El ahora ex ministro de Hacienda de la administración Reutemann y de la dictadura, José María Candiotti; el titular de la Federación Industrial de Santa Fe, Roberto Paladini y la familia Acevedo, propietaria de Acindar, lugar donde José Alfredo Martínez de Hoz inventó el primer centro clandestino de detención de personas del país; giraron al exterior casi 40 millones de dólares durante el año pasado al mismo tiempo que predicaban sobre la necesidad de invertir en la provincia. En forma paralela, un ex comisario general presentó un pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por una serie de hechos ocurridos en la segunda mitad de los años noventa. En palabras de Paladini: “Quieren destruir al exitoso”. Detrás de estas postales del presente existe una historia en común. Candiotti, Paladini y Acindar crecieron a partir del terrorismo de estado y tomaron el advenimiento de la democracia como una simple anécdota de la crónica política argentina. El gobernador Reutemann, siempre presuroso por despegarse de funcionarios cuestionados, tampoco tuvo muy en claro qué significa haber medrado entre la sangre derramada. Una secuencia más de la película de la impunidad, la que habla de los negocios de los santafesinos exitosos.
Patricio
Mil quinientos argentinos se llevaron tres mil millones de dólares durante el año 2001, según constató la Administración Federal de Ingresos Públicos. Doscientos de ellos no declararon la transferencia al exterior y muchos presentaron declaraciones impositivas menores a las divisas giradas. La fuente informativa fue la Comisión Investigadora de Fuga de Capitales creada por la Cámara de Diputados de la Nación. Esa fue la revelación realizada por el periodista Roberto Navarro.
Uno de los que fugaron dinero es el ahora ex Ministro de Hacienda de la dictadura y de la segunda administración Reutemann, José María Candiotti. Sus giros al exterior ascendieron a 1.082.327 dólares.
-No fue una cuestión de información, anticipación o aprovechamiento. La gente actuó en defensa de sus intereses y su criterio respecto de cómo manejar sus inversiones y sus ahorros...Hace treinta o cuarenta años que estoy en la actividad financiera, trabajando en bancos y con inversiones, integré la Cámara Argentina de Fondos de Inversión y el año pasado, abocado completamente a la actividad privada, efectivamente, yo hice movimientos de fondos hacia el exterior -declaró Candiotti.
Repitió que “no iba a dar cifras” porque es un tema “de carácter eminentemente privado” y “que uno que maneja finanzas arbitre permanentemente las mejores oportunidades de inversión y ello puede ser que esté en el exterior en la Argentina”, dijo
Más allá de la supuesta impunidad que rodea a la llamada “actividad privada”, es necesario recordar que Candiotti comenzó a incrementar su patrimonio a partir de sus cargos en el estado santafesino durante la noche carnívora de la dictadura militar.
La actividad privada tampoco fue ni es neutral. Y ese es un pequeño detalle que parece importar poco al ex gobernador Carlos Reutemann.
El primer directorio del Banco Provincial de Santa Fe, al producirse el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, estaba compuesto por el doctor Alfredo Juan Luis Daverde, como presidente; el capitán de navío retirado, contador Lorenzo Mario Tettamanti; Ramón Bernardo Terruggi y José María Candiotti; como directores, entre otros.
A partir del 31 de marzo de 1980, por decreto 863, asumió como presidente el mencionado Candiotti, mientras que el vicepresidente primero era el contador Juan Carlos Mercier y uno de los directores era otro ubicuo funcionario del reutemanismo, Domingo Alfredo Esquivel.
Eran los días finales de la cacería humana desatada en el país y en la provincia. Ya por entonces se había producido la mayoría de los 520 desaparecidos con que hoy se señala el costo del terrorismo de estado en Santa Fe.
Candiotti, primero como director y luego como presidente del Banco Provincial, suscribió la primera memoria del ejercicio 1976, en donde se lee que la institución se ajusta “estrictamente a las metas fijadas por el Banco Central de la República Argentina” en relación a “la política monetaria establecida por la condición económica”. Decía aquel informe que los depósitos crecieron de 318 millones de pesos a 3.034 millones al 31 de diciembre de 1976.
En 1980, Candiotti asumió como presidente del Banco Provincial y sostuvo que “las instituciones financieras hoy más que nunca deben medir el riesgo crediticio extremando rigurosamente los análisis previos a la colocación de sus recursos prestables, ya que la iliquidez que muchas empresas enfrentan puede comprometer peligrosamente su patrimonio”.
El arzobispo santafesino, Vicente Faustino Zazpe, denunciaba -en soledad- que existía “una Argentina invisible” y que tanto el país como la provincia eran víctimas no solamente de la represión indiscriminada sino también de la patria financiera.
Candiotti, en tanto, habilitaba el Tesoro Regional del Banco Central en la sede rosarina del Provincial, lugar que luego sería tristemente célebre por un robo de 30 millones de dólares en los tiempos de Reutemann y Menem.
El gobernador era el vicealmirante Jorge Aníbal Desimoni hasta el 31 de marzo de 1981, cuando fue reemplazado por otro hombre de la marina, el contralmirante Rodolfo Luchetta, siendo designado José María Candiotti como Ministro de Hacienda y Economía hasta el 19 de enero de 1982. Su reemplazante fue otro conocido contador, Juan Carlos Mercier.
La dupla Candiotti - Mercier, ya sea desde el Ministerio de Hacienda o desde la cúpula del Banco Provincial, asistió al derrumbe del aparato productivo provincial, se cerraron 1.464 establecimientos industriales de más de 25 personas y se despidieron 317.488 trabajadores en todo el territorio santafesino.
Mercier siguió siendo ministro de Hacienda hasta el final del terrorismo de estado y Candiotti se mantuvo siempre expectante.
De la mano de Carlos Reutemann, la dupla volvió a encontrarse en lo más alto de las funciones económicas financieras de la provincia como hace 28 años atrás.
Candiotti redobló su soberbia al decir que “una cosa es la plata que se va pero nadie puede estar suponiendo que la plata está afuera. A lo mejor volvió”. Por lo que el periodista le repreguntó si entonces repatrió ese dinero, a lo que Candiotti contestó que no tenía por qué explicarlo.
Su concepción es que nadie merece razones cuando se trata de dineros privados aunque haya sido funcionario de la dictadura, ni tampoco hay que detenerse en diferenciar sistemas democráticos de autoristarismo.
Mortadela
Roberto Paladini es el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, titular del Foro Regional Rosario y uno de los principales representantes de la actividad frigorífica en América latina.
Su empresa facturó anualmente unos 300 millones de dolares.
Mientras su caja hablaba de semejante recaudación, Paladini decía que era necesario invertir en la región y priorizar los productos santafesinos. En su momento el diputado nacional Héctor Cavallero denunció que el empresario importaba carne de cerdo del Brasil en perjuicio de los criadores locales. Paladini no se inmutó. A través del Foro Regional Rosario llegó a convocar paneles integrados por el propio gobernador (en ese momento)Reutemann y el ex intendentey actual gobernador, Hermes Binner, a quienes les sugirió que cerraran las legislaturas provinciales. Desde el mencionado Foro, el empresario repite la necesidad de aplicar mano dura contra la delincuencia que generalmente es sinónimo de pobreza para la institución que preside.
-Daría la impresión de que hay que destruir al exitoso -le contestó al diario La Capital cuando le preguntaron por qué él y otros integrantes de sus familias aparecieron en el listado de la AFIP con una fuga de divisas que suman 11.746.742 dólares.
“Se quiere hacer pensar que nosotros hemos hecho alguna cosa anormal. No tengo nada que ocultar, está todo declarado. Son ahorros ganados limpiamente. No hay ninguna cuenta oculta o numerada, esto es una manera de proteger lo que uno ha ganado dignamente”, se indignó el empresario.
También en el pensamiento de Paladini hay un olvido: los beneficios que tuvo durante el terrorismo de estado.
Su lectura sobre el golpe contra Arturo Illia, por ejemplo, explica el por qué su presente como uno de los principales empresarios argentinos.
“El advenimiento de Onganía trajo la estabilidad económica. Krieger Vasena llevó el dólar recontralto y hubo estabilidad. Creo que no fueron años malos. Allí hubo problemas políticos y fundamentalmente sociales como el cordobazo. El gremialismo empresario tuvo un reacomodamiento institucional", dijo Paladini para el libro de este cronista “Desaparecidos, desocupados”.
Pero el principal elemento de disciplinamiento social y, por ende, de beneficios económicos para sus propios intereses, se dio durante el terrorismo de estado de 1976.
"En los 70, con la democracia, hubo un desarrollo importante, especialmente en los años 73 y 74 y hubo un problema muy serio, la patria sindical con una gravitación tremenda, para mal. Los dirigentes sindicales ocuparon posiciones políticas, pero no eran para defender al sector obrero, sino para defender su posición política y económica. Cuando llegaron los militares se atemperó la influencia sindical. Algunas cosas mejoraron. Existía el sábado inglés. Trabajábamos las 48 horas. Pero con el sábado inglés no se podía trabajar más de 44 horas. Eso trabajo una serie de problemas tremendos. Había paros por cualquier cosa. Eso mejoró. Comienza el terrorismo y la economía entra durante los primeros dos años del proceso en dos años buenos”, confesó Paladini.
En 1978 “se dio un punto de inflexión, donde comenzó la desindustrialización. Martínez de Hoz dijo que era lo mismo producir caramelos que acero”, recordó.
En los años ochenta “la empresa no creció. Llegamos a la nueva democracia y la Argentina sigue en un proceso de deterioro. Fueron diecisiete años de inflación de tres cifras. Eso llevó al país al borde del colapso”, describió Paladini al proceso histórico argentino.
Según su visión, “Menem produce un cambio en lo que la gente pensaba de él. Produce un giro de casi 180 grados. Sorprende al mundo. Trae cosas buenas y malas. Con Cavallo, el país sale de la hiperinflación, anhelada para cualquier proceso económico y se vivieron tres años de crecimiento. Se reactivó la economía”, sostuvo el empresario que junto a Juan Pablo Paladini y Rodolfo Paladini, giraron al exterior durante el año 2001, más de 11 millones de pesos dólares.
Todo un símbolo de un empresario que genera su riqueza con el trabajo de sus empleados y la manda afuera al mismo tiempo que pide créditos y solicita mano dura para cuidar sus inversiones.
Un exitoso, como él mismo se define.
Claro que detrás de ese éxito está la historia de los últimos 35 años.
Está la sangre derramada y los negocios que se hicieron sobre ella.
Acindar
Arturo, Jorge, Guillermo, Lola, Rafael, Patricia y Matilde Acevedo, giraron al exterior 36.382.178 dólares durante el año 2001.
Ellos forman parte de la familia que fundó la acería Acindar, primero en Rosario y luego afincada en Villa Constitución.
La misma que fue presidida por José Alfredo Martínez de Hoz y por el represor del Cordobazo, Alcides López Aufranc.
La siderúrgica que factura cientos de millones de dolares
Ganancias que se originaron hace tres décadas.
Desde 1973, integrantes de la división policial de la guardia rural, “Los Pumas”, estaban en Villa Constitución. Alejandro Lanusse, último presidente de la dictadura iniciada por Juan Carlos Onganía el 28 de junio de 1966, había definido al cordón industrial que iba de San Nicolás hasta Puerto General San Martín, como “el cinturón rojo del Paraná”.
El 25 de noviembre de 1974, la lista Marrón, con Alberto Piccinini a la cabeza, ganó por casi el 70 por ciento de los votos.
La democracia sindical duró solamente cuatro meses.
En la madrugada del 20 de marzo de 1975, una columna de un kilómetro y medio de automóviles y camiones invadieron Villa Constitución.
Policías provinciales, federales, hombres de la pesada y personajes como Aníbal Gordon, entre otros, hicieron del albergue de solteros de Acindar el primer centro clandestino de detención del país.
Había una razón de peso: el ex comisario de la policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández confesó que Martínez de Hoz, presidente de Acindar, pagó cien dólares a cada uno de los represores.
Hubo 300 detenciones y 20 desaparecidos, a partir de entonces.
Era el 20 de marzo de 1975.
Luego vino una huelga de casi sesenta días.
Para el ministro del Interior, Alberto Rocamora, se trató de un operativo para desarticular al “complot rojo contra la industria pesada del país”. Para el dirigente radical, Ricardo Balbín, “los sucesos de Villa Constitución fueron necesarios para erradicar a la subversión industrial”.
Walter Klein, socio de Martínez de Hoz, años después, fue mucho más contundente frente a la embajada de los Estados Unidos: “quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra”.
Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía Federal relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983, que "otra represión notoria de la Triple A fue la ejercida contra los activistas sindicales de Villa Constitución”.
Esa “operación fue dirigida por el comisario Antonio Fiscchietti, alias El Padrino o Don Chicho. Fiscchietti fue reclutado para integrarse en la AAA siendo delegado de la Policía Federal Argentina en la provincia de Tucumán”.
Sostuvo que “las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero”.
Remarcó que “el presidente de Metcon, por ejemplo, retribuía con una paga extra de 150 dólares diarios al oficial de policía que dirigía su custodia personal, por un servicio de vigilancia no superior a las seis horas de duración”.
Acindar “pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos. El pago estaba a cargo del jefe del Personal, Pedro Aznarez y del jefe de Relaciones Laborales, Roberto Pellegrini”.
Agregó que “Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa...".
Sin embargo, la empresa continuó con su plan.
“El 20 de marzo del 75 se produce la ocupación militar de Villa Constitución. Se interviene el sindicato, un despliegue impresionante, era un kilómetro y medio de vehículos de la policía federal, de gendarmería, la prefectura, la policía local había sido replegada a custodiar un puente que estaba cerca de la autopista y ocupan la ciudad en la madrugada y son detenidos alrededor de 150 compañeros. Un despliegue infernal. Mucho personal de civil, una gran incertidumbre, no se sabía dónde estaban los compañeros. Y la gente espontáneamente paraliza la fábrica y empieza una huelga que primero se decreta de hecho y después se organiza...”, relató Victorio Paulón, sobreviviente, dirigente de los metalúrgicos de Villa Constitución y miembro de la comisión directiva nacional de la Central de Trabajadores Argentinos.
"Con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical, que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte...hemos debilitado el poder sindical y ésta es la base para cualquier salida política en la Argentina", dijo un año después de la invasión a Villa Constitución, Juan Alemann, secretario de Hacienda de Jorge Videla.
Martínez de Hoz, devenido en ministro de Economía de la dictadura, firmó un decreto de promoción industrial para Acindar. El que había solicitado la medida era el ex presidente de la acería, el mismo José Alfredo Martínez de Hoz.
Acindar, otro exitoso santafesino.
La Corte enjuiciada
El ex Comisario General, Luis Alberto Galanzino, presentó ante la Legislatura un pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia e intervención del poder judicial de la provincia de Santa Fe por “morosidad e incumplimiento”, “prevaricato”, “retardo” y “denegación de justicia”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” y “estafa procesal en lo que respecta a la conducta del procurador general de la Corte”.
La historia del enfrentamiento entre Galanzino y los distintos poderes del estado se remontan a 1997, cuando demandó al entonces gobernador Jorge Obeid y su ministro de Gobierno, Roberto Rosúa por “daños y perjuicios” al decidir su retiro y la disolución de la sección Robos y Hurtos de La Santafesina SA.
La secuencia continuó en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde denunció que el ex Subsecretario de Seguridad Pública, José Bernhardt, había sido integrante de las patotas de las fuerzas conjuntas que trasladaban los presos políticos desde Santa Fe hasta La Calamita, uno de los más tristemente célebres centros clandestinos de detención de personas que funcionaron en la zona del Gran Rosario.
También denunció que el estado, a través del poder ejecutivo, desarticuló la red de prevención de delitos que constituían los procedimientos de las camineras en beneficio de negocios ilegales.
Galanzino, a principios de 2000, fue uno de los primeros que informó que el entonces jefe de La Santafesina SA, José Storani, tenía una causa abierta por apremios ilegales en la Unidad Regional XVII, con asiento en San Lorenzo, donde aquel era titular.
Las causas iniciadas fueron cerradas cuando Galanzino estuvo internado durante algunos meses en una clínica psiquiátrica, por lo que no pudo recusar la actuación de los funcionarios judiciales.
Cuando se presentó ante la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Rosario para que lo ayudara en su denuncia del poder judicial, horas más tarde sufrió un extraño atentado contra su domicilio particular: le habían cubierto la fachada con alquitrán.
Galanzino pidió “la intervención del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, dado la gravedad de los hechos que involucran a los miembros de la Corte Suprema de Justicia” y pide, además, que se “ordene la detención de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento”.
El ex integrante de La Santafesina SA, también anticipó que acudiriá “por recurso extraordinario por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fines de que se revisen los fallos y se restablezca la actividad jurisdiccional de todas y cada una” de las presentaciones que hizo ante miembros de la justicia provincial.
Una presentación que, en caso de investigarse, podría ofrecer respuestas sobre el origen de los exitosos santafesinos y la suerte de las mayorías provinciales.
Para tener cobertura judicial el y estos amigos, el entonces gobernador CARLOS REUTEMANN armó una Corte Suprema de Justicia Provincial con su primo RAFAEL GUTIÉRREZ como presidente, su Abogado personal EDUARDO SPULER ( q lo defendio en esta misma causa como en la de las inundaciones) y su ex espada Legislativa MARÍA ANGÉLICA GASTALDI y el 90 % de los Jueces y Fiscales que atendieron las denuncias por la inundación de Sta Fe, por supuesto Enriquecimiento Ilícito o por olvidar su Declaración Jurada de Bienes, asesinatos del 2001, etc. ascendieron y sus Abogados Defensores hoy son Jueces.
beto martinez
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