En la figura del actual jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, puede estar la clave de la seguidilla de escándalos que han llevado a Mauricio Macri, Guillermo Montenegro y Mariano Narodowsky hacia el banquillo de los acusados.
En la primavera de 2007, el entonces diputado Burzaco suponía para sí mismo un futuro venturoso. Era el principal asesor en seguridad de Macri –que acababa de ser elegido jefe del Gobierno porteño– y daba por hecho su nombramiento como ministro del área. En ese contexto, se mostraría muy interesado en un asunto tecnológico: el software con el cual el Poder Ejecutivo nacional se protegía de posibles pinchaduras telefónicas. Y para interiorizarse de su mecanismo, no dudó en recurrir a las fuentes.
Lo cierto es que el ingeniero Ariel Garbarz experimentaría cierta sorpresa ante la visita del robusto legislador a su oficina del barrio de Palermo. Éste se dejó caer allí junto con dos técnicos de su confianza.
El anfitrión, a la cabeza de un equipo dependiente de la Universidad de Buenos Aires, había desarrollado durante 2006 –en coincidencia con el juicio político a Aníbal Ibarra– un programa de encriptación llamado DBA. De ese modo se neutralizó el espionaje sobre los celulares de 54 diputados de la Ciudad y todas las líneas de la Legislatura. Aquella maniobra se hacía a través de unidades interceptoras NAR6400 y AST128, con capacidad simultánea para oír unas 1.800 líneas. Ello derivó en un allanamiento a un edificio de Telecom en la localidad de Garín, donde fueron hallados nada menos que los puertos de entrada de tales equipos. Fue sugestivo que, poco antes de la irrupción policial, manos anónimas pegaran en los aparatos unas estiquetas escritas con birome en las que decía: “Observaciones Judiciales-Avenida de los Incas”, en alusión a la oficina de la Side encargada de hacer escuchas legales. Pero no tardaría en trascender que tal estructura en realidad era parte de una central de inteligencia manejada por misteriosas manos privadas.
Burzaco, en ocasión de su entrevista con Garbarz, escuchó las explicaciones del caso sin pronunciar palabra alguna. Sus acompañantes, en cambio, insistían en preguntar detalles del software en cuestión; especialmente, todo lo referido a su sistema de desbloqueo.
En diciembre de aquel año, luego de que Macri asumiera en la Ciudad, algo hizo que Garbarz recordara su encuentro con Burzaco: la flamante administración del PRO había ordenado desactivar ese sistema de protección, tanto el de los teléfonos fijos de la Legislatura como el de los celulares pertenecientes a los diputados. Objetivamente, se había liberado la zona para el espionaje.
Los pormenores de esta historia fueron relatados en marzo por Garbarz, durante su declaración ante el juez federal Norberto Oyarbide. También fue incorporado al expediente un informe pericial, suscripto por 28 ingenieros y analistas de sistemas de la UBA.
“La Justicia recién ahora está ante la punta del ovillo de una gran central de inteligencia articulada desde la ilegalidad”, sostuvo Garbarz en un díalogo con Miradas al Sur.
Es posible que, a raíz del testimonio realizado por este especialista en telecomunicaciones, los investigadores hayan evocado la súbita presentación en el despacho de Oyarbide del empresario Carlos Ávila –una de las víctimas del Macrigate–, ocurrida durante la mañana del 18 de febrero. En aquella oportunidad, éste dijo, casi a boca de jarro: “¡Ahora entiendo el motivo de mis pinchaduras!”.
En resumidas cuentas, responsabilizaría del asunto al Grupo Clarín y los directivos de su ex empresa, TyC Sports, puesto que al promediar 2007 el presidente de la AFA, Julio Grondona, le había encargado evaluar la posibilidad de romper el compromiso contractual con TyC, mediante la creación de un canal alternativo.
Por esos días, el CEO de TyC era Alejandro Burzaco, nada menos que hermano de Eugenio.
Danza con lobos. Ya se sabe que los sueños de gloria de este último sufrirían una postergación de casi dos años. No menos público es el baldazo de agua fría que significó para su autoestima el nombramiento del juez federal Guillermo Montenegro en el cargo al que ansiaba. Recién en diciembre de 2009, la debacle policial nacida con la eyección del comisario Jorge Fino Palacios y que concluyó con la caída de su sucesor, Osvaldo Chamorro, lo rescataría del ostrasismo.
Tal vez ahora paladee con fruición la vidriosa situación Montenegro, quien gambetea su indagatoria por encubrimiento como un futbolista de metegol. Sin embargo, su propio presente tampoco es plácido.
A casi tres meses del lanzamiento de la Mazorca del PRO, su magro desempeño en algunas calles de la ciudad es irremediáblmente opacado por el escandaloso currículum de los comisarios que integran su plana mayor.
Uno de ellos hasta fue acusado de matar a una prostituta, luego de contratar sus servicios. Al parecer, alguna desaveniencia hizo que la mujer lo atacara con un puñal, recibiendo cinco balazos por respuesta. El tipo –por entonces, comisario de la Federal– resultó al final sobreseído por defensa propia, pero fue expulsado de esa fuerza, antes de su ingreso en la Metropolitana.
Otro de sus camaradas fue protagonista de un episodio no menos desafortunado: un disparo accidental salido de su pistola reglamentaria malograría a un subordinado suyo. Al tiempo del incidente fue reclutado por Palacios en la policía macrista. Se trata del actual superintendente de Comunicaciones, Eduardo Jorge Martino.
Sobre él ahora pesa la sospecha de manejar una empresa de seguridad privada en la provincia de Buenos Aires, lo cual por ley es incompatible con su trabajo policial. El propio Burzaco salió en su defensa, afirmando que Martino había abdicado de la actividad privada en mayo de 2009, es decir, un mes antes de su incorporación a la Metropolitana. Sin embargo, la autorización del gobierno bonaerense para regentear esa agencia –firmada por el ministro Carlos Stornelli– está fechada el 24 de julio, o sea, 32 días después de asumir como funcionario de la ciudad.
Más catastrófico fue el caso del comisario Fausto Colombo, quien en sus años mozos había prestado servicios en Coordinación Federal, el brazo policial de la dictadura, junto con muchos colegas que terminarían en las filas de la Metropolitana. Pero no fue eso lo que lo llevó a la jubilación sino su procesamiento en una causa por coimas para proteger prostíbulos y proxenetas. En ella también está acusado otro ex mandamás de la milicia de Burzaco: el ex comisario Carlos Roncatti, oportunamente exonerado por la brutal represión que en 2003 desató contra los trabajadores de la fábrica recuperada Brukman.
No le va a la saga el actual superintendente de Investigaciones, Arturo Kervokian. Se lo vincula con el caso de Fernando Blanco, un hincha de Defensores de Belgrano que murió durante un operativo de seguridad que Kervokián encabezó el 25 de julio de 2007 en la cancha de Huracán.
Un vocero de Burzaco envió al respecto el siguiente comunicado a Miradas al Sur: “Tras ser consultada esta causa judicial por el sistema informático, no surge que el superintentente Kevorkián esté imputado en la misma”.
Entre los hombres de Burzaco también está Pascual Mazzeo, un antiguo oficial de inteligencia de la Federal que supo infiltrarse durante los años de plomo entre los militantes de la Juventud Universitaria Peronista de la facultad de Derecho. Hasta hace pocos meses, Palacios le había conferido una misión crucial: convertirse en ladero de Montenegro, para así controlar sus movimientos. Lo cierto es que, en su calidad de vaso comunicante entre el ministro y el Fino, el Flaco Pascual –como le dicen sus allegados– jugó un papel clave en la selección del personal de la Metropolitana
El actual director de control de Desempeño Profesional –una especie de sección de contrainteligencia– es Carlos Misurelli. Es otro de los despedidos en la purga que hubo en la Federal en el otoño de 2004. Tras su forzado retiro, llegó a ser el director ejecutivo de la Asociación de Protección de la Industria Fonográfica (Apdif). Ello tal vez explique la razón por la que Montenegro anunció que los primeros efectivos de la Metropolitana investigarán de manera excluyente la venta callejera de música y películas editadas de manera informal.
En semejante dream team, también resalta la figura del comisario general retirado Roberto Weschberg, a cargo de la Dirección Científica y Técnica de la Metropolitana. Hace apenas tres semanas, una sala de la Cámara Federal ratificó su procesamiento y el de otros cuatro comisarios de su antigua fuerza, acusados de peculado. Sucede que el quinteto encabezado por Waschberg tenía la presunta costumbre de modificar planillas de gastos de comida y adicionales para quedarse con el dinero.
A su vez, el actual superintendente de Seguridad y Policía Comunitaria es el ex comisario de la Federal Miguel Ciancio. Llegó a este puesto de la mano de Burzaco, tras el despido de su antecesor, el superintendente Miguél López. Hasta ese momento, Ciancio se desempeñaba como asesor del jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mientras que, en sus ratos libres, atiende su empresa, JSA Security, dedicada desde hace un cuarto de siglo a custiar hoteles y otros objetivos turísticos. Tanto es así que en la actualidad tiene entre su cartera de clientes a 14 firmas hoteleras de primer orden.
Estos son algunos de los 14 jefes policiales cuestionados por una amplia franja de la oposición por su cercanía con el Fino Palacios. Por caso, el diputado porteño de Nuevo Encuentro, Gonzalo Ruanova, reclamó a Macri la inmediata destitución de esa alegre camada. “Mientras la Justicia avanza en la búsqueda de responsabilidades de cada uno de los funcionarios, Macri no puede hacerse el distraído, y ya debería haber expulsado a esos policías”, fueron sus palabras.
En tanto, esquivando la demanda de articular una comisión legislativa de control policial, Montenegro ordenó disolver el área de reclutamiento de la policía porteña. A partir de ahora, la selección de efectivos provenientes de otras fuerzas quedará en manos de un civil; éste será el director de la academia policial, Miguel del Castillo. “Revisaremos legajo por legajo y extremaremos los controles”, anunció el ministro.
Por ahora, 14 de esos legajos aún no han sido revisados.
El artículo de Miradas Al Sur se titula "La punta del ovillo de la trama que ahora desvela al macrismo", y fue firmado por R. Ragendorfer y W. Goobar
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