Un operador judicial que pone y saca jueces

Jorge Anzorreguy, Alejandro Carrió y Roxana Piña conforman el extraño trío de abogados que representa a los herederos del Grupo Clarín, Marcela y Felipe Herrera de Noble. Con historias diferentes, los tres letrados tienen en común que sus estudios atienden a las principales empresas, a los protagonistas de la política y a muchos nombres del poder. Y son muy caros. “Cobran no menos de 100 mil pesos para empezar a hablar” , confía uno de sus colegas.
Durante la década de los 90, Jorge Anzorreguy fue dueño y señor del fuero federal. Durante esos años dorados del menemismo, sólo necesitaba una agenda y un teléfono para barajar cual mazo de cartas las principales causas judiciales del país. Desde esa época, a su estudio se lo vinculó con los jueces adictos, los fallos beneficiosos, los dictámenes cómplices por acción u omisión que sacaron de apuros a casi todos los poderosos de la Argentina.
Nadie duda de que Anzorreguy, hermano del ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), es uno de los más eficientes digitadores del Poder Judicial argentino. Con los códigos en una mano y la agenda telefónica en la otra, Anzorreguy está en el vértice de una red de estudios poderosos y bien conectados que atienden a las principales empresas, a los protagonistas de la política y a muchos nombres del poder y les indican a qué despacho vip debe ir cada cliente.
Pero además, hay docenas de jueces que deben sus cargos a los buenos oficios del actual letrado de los Noble. Anzorreguy logró, por ejemplo, el nombramiento de su cuñado, Eduardo Moliné O’Connor como miembro la Corte Suprema.
La meteórica y malograda carrera del destituido juez Juan José Galeano sólo se explica por su amistad con los hermanos Jorge y Hugo Anzorreguy. Todos intervinieron en la famosa causa del sanatorio Güemes, que llevó a la cárcel al juez Remigio González Moreno, acusado de cohecho.
Fue en abril de los 90 que los destinos de Galeano y Jorge Anzorreguy se cruzaron. Gracias a la intervención de un oscuro secretario llamado Juan José Galeano, el estudio Anzorreguy se anotó un resonante éxito y suculentos honorarios. En reconocimiento a la labor realizada, en 1993, Galeano fue designado juez federal. Nadie dudó de que el espaldarazo había tomado impulso en la calle 25 de Mayo, la casa de los espías, el lugar desde el cual Hugo Anzorreguy –asesorado por su hermano Jorge– manejaba los hilos de la Justicia. Hoy, sin embargo, Galeano y Hugo Anzorreguy están imputados en el encubrimiento al atentado contra la AMIA.
Pero Jorge Anzorreguy no sólo se ha especializado en manejar los invisibles hilos de la mal llamada “familia judicial”, sino que cuando ha sido necesario, también se ha ocupado de purgarla de acuerdo a las necesidades de sus clientes: “Mi destitución se hizo sobre la base de un trabajo de Jorge Anzorreguy, que era abogado de la señora de Noble y que me vino a ver varias veces para que yo cambie de criterio”, ha dicho el juez Roberto Marquevich, antecesor de Conrado Bergesio en la causa que desde hace siete años tiene a la viuda de Noble en el banquillo de los acusados. “En una oportunidad, Anzorreguy llegó a hablarme de una jubilación privada”, desliza Marquevich.
Durante el escándalo de los sobresueldos en el Poder Judicial, los nombres de Jorge y Hugo Anzorreguy volvieron a cruzarse: se decía que era Jorge el que repartía a los jueces federales la plata que Hugo manejaba en la Side, tal como dejó entrever el ex ministro Oscar Camilión.
Actual directivo del Tortugas Country Club, Jorge insiste en despegarse de lo que fue la actuación de su procesado hermano al frente de la Secretaría de Inteligencia.
Antiguas rencillas entre Jorge y Hugo hicieron que los dos hermanos se distanciaran. Y que sus mujeres –las hermanas Moliné O'Connor– sean capaces de levantarse de un restaurante si la otra ocupa una mesa. Dinero, cargos, acusaciones cruzadas y el estudio Anzorreguy convirtieron a los dos hermanos en enemigos irreconciliables.
Gustavo, que es el menor de los cuatro hermanos, y su esposa plantearon que no estaban de acuerdo con dividir las ganancias del estudio en cuatro partes iguales porque Hugo no trabajaba allí. El jefe de los espías del menemismo contraargumentaba que buena parte de la selecta clientela del estudio se debía única y exclusivamente a la tarea que él desempeñaba en la Side y que triangulaba los clientes. Desde entonces las relaciones sólo han ido de mal en peor con el paso del tiempo.
Otro abogado de la señora Ernestina Herrera de Noble es Alejandro Carrió, que también es defensor de Francisco de Narváez, principal accionista de América TV, en la causa por el tráfico de efedrina. Al mismo tiempo, el abogado preside la Asociación por los Derechos Civiles, que se pronunció en contra de la nueva ley audiovisual, objetada por Noble y De Narváez.
La tercera miembro del trío es Roxana Piña, que representó a Francis Smith en un caso de plagio contra Luis Miguel.

Otros defendidos por el bufette Anzorreguy.

LA BANDA DEL CRUDO
NEUQUEN (AN)- 19 junio 2003.- Jorge Anzorreguy, cabeza de uno de los estudios jurídicos más importantes del país, desembarcó en Neuquén interesado en la situación de Jorge Castro, el empresario prófugo al que se acusa de liderar una banda dedicada al robo de petróleo.
La presencia de Anzorreguy en esta capital confirma el calibre de los vínculos que tienen algunos integrantes de la organización. El presunto líder junto con Castro, Osvaldo Bevacqua, es uno de los detenidos y se presentaba como ex funcionario del área de energía durante la última gestión menemista, un dato que hasta ahora no se pudo confirmar si es cierto. Además, entre sus pertenencias fue hallada la tarjeta de una diputada nacional peronista con su mismo apellido.
La banda fue desarticulada a principios de mayo luego de una compleja investigación. Están acusados de sustraer crudo de los ductos de las empresas Repsol, Pecom y Pioneer, entre otras, en algunos casos con la complicidad de empleados desleales.
El crudo lo trasportaban en camiones propios o alquilados, respaldados con remitos falsos para evitar trastornos en los controles camineros, hasta una planta en la localidad bonaerense de Garín, donde lo refinaban o vendían a otras compañías.
La planta de Garín pertenece a la empresa Estiquim, cuyo titular es Castro, un empresario radicado en Estados Unidos que estuvo a punto de ser detenido cuando se desbarató a la organización. Desde entonces está prófugo.

por walter goobar