cura Samuel Martino.
Un banco cooperativo, Aciso, cumplía doce años, y en los cines se proyectaban "La Califa" y "Terror en el bosque". En una confitería donde se cenaba y bailaba, Sayonara, tocaba la banda El Combo Bogotano, que hacía las delicias de un comandante retirado de Gendarmería que era habitué del lugar, Agustín Feced.
Feced y el recientemente promovido a general Carranza Zavalía habían participado del secuestro, la tortura, la desaparición y la muerte de Angel Brandazza; el prólogo de la noche carnívora que se desataría a partir del 24 de marzo de 1976.
Había sido el 28 de noviembre de 1972, en la entonces ciudad obrera.
A mediados de octubre de 1973, una comisión bicameral de la Legislatura santafesina investigaría la suerte de Brandazza.
A pesar del gobierno democrático, de la prolija reconstrucción de los hechos y de las profundas reflexiones que realizaron los diputados que redactaron el informe, los responsables de la desaparición del estudiante de Ciencias Económicas oriundo de Venado Tuerto volverían con toda su ferocidad a partir de 1975 y soñarían con un orden de cien años con ellos en el poder.
La comisión bicameral
El artículo 46 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe autoriza a cada cámara para designar comisiones "con propósitos de información e investigación sobre materias de interés público y proveerlas en cada caso de las facultades necesarias, las que no pueden exceder de los poderes de la autoridad judicial, para el desempeño de sus cometidos".
El informe de la Comisión Bicameral Investigadora de Apremios Ilegales y Torturas de la provincia de Santa Fe abrió la causa número uno.
"Víctima: Angel Enrique Brandazza. Delito: Homicidio, apremios ilegales y tortura. Acusados: integrantes del ex comando SAR, general Elbio Leandro Anaya, general Juan de Dios Carranza Zavalía, coronel Vilanova, mayor Bonifacio, mayor Gigena, sargento ayudante Emilio Letto, gendarme Gamboa, cabo de la policía federal Peregrino Luis Gallardo, alias Jopito; subinspector de la policía federal Jorge Roberto Ibarra, alias Calculín; cabo primero de la policía federal Atilio Gerla, alias Costurera; agente de policía federal Hugo José Bellet; agente de la policía federal Rubén Felipe Fernández; oficial ayudante de la policía provincial Ovidio Marcelo Olazagoitía; oficial subinspector de la policía provincial Alberto Máximo Grandi; cabo de la policía provincial Rubén Oscar San Juan; agente de la policía provincial Angel Jesús Farías; cabo de la policía provincial Gregorio Prieto", decía la carátula del informe de la comisión.
El 15 de octubre de 1973 se solicitó al juzgado de instrucción de la cuarta nominación el sumario instruido por el caso Brandazza. Era la causa 904/72.
El sumario había sido elevado a la Corte Suprema de Justicia Nacional por el juez Hugo Castagnino, en aquel momento a cargo de instrucción de la tercera nominación de Rosario.
El presidente de la Comisión Investigadora era Juan Luis Lucero y el secretario, el también diputado provincial Rubén Martínez.
El 5 de noviembre de 1973 se presentó ante la comisión la madre de Brandazza, Lorenza Cancela, domiciliada en Pueyrredón 617 de Venado Tuerto. Angel Emilio Brandazza, padre del estudiante desaparecido, pidió por escrito saber qué pasó con su hijo, el 4 de diciembre de 1972, con el patrocinio de los doctores Mario Ducler, Juan Bernardo Iturraspe, Héctor Gómez Machado y Roberto Columba.
El 10 de octubre de 1973 el doctor Enrique Petracchi, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, indicó que "de esta causa surgen graves imputaciones de apremios ilegales y otros delitos, de los que habrían resultado víctimas numerosas personas, además de Angel Enrique Brandazza, cuya autoría se atribuye a personal militar y de las policías federal y de la provincia de Santa Fe, que actuaba en ejercicio de las facultades conferidas por el decreto ley 19.081 del año 1971".
Brandazza habría muerto al día siguiente de su detención, según informó el doctor Miguel Angel Hadad, el 12 de noviembre de 1973.
Confesiones
Ana del Carmen Atenzio de Farías, por aquel entonces ama de casa de 23 años, dijo el 23 de noviembre de 1973 que su esposo, Angel Jesús Farías, trabajaba en la policía de Rosario y que en mayo de 1972 pasó a desempeñarse en el denominado Comando SAR (Sub Area Rosario).
Su marido le dijo que "el joven Brandazza tenía datos, que era un militante de un grupo peronista, aunque también le manifestó que pertenecía al ERP, que sabían dónde trabajaba el mismo porque lo había seguido, y que el esposo estuvo presente en la detención, y que luego de detenido lo llevaron a un campo cercano a la ciudad de Casilda y allí lo castigaron para que hablara, que junto al esposo de la dicente participaron de la detención Gregorio Prieto y otras personas más".
De regreso a Rosario, Brandazza logró escapar en Oroño y Córdoba.
Gritó su detención.
Lo volvieron a detener y lo llevaron a la sede del SAR, en la ex comisaría cinco, en Dorrego al 900 en Rosario. Allí lo torturaron, entre otros, los policías San Juan y Olagaitía. Dos días permaneció allí. Después lo sacaron por orden del general Anaya.
Farías se quedó con un reloj de Brandazza que terminó vendiendo a un hermano de su señora por 5 mil pesos.
El general Anaya ordenó trasladar a los que participaron de la detención del estudiante peronista. Farías tuvo tres meses de vacaciones. Se fueron quince días a Entre Ríos.
El marido de Ana del Carmen Atenzio le entregó una lista de todos los que componían el SAR: "...el que mandaba a todos era el coronel Vilanoba, el comandante Feced y el general Anaya... Farías le decía que en caso de caer iban a caer todos juntos, que él solo no iba a caer preso, porque si ocurría algo al coronel Vilanoba, Anaya o Feced no les iba a pasar nada, pero que él se había hecho una lista en la que tenía anotados los nombres de todos, con una marquita en el costado de cada nombre que indicaba en qué operativo había intervenido cada uno".
La noche de la detención de Brandazza, Farías trajo el chaleco sucio de sangre. Le tocó cuidar al prisionero durante dos noches. Era "flaquito, rubio, que tenía entendido que era del ERP, pero que el muchacho no decía nada y que parecía que era un militante peronista".
Le daban agua con "una cucharita en la boca porque no se podía mover ni nada ya que estaba completamente desecho". Algunos policías "practicaban" poniéndole inyecciones.
El secuestro fue el martes 28 de noviembre de 1972.
En abril de 1973, Farías abandonó el SAR. "Vilanoba le decía que tenía bronca que había ganado el partido peronista porque seguramente los iban a disolver".
Ana de Farías sumó otro dato más: el juez Castagnino "les dio garantías a Grandi, San Juan y Olazagoitía y que no se preocuparan... el juez les dijo que no pasaba nada, que se quedaran piolas, que Farías dijo que el juez era de ellos".
La comisión viajó hasta Mar del Plata, donde vivía el hermano de Ana, y se encontraron con el reloj. Luego se verificó que había pertenecido, efectivamente, a Angel Brandazza.
El 28 de noviembre de 1973 la comisión ordenó la citación de los policías Gregorio Prieto, Alberto Máximo Grandi, Rubén Oscar San Juan, Ovidio Marcelo Olazagoitía y Angel Jesús Farías.
Este último declaró el 29 de noviembre de 1973.
El SAR funcionaba en Dorrego 549. La pista seguía siendo el reloj de Brandazza.
"Ese reloj lo saqué un día, porque nosotros no teníamos acceso adonde estaban los militares... los militares habían ido a hacer un secuestro de propaganda y algunas cositas y en eso venía el secuestro ese... lo único que nos daban era eso, el papelito para hacer el ambiental, una investigación... se puede decir que no nos daban nunca porque nosotros agarrábamos la listita y pasábamos cualquier boludez, pasábamos".
Los interrogatorios se hicieron en el Servicio de Informaciones, "que la mayoría de todos los trabajos yo sé que en el servicio de informaciones interrogaban a la gente, pero que no sabe de qué forma, que no participaba de las declaraciones". Tenía un sobresueldo de 48 mil pesos, pero se lo pagaron dos meses solamente.
Agregó que al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército iban a reunirse el coronel Carranza Zavalía, el coronel Sarmiento, Feced y otros.
Ese mismo día declaró Máximo Grandi, subinspector de la policía, adscripto a la sección Robos y Hurtos. Dijo que el jefe del operativo contra Brandazza fue el coronel Vilanoba, "que fueron dos carros de asalto con batallón uniformado de la Guardia de Infantería... la función del SAR era chequear domicilios".
Aquel día cuando se abriera la puerta "entraban todos a tropel, los cincuenta, quinientos o los que fueran; que el dicente se apoyó contra una ventana y quedó afuera; que fue todo al servicio de informaciones; que cargaron a la mamá, a los chicos, a otra chica y los llevaron al servicio de informaciones de la Jefatura de la policía local, adentro de Jefatura en ese mismo momento".
Vilanoba salió, llevándose a una señora y dos menores, una chica y un chico, en un Ford Falcon gris hasta el servicio de informaciones. El coronel se quedó y se subió al otro automóvil donde estaba Grandi.
Los magos de la picana
La causa sigue con una nueva declaración de Farías.
Al mediodía del 28 de noviembre, vino Ibarra y "entregó una ametralladora a cada uno (al dicente y a Gregorio Prieto), que por orden de Vilanoba tenían que ir de apoyo".
Dos Falcon, uno verde y otro azul, y una camioneta Chevrolet celeste. Esperaron dos horas en bulevar Seguí y Constitución. Allí estaba, supuestamente, "un tal Mateo, o sea Julio Roque, jefe de la organización FAR, que después cayó en Buenos Aires, que cuando salió a las doce y media la persona procedieron a la detención a una cuadra aproximadamente de allí, que la detención la hicieron ellos".
En la camioneta Chevrolet lo llevaban a Brandazza, que logró escapar al llegar a Oroño y Córdoba, pero fue reintroducido al Ford azul en el que viajaban Farías y Prieto. Lo llevaron hasta la seccional quinta, donde funcionaba el SAR.
"Había un militar llamado Sarmiento, que era muy bueno para pasar la máquina, que cuando el dicente cuidaba no se sentían quejidos, nada, que al tipo lo han parrillado en el horario en el que el dicente no estaba". Además de Sarmiento, también aplicaban la picana Grandi y Olazagoitía. Al calabozo entraban Vilanoba, el mayor Gigena, el mayor Bonifaci, el general Anaya y el coronel Carranza Zavalía.
Sostuvo que el coronel "Sarmiento era un mago, que venía con una valijita, que en esa valija hay un aparato que regula tensión de la picana eléctrica, que Sarmiento era un especialista en el asunto, que la valijita, mejor dicho el aparato, era igual que el que se ve en la película Estado de Sitio".
La Federal también tenía a sus especialistas, "los maquinistas Bellet y Fernández", como también lo eran Grandi y Olazagoitía.
Creyeron que Brandazza era Julio Roque.
Brandazza trabajaba en Fundiciones Monterrey, que había sido ocupada por el ERP.
Sobre Feced, indicó que "el viejo peleaba por cuenta de él, con su gente, que no vio que se metiera nunca, que torturaba por su cuenta, es gendarme, dice, y los gendarmes son jodidos. Pero que hay muchos policías superiores que no saben lo que pasa. Que el SAR sucedió al anterior Comando Belén que funcionaba en la Jefatura; que no sabe por qué se llamaba Belén, pero cree que son siglas o códigos para radio".
Gregorio Prieto agregó: "Por culpa de estos malditos militares que me deshicieron cuando me sacaron de Jefatura, no me alcanzaba el sueldo porque ahí tenía que comprar la comida". Antes se la daban gratis en la Jefatura. Entre junio de 1972 y marzo de 1973 estuvo en el SAR.
Farías añadió que "sabía que la detención de Brandazza era ilegal. Que en dependencia del Comando del Segundo Cuerpo recibían adoctrinamiento antiguerrillero. Que todos los efectivos que aprehendieron a Brandazza en las inmediaciones de la Fundición Monterrey estaban vestidos de civil".
El botín de guerra
"Se comentaba que Vilanoba en este caso como en muchos otros se ocupaba de reducir las alhajas y otras cosas que se secuestraban y que no interesaban directamente a los delitos que se estaban investigando; que de la misma forma, así como se quedaba con muchos efectos secuestrados de propiedad de los allanados en combinación con el comandante Anaya, de la misma forma, el sobresueldo que se les había prometido al personal que trabajaba en el SAR se los pagó solamente dos meses y el resto no les fue pagado, y se comentaba entre el personal que el automóvil nuevo que se había comprado Vilanoba procedía de dicho dinero, que había, cree, 57 personas que debían cobrar el sobresueldo, que Vilanoba decía que no les pagaba porque el Ejército no le había mandado la plata, pero que nunca se les pagó dicho dinero", sostuvo Farías.
Nunca se supieron los nombres de aquellas 57 personas.
El futuro estaba preñado de torturadores.
A la hora de justificar procedimientos, Farías recordó "un informe que dio Bellet sobre que en Bioquímicas (Riccheri entre Santa Fe y San Lorenzo) se realizaba una reunión de comunistas; que se allanó la facultad con un carro de asalto del Batallón de Infantería; que tiraron abajo el portón con dicho carro de asalto; que como no encontrararon ninguna reunión de comunistas porque el informe estaba mal hecho, Calculín para justificar pintó con un pincel en las paredes, «ERP», «FAR», «Mueran los montos», todo chorreado; que los negativos de tales fotos están en Jefatura de Policía de Rosario; que los militares para cubrirse ordenaron pintar las paredes con las siglas ya referidas para cubrirse, que el que dio la orden era Vilanoba, que Anaya no sabía nada de eso".
Las resoluciones
El 3 de diciembre de 1973 se repasan los cargos contra Grandi, Farías y Prieto: hurto, defraudación, detención ilegal y tormentos.
Sobre Farías se establece que "no puede alegar la obediencia debida por tratarse de una orden ilegal y que lo hacía incurrir en delito de acción pública y que se da en el transcurso del tiempo, en distintos hechos que realiza sabiendo la ilegitimidad de sus hechos".
Es el mismo argumento que se utiliza para calificar las acciones de Grandi y de Prieto. "No se puede alegar obediencia debida...".
El 4 de diciembre de 1973 se envió una nota al comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, general de brigada Eduardo Miguel Arancet, solicitándole la "inmediata detención e incomunicación del sargento Emilio Letto". Se informó a Rubén Oscar San Juan y Ovidio Marcelo Olazagoitía, alojados en Alcaidía de Tribunales, que quedaban en calidad de "detenidos e incomunicados a disposición del juez federal número uno, doctor Héctor Carlos Freytes".
Los diputados de la Comisión insistieron.
Pidieron al comandante general del Ejército Argentino, teniente general Raúl Carcagno, la presentación ante la comisión del general (RE) Elbio Leandro Anaya, general del Perpetuo Socorro Carranza Zavalía, coronel Vilanoba, mayor Bonifacino, mayor Gigena, sargento Emilio Letto.
En forma paralela, desde la Policía Federal se informaba el 7 de diciembre de 1973 que Atilio Gerla y Hugo Bellet "se encuentran en comisión en el exterior del país, cumpliendo una comisión reservada de este comando. Con relación al agente Rubén Felipe Fernández, le ha sido acordada una licencia sin goce de sueldo por el término de seis meses con autorización para ausentarse a la República de Venezuela". Firmaba el general de brigada Miguel Angel Iñíguez, jefe de la Policía Federal que durante los años sesenta había participado activamente de las acciones de la mítica resistencia peronista.
El 12 de diciembre de 1973 el teniente general Carcagno contestó con respecto a la presentación de los señores Anaya, Zavalía, Vilanoba, Bonifacino, Gigena y Letto. "Es indispensable para el firmante el conocimiento previo de los fundamentos en que se apoya la excepcional medida solicitada mediante el oficio que contesto, a fin de saber si el proveer en consecuencia implica contravenir el criterio sentado en la materia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como así el indeclinable ejercicio de la jurisdicción que me compete".
A pesar del supuesto compromiso con la democracia recuperada el 11 de marzo de 1973, ningún integrante de las fuerzas armadas y de seguridad estaba dispuesto a juzgar a sus pares.
Esto tampoco se tendría en cuenta en los años posteriores.
El general Carranza Zavalía se convertiría en uno de los principales funcionarios del Banco Provincial de Santa Fe.
Agustín Feced fue el jefe de la policía rosarina a partir de 1976 y antes, durante la administración de María Isabel Martínez de Perón, fue tentado para conducir la Triple A. Cuando se hizo cargo de la Jefatura, por el Servicio de Informaciones que comandaba, pasaron 1.800 personas detenidas en menos de dos años, 350 de las cuales siguen desaparecidas hasta el presente.
El diputado Juan Lucero fue detenido en marzo de 1976 y luego se exilió en Dinamarca. Su hija, Carmen, siguió el mismo camino, luego de haber conocido el infierno del Servicio de Informaciones de Rosario.
Angel Enrique Brandazza es el caso más antiguo que tiene el listado de personas desaparecidas elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
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