Organismos de Derechos Humanos de Argentina denunciaron a dos jueces y a un ex funcionario judicial por su participación en la entrega y apropiación de un bebé durante la dictadura militar.
Dictador. Videla, cuando declaró en el juicio por el Caso Noble.Uno de los jueces del tribunal oral que juzgará a Jorge Rafael Videla por el “plan sistemático de robo de bebés” durante la dictadura, habría intervenido a mediados de 1976, en la adopción ilegal del hijo de una desaparecida. Sobre otro magistrado que podría intervenir en el mismo juicio contra el dictador, pesa una denuncia más grave aún: fue quien avaló con su firma el expediente por el cual aquel bebé de veinte días fue entregado a un policía que intervino en el secuestro de su madre.
Los jueces denunciados son Wagner Gustavo Mitchell, miembro de la Cámara Nacional de Casación Penal, y Jorge Martínez Sobrino, actualmente integrante del Tribunal Oral Federal 6.
La denuncia fue presentada por María Isabel de Mariani (Fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo), Elsa Pavón (Presidenta de la Asociación Anahí ), Mirta Baravalle (Madres de Plaza de
Mayo-Línea Fundadora), Sara de Cobacho (Secretaria de Derechos Humanos Pcia Bs. As.), Paula Logares (nieta recuperada) y otros organismos de Derechos Humanos.
La denuncia sostiene que los jueces autorizaron la adopción en tiempo récord del bebé Simón Riquelo de 20 días, luego del secuestro de su madre, la uruguaya Sara Méndez, el 13 de julio de 1976, durante un procedimiento conjunto de oficiales de ejército argentinos y uruguayos en la ciudad de Buenos Aires.
En el mismo procedimiento fue detenida la enfermera uruguaya Asilú Manceiro Pérez, refugiada política al igual que Méndez, y ambas fueron trasladadas y torturadas en el centro clandestino "Orletti" que fue utilizado durante la Operación Condor.
El bebé Simón fue entregado en adopción al comisario Osvaldo Armando Parodi al día siguiente del secuestro de su madre y en el acta judicial figura que el bebé apareció en las puertas de una clínica de la zona norte de Buenos Aires.
"Frente al hallazgo de un bebé 'abandonado' de 20 días –que es un hecho extremadamente grave- los jueces Mitchell y Martínez Sobrino, no sólo no realizaron ni una sola medida de
investigación para encontrar a su familia, sino que por el contrario callaron, y a través de un expediente ideológicamente falso dotaron de una 'supuesta legalidad' la apropiación, y ello pese a que existían innumerables habeas corpus, y madres y abuelas que recorrían los juzgados en busca de sus familiares", denunciaron los organismos.
Méndez, residente en Montevideo, recién pudo reencontrarse con su hijo a mediados de 2002, mediante pruebas de ADN.
Estela de Carlotto aseguró en la denuncia que el juez Mitchell respondió en tono amenazante: "decíle a esa abuela que se olvide de todo este asunto...si no quiere aparecer en una zanja", cuando un abogado amigo indagó por una bebé que había aparecido en la Casa Cuna de Buenos Aires y que podía ser hija de desaparecidos.
La presentación finaliza señalando que "no es posible tolerar que estos hombres sigan en las altas funciones que ocupan y nos sentimos verdaderamente defraudados cuando venimos a reclamar justicia y nos encontramos que aquellos que deben impartirla han participado en los crímenes de lesa humanidad que nos perjudicaron y aún continúan perjudicando a nuestros nietos".
"Este expediente es la demostración de la complicidad de algunos jueces con el sistema para consolidar la apropiación de niños y la entrega a sus apropiadores mediante un marco de
"supuesta legalidad judicial", concluyeron los denunciantes.(
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