Gil Lavedra, Binner, Cablevisión y la Coparticipación Federal

El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, contrató a dos estudios jurídicos de la ciudad de Buenos Aires para demandar a la Nación por tres causas vinculadas a la coparticipación federal. A pesar de contar con 140 abogados en la Fiscalía de Estado Provincial, decidió contratar sin licitación previa (a pesar de lo que estipula le legislación provincial) al estudio jurídico de quien encabezó la lista del Acuerdo Cívico y Social en la ciudad de Buenos Aires, Ricardo Gil Lavedra, quien a su vez en el año 2008 anunció que de ser electo diputado (lo fue) renunciaría al más que ameno contrato.
Además de Gil Lavedra, fue contratado el estudio jurídico “Bouzat, Rosenkrantz y asociados”, que representa, entre otros, a Cablevisión (de Clarín), a la Confederación de Asociaciones Rurales, al Grupo De Narvaez, Cervecería Quilmes, a La Rural Predio de Palermo y a YPF, entre otras empresas privatizadas y multinacionales.


Los abogados de este segundo estudio componen el selecto grupo de Abogados de Empresa, una sección del coloquio de IDEA.Fueron, además, altos funcionarios de De La Rúa y Duhalde en el área de Defensa de la Competencia ( y ahora, del otro lado del mostrador representan a Héctor Magnetto en Cablevisión y a Quilmes en la fusión con Brahma objetada por Defensa de la Competencia por su posición dominante)
Las demandas de Binner son tres y remiten a pactos fiscales firmados durante las presidencias de Menem y de la Alianza (que Binner y Gil Lavedra integraron):
Una demanda corresponde a un fondo creado con dinero de las provincias para financiar la autarquía de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); otra es por el 15 por ciento de coparticipación federal que se les quitó a las provincias para solventar la ANSES en el marco de la escandalosa creación de las AFJP; y la tercera remite al año 2002 (con acuerdo socialista y radical, también), donde se modifica el reparto del impuesto al cheque.
La Corte Suprema convocó a las partes para el 17 de marzo, para una sola de las causas: la vinculada con las AFJP, pidiendo la devolución del 15% a la ANSES.
La demanda que pide la devolución de lo quitado por la Nación para la autarquía de la AFIP, fue mágicamente borrada en el decreto 1399, dado que tal medida se tomó durante el gobierno de la Alianza, cuando Gil Lavedra…fue Ministro de Justicia. Aunque la normativa legal provincial obliga a licitar todo contratación que supere los 100 mil pesos, la falta de transparencia es tal que en el decreto que firma Binner (el 22 de diciembre del 2008 número 3165) nunca se mencionan a los estudios jurídicos en cuestión con sus nombres y apellidos (no sea cosa que todo esto salga a la luz), ni el monto del contrato, aunque se estipula un porcentaje del 30% si la demanda prospera. Atención acá: Gil Lavedra y Bouzat cobran igual un 30% si hay una “transacción favorable” (es decir, bajo un acuerdo de partes, donde los estudios jurídicos, claramente, trabajarían menos) con la sola condición de que Santa Fe obtenga 30 de cada 100 pesos que reclama; de esos 30 pesos, un 30% va a los abogados aún si la nación le niega el 70% de lo reclaman. Pero, a su vez, Gil Lavedra y Bouzat, cobrarán de todos modos aunque la presentación legal no prospere, de mínima, 40 mil pesos mensuales. Seguridad jurídica, que le dicen.
Por supuesto, este decreto fue objetado por el Tribunal de Cuentas de Santa Fe, por lo cual, Binner, rehizo en el 2009 el decreto 0560 rectificatorio del anterior y estipulando el monto a cobrar por los tan selectos estudios jurídicos en cuestión. 800.000 $, a dividir por partes iguales entre ambos estudios durante el 2009 (“ambos estudios” es textual: dado que se argumenta republicanamente que por la “confidencialidad abogado-cliente”….no se van a mencionar los estudios en cuestión ),. A eso hay que sumar lo previsto para los mismos contratos en el Presupuesto provincial de este año: $ 1.252.000, lo que implica en dos años $ 2.052.000, o poco más de un millón para el diputado Gil Lavedra y otro milloncito para el Acusador de la Competencia que supo ser, en años neoliberales, Defensor de la Competencia en el estado.